La propuesta plantea que el Estado garantizará el ejercicio de la participación política de las mujeres y señala que la ley asegurará el acceso equilibrado de mujeres y hombres a las candidaturas a cargos de elección popular, así como su participación en condiciones de igualdad en los distintos ámbitos de la vida nacional. Esta también exige a los partidos políticos contemplar mecanismos para asegurar la participación equilibrada de mujeres y hombres en la integración de sus órganos colegiados.
Por otro lado, en una disposición transitoria se establece que dentro del año siguiente a la entrada en vigencia de esta Constitución, será ingresado al Congreso Nacional, un proyecto de ley para crear un mecanismo que corrija la distribución y asignación de escaños, en elecciones de diputados y senadores, cuando algún sexo supere el 60%. Sin embargo, solo aplicará en las dos elecciones parlamentarias posteriores a la entrada en vigencia de dicha ley.
En materia de retribución por trabajo de igual valor y con el mismo empleador, se prohíbe cualquier discriminación arbitraria, especialmente entre hombres y mujeres. El texto además incluye el concepto de corresponsabilidad: se reconoce el valor de los cuidados para el desarrollo de la vida en la familia y la sociedad, señalando que El Estado deberá promover la corresponsabilidad, así como crear y contribuir a crear mecanismos de apoyo y acompañamiento a cuidadores y personas bajo su cuidado y promover la conciliación entre la vida familiar y laboral y la protección de la crianza y de la paternidad y de la maternidad, debiendo coordinar y financiar un sistema gratuito de sala cuna.
Finalmente, en el capítulo II se establece que la Constitución asegura a todas las personas el derecho a la vida y que la ley protege la vida de quien está por nacer, y se incluye la objeción de conciencia dentro del derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.
Estas disposiciones abrieron una serie de debates. Para María José Naudón, la propuesta representa un avance: “Yo creo que esta constitución abre la oportunidad de moldear una base constitucional que realmente refleje las aspiraciones y las necesidades de todas las mujeres, pero sobre todo, se haga cargo de los desafíos propios de los tiempos que corren. Y en ese escenario, yo no creo que la constitución rigidice ni retroceda ni ponga en peligro derechos que están”.
Por su parte, Clarissa Hardy, ex ministra de Planificación, asegura que la propuesta tiene sus peligros: “Obviamente al instalarse una nueva constitución no se derogan las leyes vigentes, pero eso no significa que no se puedan hacer reparos de carácter constitucional a esas leyes frente al tribunal constitucional. Y si en dos ocasiones el tribunal constitucional sanciona como inconstitucional la ley que ha sido invocada, se declara la ley institucional y queda derogada. Por lo tanto no hay protección a las legislaciones ya conquistadas”.
En esta línea, Camila Maturana, directora de Corporación Humanas, advierte que la propuesta no responde a la violencia contra las mujeres. “El texto no refiere a las obligaciones de prevención, sanción y erradicación de la violencia de género que corresponde a los órganos del estado. Y en cuanto a la protección de las víctimas, el texto prioriza a la protección de víctimas de otros delitos y no de la violencia contra las mujeres, a pesar de la gran cantidad de mujeres y niñas afectas”, comenta.
En la otra vereda, la ex ministra Isabel Pla, destaca que la propuesta tiene espíritu de igualdad: “Creo que este texto constitucional va a impulsar avances significativos en los próximos años para que las chilenas tengamos efectivamente igualdad ante la ley, iguales derechos e iguales condiciones y oportunidades que los hombres”.
Para más información revisa nuestro resumen de la propuesta en
tenemosquehablardechile.cl y escucha Tenemos que Hablar, el podcast que realizamos en
colaboración con radio Pauta.
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