PAÍS
Sócrates Orellana/AgenciaUno
Hace una semana, el Congreso aprobó la Ley de Usurpaciones, desencadenando una serie de protestas en distintas partes del país. En Santiago, dirigentas de la agrupación Luchadores de Lo Hermida pidieron el aplicación del veto, señalando además que el problema de origen estaba en el déficit habitacional, que –según ellas– llegaría a 1 millón 200 mil personas y “el Gobierno no da soluciones”. Para el Ejecutivo, la preocupación sigue estando en la inclusión de la legítima defensa privilegiada y la flagrancia permanente, y no en el espíritu de la ley. Temen que, por la forma en que quedó escrita, se abra la puerta para la autotutela y, con ello, se desdibuje el Estado de derecho. Expertos cuestionan la combinación de estos conceptos y coinciden con la lectura en que el Gobierno ha insistido.
Hace una semana que el Congreso despachó la polémica Ley de Usurpaciones y sus efectos comienzan ya a notarse, a través de una serie de protestas en distintos puntos del país de parte de organizaciones que dicen sentirse afectadas por ella.
Uno de los puntos más álgidos tuvo lugar este jueves en Lo Hermida, donde personas de la agrupación Luchadores de Lo Hermida, en conjunto con la Coordinadora Feminista 8M, efectuaron un corte de calles, exigiendo el veto de la ley, como informó El Mostrador.
La dirigenta de dicha agrupación, Daniela Ocaranza, cuestionó las cifras del Gobierno en materia habitacional: “Entendemos que la crisis habitacional lo que dicen ellos son 600 mil, pero la realidad es de 1 millón 200 mil familias en situación de hacinamiento y sin casa en este país. Exigimos el veto presidencial completo de la ley”, sostuvo.
A ello se sumó una toma de la Ruta 5 Sur, a la altura de Perquenco (Región de La Araucanía), por parte de comunidades mapuches, la que fue disuelta con la acción de personal de Control de Orden Público (COP) de Carabineros.
También hubo protestas este jueves en el camino entre Concepción y Penco, donde personas que se identificaron como integrantes de la Federación Nacional de Trabajadores levantaron barricadas incendiarias en la ruta. En San Antonio, en tanto, pobladores de la toma Centinela se manifestaron por las calles de la comuna el lunes pasado.
Para el Ejecutivo se trata de un problema muy candente y complejo. Esto, porque si bien patrocinan la agenda antiusurpaciones, en La Moneda les parece más que problemático el resultado final, dada la presencia en la ley de las figuras de la legítima defensa privilegiada y la flagrancia permanente, dos conceptos que –según ha sostenido el oficialismo– configuran “una norma que tiene riesgos con la autotutela. Ese tipo de cosas consideramos que no pueden quedar abiertas”, como sostuvo el ministro de Justicia, Luis Cordero.
Por su parte, la ministra del Interior, Carolina Tohá, señaló que “ante una usurpación los propietarios pueden organizar un grupo de personas que vayan armados, con la intención de quitarles la vida a los usurpadores en cualquier plazo. Por eso el veto aquí sencillamente no es una opción, estamos obligados a vetar. Toda persona que tiene un conocimiento del derecho y mira esto con tono reflexivo, se da cuenta de que no es posible promulgar así esta ley”, aseguró, ante lo cual diputados de oposición, como el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara, Andrés Longton (RN), alegaron que el Presidente Gabriel Boric “está atentando contra la mayoría del Congreso que aprobó democráticamente esta iniciativa, que representa también a la mayoría del país que está cansada de las usurpaciones, que está cansada de la violencia”.
El presidente de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputadas y Diputados, Tomás Hirsch (Acción Humanista), sostuvo que el veto apunta justamente a “resguardar el Estado de derecho en nuestro país”, junto con enfatizar que “es absolutamente inaceptable, una aberración que se haya incorporado un artículo que literalmente permite una acción por las propias manos”. El parlamentario, además, explicó que el proyecto de ley hace que la usurpación pase de ser una falta a un delito. En dicho marco, Hirsch anticipa que, para que se corrija de buena manera el proyecto, se debe aplicar el veto sustitutivo o supresivo. “No me cabe duda de que el Gobierno va a corregir esta aberración”, puntualizó.
