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El Senado despachó a la Cámara el veto presidencial a la Ley de Usurpaciones, tras aprobar 13 de 14 observaciones del Ejecutivo. El Gobierno logró suprimir la legítima defensa privilegiada, y solo se rechazó la que buscaba eliminar la graduación en las penas cuando la usurpación fuera sin violencia.
Tras un extenso debate en Sala, el Senado aprobó y despachó por mayoría el veto presidencial presentado por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric a la denominada Ley de Usurpaciones, el proyecto que regula los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles, fija nuevas penas e incorpora mecanismos de restitución. Así, el Ejecutivo gana una batalla en el Senado y logra suprimir la cuestionada legítima defensa privilegiada.
La Cámara Alta visó 13 de las 14 observaciones que presentó La Moneda. Sólo se rechazó la observación que suprimía la graduación en las penas cuando la usurpación fuera sin violencia o intimidación. Pero, como el Senado no logró la insistencia, que es reponer lo que decía el proyecto originalmente, de todas maneras el Ejecutivo impuso su posición.
En tanto, fueron aprobadas la mayoría de las modificaciones propuestas por el Gobierno, en materia de suprimir la legítima defensa privilegiada, eliminar el marco penal rígido y regular la flagrancia permanente, entre otras medidas. De todas formas, pese al avance del veto, la oposición anunció la presentación de un proyecto de ley para corregir aspectos con los que no están de acuerdo.
Durante la votación, estuvieron presentes en la Sala cuatro secretarios de Estado: Álvaro Elizalde (Segpres) Jeannette Jara (Trabajo), Antonia Orellana (Mujer) y Carolina Tohá (Interior).
La ministra Tohá sostuvo que “esta ley enfrenta situaciones muy distintas, que van desde los especuladores que hacen loteos brujos, hasta familias sin recursos que viven en campamentos”. Y agregó: “El veto ingresado por el Presidente de la República, lo que hace es habilitarnos un instrumento para que se trate cada una de estas situaciones, asumiendo que todas ellas son delitos, que todas ellas son delitos permanentes, que todas ellas las policías pueden actuar; pero que no todas ellas merecen la misma pena“.
El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, el senador Felipe Kast (Evópoli) celebró la aprobación, “a pesar del veto e intentos de dilatar del Gobierno”. La Ley de Usurpaciones, a juicio del legislador, es “probablemente la ley más importante en mucho años para lograr tranquilidad y paz en La Araucania y también en el resto del país donde las mafias del suelo operan impunemente”.
Pero según la titular de la cartera de Interior y Seguridad Pública, “no vamos a resolver así ciertamente los problemas habitacionales del país y no vamos a resolver el conflicto en la macrozona sur”. Carolina Tohá dijo que “para eso tenemos una política habitacional, para eso tenemos una estrategia en el sur, pero en el intertanto tenemos que proteger a las víctimas que este tipo de conflictos sociales va generando”.
Ahora corresponde que las observaciones sean analizadas por la Cámara de Diputados. A la vuelta de la semana distrital, el veto a la Ley de Usurpaciones comenzará su trámite en la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja, en donde será tratado con prioridad, a partir del lunes 6 de noviembre.
Los senadores del Partido Comunista (PC), Claudia Pascual y Daniel Núñez, votaron en contra de dos de las modificaciones que propuso el Gobierno para aumentar penas y no participaron del punto de prensa que hizo la secretaria de Estado al finalizar la sesión.
Hace unas semanas, a través de una declaración pública, las bancadas parlamentarias del PC habían anunciado que rechazarán el aumento de penas que contempla la propuesta gubernamental. “La necesidad de una familia no puede ser criminalizada”, señala la declaración de los senadores y diputados comunistas.
“Nosotros siempre esperamos en este caso que todos los sectores y particularmente los sectores oficialistas acompañen al gobierno en propuestas como este veto presidencial y vamos a seguir dialogando y buscando caminos para que ese acompañamiento se produzca en las próximas fases de tramitación”, contestó Tohá consultada por esta situación.
