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Crédito: Agencia Uno
Durante su intervención en la sesión de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve recalcó que el Mandatario tiene la disposición de poder generar una facultad para revertir el beneficio, y que ésto sea retroactivo.
Polémica han causado las pensiones de gracia a condenados en el marco del estallido social, principalmente en la oposición, quienes han pedido que sean revocadas mediante una ley. Y en el Gobierno lo harán, ya que el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, anunció que el Presidente Gabriel Boric utilizará su facultad administrativa para revocarlas.
Durante su intervención en la sesión de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, Monsalve recalcó que el Mandatario tiene la disposición de poder generar una facultad para revertir el beneficio, que ésto sea retroactivo y para “legislar de una manera que efectivamente permita aplicar la ley, para cumplir el objetivo que aquí la Comisión dispone”.
Pero, además, afirmó que el Presidente Boric “no va a esperar la ley para ocupar la facultad administrativa” y que llama a lograr acuerdos en las mociones presentadas a la ley.
“Creo que podemos legislar bien y podemos resolverle un problema al país y a los presidentes de la República. Yo lo único que le pido a la Comisión es que nos demos el espacio, no más allá de esta semana, para tener una propuesta que resuelva este problema de manera permanente, y bien resuelto. Con un acuerdo. Porque los problemas que justamente, como aquí se ha dicho, afectan la confianza de las personas, tienen que ser bien resueltos”, agregó.
Según Monsalve, al Ejecutivo le interesa legislar “en acuerdo con la Comisión, independiente de que tenemos la convicción jurídica de que esta materia, y no quiero entrar a ese debate, es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo”.
Las mociones a las que hace referencia Monsalve son tres mociones que buscan modificar la ley 18.056, sobre normas generales para el otorgamiento de pensiones de gracia por el Presidente de la República. La primera busca limitar la discrecionalidad y fomentar la transparencia en su concesión; la segunda, impedir la concesión de este beneficio a peticionarios con antecedentes penales; y la tercera, impedir su aplicación a personas que registren condenas de carácter penal.