El investigador de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, director del equipo técnico redactor del Código Procesal Penal chileno y la Ley del Ministerio Público, Cristián Riego, indicó que “efectivamente la combinación entre flagrancia permanente y legítima defensa privilegiada puede generar el problema de la autotutela”. También reparó en que “podría bastar con la legítima defensa común para permitir que alguien intente recuperar su propiedad usurpada”.
Respecto de la imagen que estableció la ministra del Interior –la de un grupo de personas armadas intentando recuperar el terreno usurpado–, Riego insistió en que “es clara la posibilidad de contratar a quienes me ayuden a defenderme”.
El exconvencional, exdiputado y exsenador Felipe Harboe fue, además, subsecretario de Carabineros y subsecretario del Interior en el Gobierno de Ricardo Lagos Escobar y, desde esa experiencia, señaló que “la Ley de Usurpaciones es un avance legislativo en torno a una realidad creciente, donde existe un amplio manto de impunidad ante violación flagrante de la propiedad ajena”.
Según su análisis, “resulta adecuada la hipótesis de flagrancia permanente mientras dure la ocupación para evitar que fiscales y policías se mantengan pasivos ante tal situación”. Sin embargo, coincidió en que “la concordancia con la legítima defensa privilegiada no es recomendable, ya que podría constituir un incentivo a incidentes violentos y al ejercicio de la justicia por mano propia”. En definitiva, Harboe señaló que dicha combinación “generaría una escalada de violencia que entiendo no es lo pretendido por el legislador”.
Andrea Serrano España, académica de Derecho Procesal de la Universidad Católica Silva Henríquez, por su parte, explicó que “la autotutela está reconocida como eximente de responsabilidad penal cuando se ejerce coetánea al acto delictivo” en defensa personal o de un tercero, dentro de las 12 horas posteriores a la verificación del hecho. En esa línea, comentó que “el proyecto de ley extiende este límite ‘mientras subsista la ocupación’, y se abarca a ‘los demás delitos cuya consumación se prolongue en el tiempo'”. Es decir, precisó la académica, “en cualquier momento, días, meses o años posteriores a la usurpación, se habilita para usar la fuerza contra un otro y otra”, y agregó que, si bien “nadie pretende reivindicar a quien arrebata una propiedad o tenencia legítima de una persona, ya existen las vías judiciales para obtener la restitución de la propiedad usurpada”.
La experta afirmó que “el Gobierno está en lo correcto con sus aprensiones”, pues “la flagrancia permanente, sumada a la legítima defensa privilegiada, generará más inseguridad social”. Esto, a juicio de Serrano, porque la combinación “supone abdicar al Estado de derecho para aceptar que el sistema judicial y la institucionalidad fracasaron”. Serrano coincidió con la ministra Tohá respecto de que “incorporar la flagrancia permanente hará que esta protección a un tercero pueda utilizarse sin límite temporal alguno, abriendo la puerta a servicios personales de terceros con el fin de restituir la propiedad ajena, en condiciones asimilables al sicariato”.
Cristián Riego dijo que el veto puede llegar a proponer una alternativa que logre resolver los artículos problemáticos. Por ejemplo –detalló–, “ampliando la posibilidad de desalojar a guardias municipales bajo control de Carabineros u otra fórmula semejante”. Harboe, por su parte, estaría por la idea de eliminar la legítima defensa privilegiada.
Serrano, en el mismo sentido, planteó que “el veto debería ser supresivo”, dado que “la legítima defensa privilegiada ya existe como eximente en otros casos y las consecuencias de incluir la usurpación entre ellos podrían tener efectos perniciosos”. Aún así, argumentó que “no puede descartarse el veto sustitutivo”, aun cuando parece complejo encontrar la fórmula. Quizás, sostuvo en tal sentido, ello podría conseguirse “excluyendo el tema de la flagrancia permanente”.
