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Imagen referencial: BBC/Getty Images
Matías Ugalde fue arrestado en 2020, junto a su esposa y otras personas, en la zona oriente de la capital y fue condenado a 800 días. Ahora, empresarios de Concepción buscan que pague $750 millones que –alegan– factorizó con los Sauer.
En medio de todos los escritos que se han allegado a la causa de reorganización concursal del factoring Factop (ante el Séptimo Juzgado Civil de Santiago), aparece una gran cantidad de personas y empresas que son acreedoras de la quebrada empresa de la familia Sauer.
Entre los acreedores se encuentran, por ejemplo, la propia abogada María Leonarda Villalobos y su esposo (quienes prestaron mil millones de pesos a los Sauer), pero además aparece una empresa de Concepción, M&T, que posee una historia bastante peculiar, pues esta asegura haber sido víctima de Factop y también de Matías Ugalde, quien se hizo conocido a nivel nacional en 2020, cuando la Brigada Investigadora del Crimen Organizado (Brico) de la PDI lo detuvo, junto a otras seis personas, acusado de haber comprado un fusil AK-47.
Pese a que la historia se remonta a hace 13 o 14 años, el abogado que representa a los dueños de M&T, Pablo Faundes Beckdorf, señala que recién como consecuencia del audio de Luis Hermosilla pudieron tener una visión más exacta de lo que ocurrió con el dinero de sus clientes.
El inicio de la historia se relata en una querella presentada ante la Justicia de Concepción, en la cual se explica que los dueños de M&T, Mauricio Toledo y Patricio Maturana, se adjudicaron en 2009 un importante subcontrato con Valko SA, en medio del mejoramiento del camino que une las localidades de Ensenada y Las Cascadas, a los pies del volcán Osorno, el que había sido entregado por el Ministerio de Obras Públicas a Valko. En total, eran cerca de mil 500 millones de pesos los que percibiría la empresa penquista.
Sin embargo, se indica en dicha acción judicial, “recién iniciada la obra apareció en escena Matías Alfonso Ugalde Vásquez”, el cual se contactó con Toledo, “presentándose como empresario y gestor de negocios, ofreciéndole desarrollar una serie de emprendimientos en favor de la empresa M&T”.
Como Ugalde decía tener contactos en Valko, Toledo le encargó que se hiciera cargo de las obras en el sur, pero el dinero comenzó a escasear hacia febrero de 2010 (poco antes del terremoto), pues no llegaban los primeros pagos de Valko. Sin embargo, al preguntar al respecto, en dicha empresa les indicaron que habían pagado en forma puntual a Ugalde. Ante la pregunta de cómo le cancelaron a él, si no poseía facultades para ello, les mostraron dos mandatos firmados ante la Notaría Santos, en Santiago, que facultaban a Ugalde a recibir dichos dineros.
Faundes explica que en el mandato efectivamente está la huella digital de Ugalde, pero –según señala– las firmas de sus clientes fueron falsificadas.
La querella asevera también que, además de lo anterior, muchas facturas de M&T fueron entregadas por Ugalde a Factop sin conocimiento de los dueños de la empresa, a tal punto que –detalla el abogado– “en la mayoría de las facturas hay un reconocimiento de deuda que firma el señor Daniel Sauer por Factop, y el señor Ugalde, en la notaría de Samuel Klecky Rapaport de Santiago”.
Por cierto, esa deuda se había originado en facturas de M&T por 116 millones de pesos, las que incluso significaron que, en su momento, Daniel Sauer se querellara en contra de Toledo, Maturana y Ugalde, además de Konrad Ziller Bustamante.
Sin embargo –indica Faundes–, Maturana y Toledo no supieron de esa querella y agrega que no era la única: “Había querellas penales del Scotiabank, Telefónica, Entel y otro factoring”, porque, explica, Ugalde “tomó los mandatos y abrió cuentas en otros bancos y en empresas como Telefonía y de otros servicios”.
De este modo, siempre según la presentación efectuada ante el Juzgado Civil de Santiago, lo factorizado por medio de Factop asciende a un monto de 750 millones de pesos, los cuales M&T exige a la empresa de los Sauer.
Asimismo, el abogado indicó que solicitarán, en los tribunales de Concepción, que se levante el sobreseimiento de la causa por estafa, en virtud de los nuevos antecedentes.
Ugalde, que posee una serie de antecedentes penales por delitos anteriores, fue detenido luego de que en febrero de 2020, pocos meses después del estallido social, la PDI interceptara una conversación telefónica en la cual un sujeto, identificado como José Joaquín Valdés Muñoz, conversaba con un tal “Matías” acerca de un fusil AK-47, que el primero dice que está en poder de su hermana, pues se trataba de un arma que habría pertenecido al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), tras lo cual acordaron un precio de venta que fijaron en 1 millón y medio de pesos.
Según un informe de la PDI, que se encuentra en la carpeta judicial, además de ese fusil, Ugalde “busca obtener más armas con el objeto, supuestamente, de abastecer a terceros para el mes de marzo, por el estallido social”.
El 17 de febrero de 2020, la Brico allanó los domicilios de ambos involucrados (en Lo Barnechea y Vitacura), así como otra casa situada en el Cajón del Maipo. Se detuvo a un total de siete personas y en el departamento que habitaban Ugalde y su esposa, Valeria Palma Bancalari, fueron incautadas miles de municiones de distintos calibres, aunque ningún arma de fuego.
Debido a ello, Ugalde fue condenado a 800 días de presidio, que terminó de cumplir en abril de 2022. El Mostrador intentó contactarlo para conocer su versión acerca de las imputaciones relacionadas con los dineros de M&T, pero fue imposible comunicarse con él.
