PAÍS
Crédito: Agencia Uno
Si bien el Ejecutivo, en una maniobra de control de daños, ya informó que el Mandatario revocó una de las pensiones otorgadas a un detenido con antecedentes de pornografía infantil, en la UDI y RN pidieron no más recursos “despilfarrados por el Estado”.
La oposición no dejó pasar el nuevo flanco de críticas que se abrió contra el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, luego del informe de la Contraloría General de la República respecto al proceso de selección, otorgamiento y pago de pensiones de gracia en el marco del estallido social, en donde se concluye que 58 de las 419 personas beneficiadas tienen condenas por delitos como producción de material pornográfico infantil, abuso sexual y homicidio, entre otros.
Si bien el Ejecutivo, en una maniobra de control de daños, ya informó que el Mandatario revocó -antes de irse de vacaciones- una de las pensiones otorgadas a un detenido con antecedentes de pornografía infantil y que el instructivo para entregar dichas pensiones de gracia data del año 2022, cuando estaba al mando el exsubsecretario de Sebastián Piñera, Juan Francisco Galli, desde la UDI ya anunciaron que solicitarán la remoción de los consejeros del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
En paralelo, la ministra del Interior, Carolina Tohá, explicó que “las personas con condena son más de 58, el número es más alto. Las pensiones de gracia se otorgan en virtud de un procedimiento que definió la Ley de Presupuestos el año 2021 y que se implementó el año 2022. Y en base a un oficio que dictó el entonces subsecretario Galli, que detallaba el procedimiento para el otorgamiento de las pensiones de gracia y dentro de los requisitos a contemplar, no estaba considerada la evaluación de los antecedentes penales”.
“Respecto al procedimiento hacia atrás, el Ejecutivo comparte que era una falencia de este proceso que no estuviera a la vista los antecedentes penales, pero no fue una decisión nuestra que así fuera. De hecho, la falta de antecedentes penales como elemento a considerar es algo que también sucedió en el gobierno anterior y dentro de las pensiones que llevó el expresidente Piñera, también hay personas con antecedentes penales y algunos de ellos muy graves. Entonces, por eso tenemos que cambiar ese proceso hacia el futuro”, complementó.
En ese sentido, la ministra aseguró que “el procedimiento cumplió todos los pasos que estaban previstos en tanto la ley de presupuestos como el oficio que se dictó, que dictó el ex subsecretario Galli”.
“En el intertanto se van a revisar las pensiones para empezar las del estallido, pero después vamos a ver también las otras y se van a revocar aquellas donde no haya un daño permanente y grave y hay antecedentes penales de cuidado que ameritan esta revisión”, aseguró.
“De hecho, la mayoría de los casos que se han conocido con antecedentes penales graves no corresponden a personas que tienen los daños más severos. Por ejemplo, la pérdida del globo ocular. La enorme mayoría son otro tipo de daño”, agregó.
Tras destaparse el escándalo, la bancada de diputados de la UDI anunció que solicitarán la remoción de los consejeros del INDH.
“Esta grave situación no merece ser subsanada simplemente con un sumario administrativo que, como sabemos, no va a terminar en nada. Aquí hay una responsabilidad evidente de parte de los consejeros del INDH que actuaron fuera de la ley, por lo que no cabe más que solicitar su remoción por la negligencia manifiesta e inexcusable en la que incurrieron”, dijeron en un comunicado.
Desde Renovación Nacional (RN) criticaron los recursos “despilfarrados por el Estado”, en estas pensiones de gracias y también solicitaron “poner cargos a disposición”.
“Es tan contundente el informe de Contraloría que señala expresamente que la subsecretaría del Interior debe realizar sumarios administrativos, y el INDH también va a tener que realizar sumarios administrativos para poder determinar las responsabilidades administrativas correspondientes porque la liviandad, la desprolijidad y la negligencia con la cual se otorgaron estas pensiones de gracia es inaceptable”, dijo el diputado RN Andrés Longton.
En tanto, el diputado de Amarillos Andrés Jouannet aseguró que era necesario “reformular el INDH”.
“Tenemos un problema con el INDH (…) El Instituto Nacional de Derechos Humanos se ha convertido en un lugar ideológico que defiende ciertas posiciones ideológicas y que no están defendiendo los derechos humanos de todos los chilenos”, acusó.
