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Alicia Lira Matus señala que para los familiares de las víctimas de la represión es “muy violento” escuchar a políticos de distinto signo justificando el golpe de Estado. Dice que “cuando viene de la derecha lo tomamos como tal”, pero que lo más doloroso es cuando se encuentra con “gente que fue de la Concertación, que relativiza la tragedia que viven los familiares”. Por todo lo anterior, indica, para ellos lo primero y más importante es preocuparse de las víctimas, detallando además que “como agrupación insistimos en que el daño no fue solamente a los familiares de las víctimas o a la víctima, sino que a una sociedad en su conjunto”. Y advierte que se trata de una misión compleja, que desgasta y que corroe.
Todos quienes lo vieron esa noche coinciden: el general Humberto Gordon, director de la Central Nacional de Informaciones (CNI), estaba fuera de sus cabales. Era el 7 de septiembre de 1986 y un comando del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) acababa de tratar de asesinar a Augusto Pinochet Ugarte en la cuesta El Melón. El dictador salvó con solo algunos rasguños, pero cinco de sus escoltas murieron bajo las balas de los frentistas.
Luego de ser citado a La Moneda por el número dos de la junta, el almirante José Toribio Merino, Gordon dijo a los jefes operativos de la CNI que por cada escolta acribillado ellos debían “eliminar y vengar, a lo menos, el doble de nuestros caídos”, como confesó el ex jefe de la División Antisubversiva de dicha policía secreta, el entonces mayor Alvaro Corbalán Castilla.
De inmediato, se entregaron carpetas con los datos de distintas personas que a juicio de ellos eran “terroristas” y los comandos de la muerte salieron hacia distintas partes de Santiago, ya en la madrugada del 8 de septiembre, encapuchados.
Alicia Lira Matus recuerda que “tres patrullas militares saltaron mi reja, entraron a mi casa y sacaron a mi Negro. Lo sacaron de la cama y él se fue con mucha dignidad: no hizo nada, para que no me pasara algo a mí, y luego de ello lo mataron camino al aeropuerto: trece balazos en el cuerpo a un hombre semidesnudo”, rememora, refiriéndose a su esposo, Felipe Rivera Gajardo.
La CNI creía que él estaba implicado en el FPMR, pero según establece el fallo de primera instancia, si bien había pertenecido a las Juventudes Comunistas en su juventud, ya no militaba. Aparentemente, dicha idea devenía del hecho de que su cuñado, Diego Lira Matus, había sido detenido tres semanas antes, acusado de participar en la internación de arsenales realizada por el FPMR ese año, en el sector de Carrizal Bajo. Por cierto, según él denunciaría más tarde, mientras estaba preso lo amenazaron justamente con asesinar a su cuñado.
Como consta en los mismos antecedentes, ninguno de los agentes siquiera objetó la orden que habían recibido. Uno de ellos, el ex oficial de Investigaciones Gonzalo Maass del Valle, confesó ante la justicia que cuando su superior le entregó la carpeta de Rivera solo les dijo “vamos a cobrar”.
Este, el oficial de Ejército Pedro Guzmán Olivares, aseveró a su vez que al recibir la instrucción de matar, de parte de Corbalán.
Este “me hizo presente que nos encontrábamos en un estado de excepcional constitucional y que yo, como militar, debía entender que nos encontrábamos en una situación de combate”.
El homicidio de Felipe Rivera no fue el único de esa noche. Los comandos de la CNI también secuestraron y asesinaron al publicista Abraham Muskablit, al editor internacional de la revista “Análisis”, José Carrasco, y al profesor y artista plástico Gastón Vidaurrázaga.
Asimismo, intentaron secuestrar al abogado de la Vicaría de la Solidaridad Luis Toro (militante de la Democracia Cristiana en ese entonces), quien salvó con vida gracias a que comenzó a gritar que había un asalto en su casa, lo que motivó que un vecino suyo, oficial de Carabineros, saliera a la calle armado, motivando la huida de los encapuchados.
Para Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), septiembre siempre tiene una connotación dolorosa, por el crimen de su marido y el aniversario del 11 de septiembre, pero indica que ahora, ad portas de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, la sensibilidad está a flor de piel, especialmente por la gran cantidad de declaraciones de distintos políticos justificando el derrocamiento del Presidente Salvador Allende.
