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Créditos: Agencia Uno.
Durante la semana de vacaciones que se tomó el Mandatario, estallaron varios siniestros que complican un mes que –se supone– debería ser uno muy tranquilo: las pensiones de gracia a condenados y las relaciones internas en la coalición gobernante están entre los principales focos a controlar.
El Presidente Gabriel Boric comenzó el lunes pasado sus vacaciones y como destino eligió el sur de Chile, específicamente la localidad de Puyehue, un lugar tranquilo que contrasta con la álgida capital y con los problemas que ha tenido que enfrentar el Gobierno en su ausencia. La polémica por las pensiones de gracia, el desafío de la reforma de pensiones, la crisis de seguridad y la situación interna del oficialismo son las principales tareas a las que tiene que abocarse el Mandatario a su regreso, que está presupuestado para el lunes a primera hora.
Sin embargo, no por eso estuvo desconectado, pues al aterrizar el Osorno el lunes pasado indicó que “estaré atento a todo lo que está pasando, comunicado con mis ministros; pero todo el mundo necesita poder respirar otro aire. En estos cargos uno nunca deja de trabajar, pero ahora va a ser en otro ambiente, con un lago cerca, espero poder caminar, pensar”.
Durante la ausencia del Presidente se han levantado polémicas que han requerido de su respuesta y que, de hecho, la oposición también está esperando. La más urgente, en términos políticos, es la relativa a las cuestionadas pensiones de gracia que se otorgaron a víctimas de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social.
Según el informe que elaboró la Contraloría, con fecha el 13 de diciembre, se determinó que 58 beneficiarios –aunque según el Gobierno son 69– recibieron pensiones de gracia, como víctimas de violencia estatal posestallido social, pese a haber tenido condenas por diferentes delitos, entre ellos, abuso sexual, homicidio, tráfico de drogas y producción de material pornográfico infantil. Cabe destacar que, de ese número, 21 fueron beneficiados por la administración de Sebastián Piñera y 48 por la actual. Además, 17 tenían antecedentes por delitos “de alta connotación social” y, de esos, cuatro recibieron la pensión de gracia bajo el mandato del ex Presidente y 13 luego de que asumiera Gabriel Boric.
Se trata, sin lugar a dudas, del incendio más peligroso de todos y el que más rápido se está expandiendo, dado que al hecho en sí –en el cual la mayoría de los dardos apuntan hacia el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve– se sumaron ayer dos brotes igual de complejos: la apertura de una investigación penal en la Fiscalía y el hecho de que fuentes del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) dijeran que en septiembre del año pasado avisaron al Presidente que ya no podían seguir acreditando más pensiones de gracia.
Desde el Palacio aseguraron que el lunes, cuando vuelva el Jefe de Estado a sus funciones, tendrá revisados los 69 casos y tomaría determinaciones sobre qué pensiones se van a revocar y cuáles no. La principal duda que había ayer a este respecto era la relativa al criterio que se aplicará para revocar dichas pensiones, pues distintos abogados han comentado que, desde la perspectiva jurídica, que alguien tenga condenas previas no tiene por qué inhabilitarlo para recibir una pensión de parte del Estado, si este violó sus DD.HH. De hecho, hay varios ejemplos de ello, uno de los cuales es el del actualmente encarcelado líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor LLaitul, a favor del cual, a fines de 2023, la Corte Suprema confirmó el pago de una indemnización de 12 millones de pesos, después que este iniciara acciones judiciales contra el fisco, debido a las torturas que sufrió a manos de agentes de la CNI en 1988, en Quillota.
En La Moneda trascendió que uno de los primeros casos que se está evaluando corresponde a un beneficiario de las pensiones que fue condenado por homicidio, pero que durante el estallido social sufrió un trauma ocular.
Al respecto, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, dijo que que el criterio de revocación aplicará para aquellos beneficiarios que hayan cometido un delito grave y de alta connotación pública. Pero, por otro lado, aclaró que lo que “sí buscamos es excluir a aquellos, por ejemplo, con trauma ocular, personas que han quedado sin posibilidad de ver por violencia de agentes del Estado”. Vallejo agregó que “evidentemente aquí hay criterios de inclusión para dejar sin efecto y hay criterios de exclusión para dejar sin efecto”. Pese a ello, en La Moneda advierten que la última palabra y quien definirá el criterio es el Presidente Gabriel Boric.
El subsecretario Monsalve explicó que, apenas el Mandatario se enteró de que había un beneficiario de pensión de gracia condenado por pornografía infantil, la revocó inmediatamente. Esa resolución la tomó el Presidente el jueves 18 de enero, antes de irse de vacaciones, pero Monsalve mencionó que fue el 19 de diciembre el día en que el informe de Contraloría ingresó a la Subsecretaría del Interior.
