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Comparando procesos, un 32,6% considera que el actual es peor que el anterior, mientras que un 29,3% lo ve como mejor. Según el profesor Claudio Fuentes –responsable del estudio–, esto refleja una fuerte polarización, pero también la demanda de acuerdos y un “voto de castigo” al proceso actual en tal sentido. En contraste, la Comisión Experta es la institución con mayor aprobación, superando con creces al Consejo. Por otra parte, el sondeo revela una alta adhesión a las normas rechazadas. Por ejemplo, un 84% manifestó estar “de acuerdo o muy de acuerdo” con reconocer la labor de cuidados como un trabajo. En tanto, un 81% estuvo “de acuerdo o muy de acuerdo” con que las FF.AA. deben tener un respeto irrestricto al orden democrático y los derechos humanos.
El Consejo Constitucional –dominado por el Partido Republicano– finalizó este miércoles la etapa de votación de las enmiendas de la propuesta de nueva Constitución y despachó el texto a la Comisión Experta para su revisión. A partir del 7 de octubre, los comisionados expertos –24 que fueron elegidos por el Parlamento– tendrán cinco días para proponer modificaciones a la propuesta recién aprobada y, posteriormente, las indicaciones se someterán de nuevo al Pleno del Consejo.
De cara al plebiscito de salida del 17 de diciembre, las últimas encuestas señalan que los detractores del texto están aumentando y que una mayoría de los chilenos se inclina por votar “En contra”, tal y como hicieron hace un año con la primera propuesta de Carta Magna elaborada por la Convención Constitucional.
Hoy, en la recta final del proceso constitucional, un 85% de las personas consultadas en la encuesta UDP&Feedback, correspondiente a octubre, expresó su preferencia por que se “busque puntos de encuentro con sectores que no piensan como uno para alcanzar grandes acuerdos” en la propuesta de Constitución. Esta cifra significa un aumento de 5 puntos respecto de la medición conocida el 27 de agosto.
Sin embargo, de acuerdo con el sondeo, comparando el anterior proceso, correspondiente a la Convención –que se realizó entre julio de 2021 y septiembre de 2022–, con la labor del Consejo de 2023, un 32,6% evalúa que el actual proceso es “mucho peor” que el anterior, mientras que un 29,3% considera que el proceso en curso es “mucho mejor” que el de 2022. En tanto, un 14% cree que el actual es “algo mejor” que el anterior y un 10,6% cree que es “algo peor”. Asimismo, un 11,8% dice que es igual.
La encuesta UDP&Feedback también mostró las instituciones mejor evaluadas del procesos constitucional, siendo la Comisión Experta la que recibe la mayor aprobación, por sobre el Consejo Constitucional, que cae estrepitosamente en su percepción.
Claudio Fuentes, académico de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales (UDP) y responsable del estudio, sostiene que existe un virtual empate entre aquellos que consideran mejor y peor ambos procesos. No obstante, reconoce un voto de castigo al actual de parte de quienes perciben que no se han logrado acuerdos suficientes. “Lo que se observa, respecto de la evaluación, es una polarización muy fuerte en la sociedad”. Además, dice, “esto hay que relacionarlo con una percepción mayoritaria respecto de la necesidad de llegar a acuerdos, y seguramente aquellos que lo consideran peor están percibiendo que no se han logrado acuerdos suficientes y de ahí el voto de castigo al proceso actual”.
El profesor Fuentes, autor del libro El proceso fallido, destaca que la Comisión Experta tiende a tener una imagen ligeramente mejor en la opinión pública, en particular su presidenta, Verónica Undurraga (PPD). Esto, a pesar de que el trabajo de los comisionados no sea ampliamente conocido. La razón detrás de esta imagen favorable –según el académico de la UDP– es la percepción de que en esta instancia sí se lograron acuerdos, lo que resalta ante los ojos de la población.
“La gente, tanto en el primer proceso como ahora, quiere acuerdos y la oferta política, en la Convención primero y ahora en el Consejo, no está dando el ancho respecto de buscar esos acuerdos y ese es el gran problema que enfrenta el proceso constituyente actual”, concluye.