En dicho sentido, “se nos ha hecho tan duro el camino” y que “los gobiernos lo han hecho más difícil”, describiendo el andar de la organización que encabeza como una larga pelea que se da “con mucha fuerza, con mucho cariño, pero que va minando también. Nos queda un largo camino todavía, cuando hay un negacionismo”.
—¿Qué piensa usted cuando escuchan a una diputada de escuchar hace unos días diciendo calificando a Augusto Pinochet de “presidente” o cuando escucha a políticos de distintos signos diciendo que el golpe de Estado está justificado?
—Para nosotros es muy violento, pero cuando viene de la derecha lo tomamos como tal, porque nosotros sabemos quiénes eran nuestros familiares. Sabemos el largo camino que hemos recorrido y los gobiernos todos, voy a contar de (Sebastián) Piñera para atrás, porque este está recién funcionando ahora y ha tenido actitudes un poco más directas con nosotros —argumenta.
Agrega, sin embargo, más doloroso cuando se encuentra con “gente que fue de la Concertación, que relativiza la tragedia que viven los familiares”. En el mismo tenor, critica que “ya no se distingue mucho entre la derecha y otros”.
En el mismo sentido, cuenta que ya se han reunido tres veces con el Presidente Gabriel Boric y que han visto de parte de su administración una relación más fluida que con las anteriores, y destaca que “es primera vez que un gobierno hace un Plan Nacional de Búsqueda (de los desaparecidos), que esperamos que ahora en agosto se implemente y se empiece a trabajar con eso”, y puntualiza que “en esta mesa de trabajo en la búsqueda tenemos que estar los dirigentes de hecho y de derecho”.
Pese a ello, es categórica al decir que el Estado en su conjunto ha fallado a los familiares de las víctimas. Un ejemplo de ello es que “en el Congreso duerme un proyecto de ley que buscaba degradar a los militares condenados en violaciones de los derechos humanos”, pero no ha avanzado pese, a por ejemplo, recuerda, los homenajes a Miguel Krasnoff en el club Providencia y luego en la Escuela Militar, o el funeral del ex agente de la CNI Jorge Barraza, que fue sepultado con honores de la PDI.
Ello, insiste, es “muy violento”. Lo mismo que el hecho de que jamás haya sido derogado el Decreto Ley de la Amnistía, pues asevera que el que se mantengan leyes de la dictadura “no habla bien de un país, de una democracia”.
Critica también que “cuando Ricardo Lagos recibió el resultado de la mesa de diálogo, él alaba a la Fuerzas Armadas. En su discurso les hace un reconocimiento, valora el coraje y la valentía de las Fuerzas Armadas de haber participado en la mesa de diálogo, pero los familiares, sobre todo mujeres -porque la mayoría de las víctimas son hombres-, los familiares, han muerto tras años de lucha, participando hasta el último día y nunca se han referido en ese sentido a los familiares”.
Sin embargo, afirma, a los victimarios “los blanquean, como Lagos lo hizo con (el ex Comandante en Jefe del Ejército Juan Emilio) Cheyre o como la Concertación lo hizo con muchas otras personas”.
En el mismo sentido, asegura que “tenemos una justicia tardía y además tenemos condenas que no son por crímenes de lesa humanidad, como cree la gente, no”, lo que refleja con el caso de su marido, cuyos victimarios recibieron penas de entre cinco y diez años de cárcel, ante lo cual reflexiona que “aparte de tardía, la justicia es mezquina”.
Por lo anterior, fustiga severamente al Parlamento, debido que, además del proyecto de ley destinado a degradar a los ex militares y policías implicados en crímenes políticos, existe un proyecto de ley que lleva al menos 18 años de tramitación y que busca reinterpretar varios artículos del Código Penal, a fin de entender los delitos cometidos por los agentes de seguridad de la dictadura como crímenes de lesa humanidad.
En función de eso, precisa que “nosotros hablamos de la responsabilidad del Estado, porque el Estado fue el que violó los derechos humanos, pero el Estado ha sido indolente en todas las formas. Después que cayó el dictador preso se movieron algunas cosas, porque presentamos querellas nosotros, pero no hay que olvidar qué significa para nosotros que fueran a buscar al dictador, tomar el nombre de Chile para traer al sanguinario Augusto Pinochet Ugarte este país”.
Del mismo modo, reseña una serie de episodios que -explica- hacen más profunda la heridas de los familiares de los ejecutados y desaparecidos políticos, como el hallazgo (en 1998) de las víctimas de la Caravana de la Muerte en el cementerio de La Serena, en circunstancias que siempre se le dijo a las autoridades que allí estaban, los errores en la identificación de las osamentas entregadas en 2006, o el hallazgo (a inicios de este año) de las 89 cajas con osamentas y objetos culturales que se encontraban hace años en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.