“Ahora, lo que también debiera despejarse, a propósito de esa votación, sin perjuicio de que nosotros hubiéramos preferido que fuera favorable a todas las votaciones, es que lo que se dijo alguna vez, de que en el fondo este veto había sido digitado por el Partido Comunista, demuestra que no era así”, sentenció.
Se aprobó con 18 votos a favor y 16 en contra, el primer veto que apuntaba a eliminar las normas sobre legítima defensa privilegiada que estaban contempladas en la iniciativa.
Luego con 32 votos a favor y 2 abstenciones, el Senado aprobó la segunda observación que entrega un tratamiento especial cuando existe violencia en las cosas, lo que quedaría con una pena de cárcel, pero no la misma pena de la usurpación con violencia en las cosas y en las personas.
La Sala también aprobó con 31 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención el veto número 3 que establece que “si la usurpación se realiza sin violencia o intimidación en las personas, pero causando daño en las cosas, la pena será de presidio menor en su grado medio si causa daño cuyo importe sea de 40 UTM; presidio menor en su grado mínimo a medio si excede de 4 UTM y no pasa de 40; y presidio menor en su grado mínimo si causa daños menores a 4 UTM ni baje de 1 UTM.
Sin embargo, tal como ocurrió previamente en la Comisión de Seguridad, la Sala rechazó con 17 votos a favor y 18 en contra el cuarto veto que eliminaba una disposición sobre la usurpación sin violencia en las personas. El senador Kast dijo que con esta observación se buscaba eliminar la pena de cárcel para la usurpación no violenta; mientras que el Ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, señaló que se busca dar proporcionalidad a las penas.
Tras este rechazo se votó la insistencia, esto es, mantener la norma establecida en el proyecto para lo cual se necesitaba 24 votos. Finalmente se obtuvo un empate de 18 votos, por lo que tampoco quedó la disposición original en el texto.
No obstante, el Senado aprobó con 29 votos a favor y 6 en contra, el quinto veto que busca establecer un nuevo tipo penal y da la posibilidad al juez de determinar sanciones de cárcel o multa en determinados casos. El senador Jaime Quintana (PPD) se manifestó a favor de esta disposición, mientras que el senador José García (RN) señaló que, si bien era partidario de la norma original del proyecto, “esta disposición es mejor que lo que existe en la actualidad”.
Dicha observación añade que “cuando el hecho se lleve a efecto sin violencia o intimidación en las personas, ni daño en las cosas, la pena será de presidio menor en su grado mínimo o multa de 6 a 10 UTM. Para imponer la pena mayor, el tribunal deberá tener en especial consideración las siguientes circunstancias:
Los vetos 6, 10, 12, 13 y 14 fueron aprobados por amplia mayoría, pues eran de carácter adecuatorio del texto.
La Sala también aprobó con 18 votos a favor y 17 en contra la séptima observación que elimina el marco penal rígido que consideraba el proyecto en materia de usurpación. El senador Kast y el ministro Elizalde explicaron sus puntos de vista ante la Sala.
Con 18 votos a favor y 17 en contra, el Senado aprobó el octavo veto que suprime la detención por flagrancia para llevarla a régimen general, salvo en el caso de las policías. En este punto intervinieron los senadores Quintana, Kast, García y la Ministra del Interior y se dio un debate respecto de si era posible o no que la ciudadanía pudiera realizar detenciones.
A consecuencia de lo anterior, se aprobó con 30 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones, la novena observación del Ejecutivo que permite que las policías puedan realizar detenciones por flagrancia de forma permanente.
Finalmente, se aprobó con 32 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, el veto número once que establece la medida cautelar de restitución anticipada del inmueble en cualquier etapa del procedimiento, hayan sido o no formalizados los imputados, pidiendo el desalojo, acreditando la respectiva inscripción del inmueble.