El subsecretario no quiso especificar el día en que el Primer Mandatario se enteró de este caso, pero explicó que la diferencia de tiempo entre que llegó el informe y en que el Presidente tomó la resolución (casi un mes) fue para identificar al beneficiario en cuestión, pues el informe de Contraloría advierte sobre los antecedentes de los acusados, pero no los asocia a un RUT específico, entonces, durante ese mes, se habrían hecho las solicitudes de información necesarias para obtener los datos de la persona a la que se le revocó el beneficio.
Durante la jornada del día viernes, en tanto, La Tercera dio a conocer un informe que habría enviado el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y que echaría por la borda la responsabilidad que Monsalve habría endosado al organismo, a propósito de que eran los encargados de acreditar la calidad de víctimas de violaciones de DD.HH. de los beneficiaros de pensiones de gracia.
Según el subsecretario Monsalve, los certificados médicos que acreditan la calidad de víctima “vienen en la carpeta del INDH que llega al Departamento de Acción Social del Ministerio del Interior, en el marco de la postulación, y allí viene la fecha de solicitud, el consentimiento informado, los antecedentes personales, los antecedentes médicos y viene un certificado del INDH, que es muy clave”.
Además, detalló que dicho certificado es “muy explícito, donde dice que el INDH, en virtud de todos los antecedentes, ha llegado a la convicción de que las lesiones de las personas producidas en el marco del estallido social, donde se detalla la fecha y el lugar donde se produjo, tienen la suficiente gravedad para producir menoscabo laboral”.
Sin embargo, según lo trascendido, en septiembre del 2022 el INDH advirtió por escrito lo siguiente: “Por medio del presente tengo a bien informarle sobre la imposibilidad que asiste al Instituto Nacional de Derechos Humanos (en adelante INDH) para efectuar la acreditación del padecimiento de ‘menoscabo permanente, completo o parcial, de su capacidad de trabajo’ en víctimas de violaciones a los derechos humanos ocurridas desde el 18 de octubre de 2019 en adelante, que solicitan al Presidente de la República acceder a pensiones de gracia”.
Pero lo anterior no es lo único, pues los siniestros están también dentro de la coalición gobiernista. El caso más notorio y criticado fue el del diputado y presidente de Convergencia Social –colectividad del propio Mandatario–, Diego Ibáñez, quien previo a la votación de la reforma previsional utilizó su minuto para emitir palabras provocadoras: “Con cariño, diputados del partido Demócratas, no se dejen iluminar por la senadora Ximena Rincón (fundadora del partido), exdirectora de AFP Provida, porque ustedes aquí no tienen conflicto de interés y el Gobierno sí acogió su propuesta de 3% y 3%, completita”, dijo Ibáñez.
Sus dichos generaron indignación y, a pesar de que Demócratas cumplió con concurrir con sus votos a favor de la idea de legislar, el partido decidió congelar las relaciones con el Gobierno, en pleno trámite de la reforma de pensiones y de cara a la votación de la ley corta de isapres, que se llevará a cabo el lunes en el Senado, instancia en que todos los votos de centro serán necesarios, incluyendo los de la senadora Rincón y el senador Matías Walker, también miembro de la colectividad.
Desde La Moneda, sin embargo, comentaron que ya le hicieron llegar sus reclamos a Ibáñez y que incluso la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, también de CS y cercana al Presidente, le hizo saber su molestia por no seguir la línea de diálogo del Gobierno.
Otro personaje que vuelve a revivir termas incómodos para el oficialismo, desde el propio oficialismo, es el senador socialista Fidel Espinoza. Hace un par de semanas, el exministro Giorgio Jackson anunció su ofensiva judicial contra quienes le endosaron delitos respecto al robo de computadores al interior del Ministerio de Desarrollo Social y, entre ellos, está Espinoza, demandado por difamación.
Al recibir el anuncio de la demanda, el PS respaldó al senador, lo que generó también reacciones del FA. Sin embargo, el tema no escaló más allá, luego de una reunión entre dirigentes de los 10 partidos oficialistas en la casa del presidente del Partido Humanista, Tomás Hirsch, en la que se resolvió que era mejor dejar encapsulada la polémica en su dimensión judicial.
Sin embargo, en entrevista con el programa “Profundidad de Campo”, de Senado TV, el senador explicó el origen de sus diferencias con Jackson, pero sobre el caso de los computadores no echó pie atrás: “Yo he dicho, no creo en el robo, es un tongo, y eso es lo que voy a seguir diciendo, aunque él quiera que yo pida disculpas de algo que no voy a pedir disculpas, porque yo sigo creyendo y es mi convicción de que eso fue un robo armado“. No contento con eso, se defendió con una ofensiva: “El entorno de Jackson debe ser investigado, y eso es lo que yo he dicho, y eso no es imputarle a él ni un delito“.
