PAÍS
En la antesala de la primera audiencia pública en la causa en que será formalizado en mayo por el delito omisivo de apremios ilegítimos, el general director de Carabineros les quitó la escolta de motoristas a los comandantes de las ramas castrenses por no apoyarlo cuando se anunció su formalización.
Los hechos sucedieron el lunes 26 de febrero. En la mañana de ese día, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, decidió remover la tradicional escolta de motoristas que poseen diversas autoridades del país, entre ellas, los comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y el director general de la PDI.
Según fuentes conocedoras de la interna policial, el general estaba muy enojado y, además, quiso enviar “una señal” a sus pares del Ejército, Aviación, Armada y Policía de Investigaciones, debido al nulo apoyo que –a su juicio– recibió de ellos cuando, a inicios de año, la Fiscalía Centro Norte decidió sorpresivamente su formalización, por el delito omisivo de apremios ilegítimos.
Consultado al respecto el Departamento de Comunicaciones Sociales de la institución, este respondió que “efectivamente, fueron retiradas las motos de tránsito que mantienen los comandantes en jefe de las FF.AA. y del director de la PDI”, pero la causa de ello, según explicó Carabineros, es que es “una forma de optimizar los servicios debido a la alta demanda de estos recursos, tanto humanos como logísticos”.
De acuerdo con fuentes del área de la Defensa, donde más hondo caló el “mensaje” del general Yáñez fue en la Armada, ya que el servicio de motoristas, que por lo general consiste en dos o tres suboficiales que abren camino a las autoridades, se considera de suma importancia para los traslados constantes que realiza entre Valparaíso y Santiago su comandante en Jefe, el almirante Juan Andrés de la Maza, quien expresó su molestia al respecto a la ministra de Defensa.
Fuentes conocedoras del tema señalan que desde dicho ministerio pidieron una explicación a Yáñez, obteniendo de parte de este la versión de que el retiro de los motoristas obedecía a la necesidad de contar con más carabineros en las calles.
Todo esto ocurre en la antesala de una audiencia de cautela de garantías que se efectuará este viernes 8 de marzo a las 11:00 horas, en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, la primera que será pública de todo el proceso. Se trata de una instancia pedida por la defensa del general, la cual asegura que no ha tenido suficiente acceso a los antecedentes por los cuales se le formalizará, junto a otros imputados, el próximo 7 de mayo.
La petición de audiencia, realizada el 31 de enero pasado, indica que la defensa del oficial “no tiene acceso a los hechos puntuales respecto de los cuales se formalizará a nuestro representado”, por lo cual argumenta que le es “imposible ejercer una defensa adecuada”, específicamente en lo relacionado con los antecedentes que sustentan los delitos que se le imputan: cerca de 450 causas de lesiones y/o agresiones a personas a título omisivo. “Sin embargo, a la fecha, esta parte no ha tenido acceso con claridad y certeza de cuáles serían esas causas omisivas y, en definitiva, de cuáles serán las imputaciones que se realizarán concretamente a nuestro representado”, señala el abogado Jorge Martínez.
Pero la abogada querellante, Karinna Fernández, explica que los antecedentes han estado en manos de las defensas durante toda la investigación: “En eso quiero ser bastante enfática, la información que señalan está en la carpeta. Los RUC de esos casos están indicados en la carpeta fiscal, entonces lo que ellos están requiriendo es algo más de lo que ya está en la carpeta y eso lo sabremos todos en la audiencia de formalización”.
Tanto el general Yáñez como el general (r) Mario Rozas, también imputado en la causa, deben presentarse de manera presencial a la audiencia, lo que supone cierta exposición mediática, por lo que “se podría pensar que busca tener acceso a una especie de preformalización sin debate de cautelares. Si efectivamente los antecedentes están en la carpeta investigativa, pueden estar buscando obtener una entrega desagregada de la información previa a la audiencia de formalización, que es el momento en que las defensas y los querellantes deberían acceder a esa información. Es como pedirles a los fiscales que muestren sus cartas antes del juego”, explica un abogado penalista.
Por su parte, el secretario general de la Universidad Central y exsubsecretario de Carabineros, Neftalí Carabantes, sostiene que por medio de dicha audiencia “también puede esperar bajar la intensidad argumental de la formalización que va a llevar adelante el Ministerio Público”.
Agrega que una segunda teoría es apuntar a la falta de participación directa en los hechos, aunque también explica que “por último, pudiese también estar intentando o estar pensando su defensa en una eventual nulidad. En el Código Procesal Penal, artículos 159 y 160, hay una presunción de derechos de perjuicios. La norma señala, grosso modo, que se presumirá de derecho la existencia de un perjuicio si la infracción hubiese impedido el pleno ejercicio de la garantía y los derechos reconocidos de la Constitución y las demás leyes a los imputados. Por lo tanto, él pudiese estimar que este hecho constituye un vicio que pudiese acarrear el día de mañana una posible nulidad, al no habérsele comunicado el contenido, el detalle, la extensión de los 450 causas de lesiones”.
Para el abogado y director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos, la formalización del general Ricardo Yáñez y otros dos generales en retiro de Carabineros significa un “hito judicial” importante respecto de las graves denuncias por violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social.
“Estamos hablando de más de 10 mil denuncias, más de 400 casos de lesiones oculares, según el INDH, casos de homicidios, denuncias de violencia sexual y de torturas. En ese contexto, desde Amnistía Internacional planteamos que aquí había patrones, que estos no eran hechos aislados, y que no solo había que determinar la responsabilidad de los funcionarios que apretaron el gatillo, sino que también de los mandos, y en particular de los tres mandos sobre los cuales se está solicitando la formalización, puesto que ellos tenían atribuciones para poder frenar estas violaciones a los derechos humanos, y tenían antecedentes suficientes para conocer la realidad de lo que estaba ocurriendo y no adoptaron medidas”, señala.
En esa línea, Bustos afirma que es “insostenible” la continuidad de Ricardo Yáñez como máxima autoridad de Carabineros, no solamente por la gravedad de los delitos que se le imputan y el proceso de formalización, sino que también por el “perjuicio que causa a su propia institución”, en un contexto donde una de la principales preocupaciones es la prevención del delito y el combate a la delincuencia.