Pese a ello, admite que desde el Poder Judicial también han visto gestos importantes, como el auto acordado de 2010, que permitió que la agrupación que ella encabeza presentara 1.164 querellas, muchas de ellas aún en tramitación, lo que obliga a enfrentar uno de los grandes problemas que conspira contra las investigaciones: “la impunidad biológica; es decir, que se mueren los testigos, los victimarios, los familiares, la víctima se queda sin nada, sin justicia”.
Otro hecho que ella destaca, en el ámbito de la reparación, es la entrega de los títulos a quienes eran estudiantes de leyes al momento de ser ejecutados. Recuerda que el año pasado la Corte Suprema entregó sus títulos póstumos a los familiares de cinco de ellos y asegura que, a pesar de tratarse de un gesto, “nosotros nos damos cuenta de cómo cambia el rostro de los familiares” ante ello, informando además que en agosto se entregarán otros ocho títulos póstumos, incluyendo los de José Tohá y Littré Quiroga.
—¿Cree usted que hay un sector de la sociedad chilena que alberga un fanatismo extremo, que los lleva a ver a los demás como enemigos?
—Nosotros siempre hablamos de la Doctrina de Seguridad Nacional, que ve a los que luchan o a las organizaciones como enemigos internos, pero el hablar de un gen o germen o de maldad, eso los salva un poco. No. Es perversidad pues, imagínese: tomar a una persona, torturarla, hacerla desaparecer, no entregar los restos a sus familiares, es aterrorizar, es buscar que la gente se esconda y nunca más salga. A los ejecutados políticos de la Caravana de la Muerte los sacaron de las cárceles, de Calama, de La Serena, de Valdivia, de Cauquenes. Sabían que los matarían, pero igual no les entregaron los restos, sus cuerpos a los familiares, entonces a eso nosotros le llamamos “fascismo”, porque hay una perversión no solamente de rebajar y llevar al máximo dolor a la víctima hasta matarla, sino que dañar a todo su grupo familiar y su entorno cercano y eso es lo terrible.
Alicia Lira dice que quedó preocupada por una nota de El Mostrador, de la semana pasada, relativa a una placa exhibida en La Moneda en homenaje a los periodistas asesinados en dictadura, en la cual se incluyen los nombres de dos profesionales (Leonardo Henrichsen y Jonathan Moyle) que fueron ejecutados antes y después del fin del gobierno de Augusto Pinochet.
Explica que, como AFEP, fueron ellos quienes pidieron a La Moneda que los nombres de ambos fueran incluidos, buscando, por un lado, evidenciar que el proceso del golpe de Estado fue más extenso de lo que establecen las fechas, y especialmente apoyar en lo psicológico y moral a los familiares de estas y otras víctimas que en términos oficiales no han sido consideradas, ya sea por las fechas en que las mataron o bien por las circunstancias o las características de los victimarios, situación que ejemplifica con el homicidio del muralista Raúl Valdés (asesinado en julio de 1989 en el centro de Santiago), que no fue inicialmente considerado por el Informe de Verdad y Reconciliación, pues inicialmente se pensó que el autor era un civil, pero más tarde se estableció que había sido militar.
Por todo lo anterior, indica, para ellos lo primero y más importante es preocuparse de las víctimas, detallando además que “como agrupación insistimos que el daño no fue solamente a los familiares de las víctima o a la víctima, sino que a una sociedad en su conjunto” y advierte que se trata de una misión compleja, que desgasta y que corroe.
—Pasamos crisis, sí. En mi casa yo lloro, a veces pateo piedras, pero ahí estamos con fuerza, con cariño, con la esperanza, porque esta es una gran familia y nunca hemos perdido la esperanza y somos constantes, pero nunca pensamos iba a ser tan duro el camino después del ’90, en cuanto a la búsqueda y en cuanto a la justicia —señala
“No tenemos odio ni queremos venganza, sino que no haya nuevas generaciones que pasen por lo que hemos vivido nosotros”, dice y que “cuando nos juntamos nos reímos, hacemos convivencia, compartimos, y generalmente recordamos, porque todos tenemos tantos recuerdos hermosos, queridos. Yo me lleno de ternura cuando me acuerdo del Negro”.