La encuesta UDP&Feedback también revela que, pese a que el 67% de los entrevistados se manifiesta de acuerdo con cambiar la Constitución vigente, un 63% expresa que votará “En contra” del proyecto que se debate en el Consejo. La razón de quienes se definen de centroizquierda (41%) e izquierda (50%) obedece a “que no les gusta como está quedando el texto”, mientras que en la centroderecha (39%) y derecha (35%) prevalece como principal motivo la percepción de que es una propuesta que “no resuelve los problemas del país”. Esta opción predomina en los estratos socioeconómicos bajo (62%), medio (63%) y alto (63%). La misma tendencia se observa en la preferencia de las mujeres (64%) y de los hombres (61%).
El estudio sostiene que, en caso de que gane la opción “En contra” y se mantenga la Constitución de 1980, un 48% cree que no influirá en la estabilidad del país.
Consultados sobre su conocimiento acerca del contenido del documento, un 65% de los encuestados responde que tiene “suficiente o mucha información al respecto”. En tanto, el 30% expresa “tener poca información” y solo el 5,3% manifiesta “no tener nada de información”.
De las fuerzas políticas representadas en el Consejo, el Partido Republicano recibe un 66% de las menciones como la colectividad que se “mantiene firme en sus principios, sin transar con otros sectores”. En tanto, un 55% cree que la UDI ha tenido la misma posición y un 50% piensa que el Partido Comunista también se ha mantenido inflexible.
Un 75% de los encuestados piensa que el fundador Republicanos, José Antonio Kast, es el actor más influyente en el proceso constitucional. Le siguen los empresarios con un 59% de las menciones. Por otra parte, un 81% estima que la sociedad civil ha tenido muy poca o nada de incidencia en el proceso.
Respecto de las enmiendas aprobadas en el Pleno del Consejo, la encuesta muestra que un 73% de los entrevistados está “en desacuerdo o muy en desacuerdo” con permitir que personas o instituciones declaren una objeción de conciencia para no cumplir una ley. La desaprobación a esta norma sube a un 93% en el caso de que un colegio resuelva expulsar a una adolescente embarazada, argumentando que afecta el proyecto educativo. Un 84% se opone a este principio si fuese un estudiante transgénero quien se viera afectado por esta situación. Asimismo, un 85% de los consultados se manifiesta “en desacuerdo o muy en desacuerdo” con que un “médico de un consultorio municipal pueda negarse a recetar anticonceptivos de emergencia por ir en contra de su religión”.
En relación con el artículo que establece “el derecho a la vida de quien está por nacer”, un 50 % de los encuestados expresa su acuerdo con esta norma y un 49% manifiesta una opinión contraria. En tanto, más de un 82% está “de acuerdo o muy de acuerdo” con mantener la Ley de Aborto en tres causales.
El 66% cree que la enmienda aprobada en el Consejo no va a mejorar el sistema de salud, mientras que solo el 11% sí estima que será posible. Un 64% considera que las modificaciones incorporadas al texto constitucional en materia previsional tampoco “van a mejorar” las pensiones en Chile. Solo un 11% lo considera factible.
En cuanto a la propuesta que elimina el pago de contribuciones, un 56% señala que “está de acuerdo o muy de acuerdo” con la medida, mientras que un 43% declara su rechazo a esta exención tributaria.
Por otra parte, más del 82% está de acuerdo con que la Constitución establezca la expulsión de los extranjeros que ingresen de forma clandestina al país.
Algunas de las propuestas que fueron rechazadas en el Pleno del Consejo muestran una alta adhesión por parte de las personas encuestadas. Un 84% se manifestó “de acuerdo o muy de acuerdo” con reconocer la labor de cuidados como un trabajo.
En tanto, un 81% estuvo “de acuerdo o muy de acuerdo” con que las Fuerzas Armadas deben tener un respeto irrestricto al orden democrático y los derechos humanos.
