Egon Montecinos: “Me hubiese gustado tener un balance positivo del primer periodo de gobernadores”

El exintendente de Los Ríos y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Austral, Egon Montecinos, no saca cuentas alegres de este primer periodo en ejercicio de las autoridades regionales. A meses de una nueva elección de gobernadores y gobernadoras, persisten grandes deudas y la urgencia por perfeccionar el diseño institucional que permite la desconcentración del poder en Chile.

El experto en descentralización apunta a la promesa incumplida de eliminar la figura del delegado presidencial, el impacto del caso Fundaciones y la ausencia de mecanismos de control en la gestión de recursos, además de la urgencia por otorgar atribuciones de coordinación de los servicios públicos regionales, entre otros temas.

-¿Cuál es el balance de este primer periodo de administración de las gobernadoras y los gobernadores regionales?
-Debo confesar que me hubiese encantado tener un balance positivo del primer periodo de gobernadores regionales. Primero, se inició este primer periodo con inconvenientes inusuales. La primera elección se dio en plena pandemia, con baja participación electoral, eso le quita legitimidad a una autoridad nueva que la democracia chilena no estaba acostumbrada a elegir, con otras elecciones de por medio, que perturban un poco la motivación del elector. Recordemos también que hubo mucho voto blanco y nulo en esta elección. Y en la segunda vuelta, que fueron 13 de 16 regiones, la participación promedio fue de 26%, entonces fue muy poca.

La guinda de la torta, en negativo, vendría a ser el impacto que ha generado y sigue generando, en esta nueva autoridad regional, el caso Fundaciones. Es decir, está en dos o tres gobiernos regionales, pero salpica a todos los demás. Salpica a la figura de gobernador o gobernadora regional, salpica a la autoridad. Que en el primer periodo de gobierno tengamos casos de esta naturaleza, vaya que es desafortunado.

Como cuarto elemento, los gobiernos regionales se eligen con pocas atribuciones, con promesas presidenciales que abundan y que aún no se cumplen, como la eliminación de la figura del delegado presidencial regional. Y yo creo que no se va a poder cumplir. Estamos ya a menos de dos años del término de mandato, con dos elecciones de por medio, no hay posibilidad de que al menos se cumpla con el espíritu de la propuesta inicial.

O sea, puede que tengamos un proyecto de ley, o incluso una ley aprobada que le cambie el nombre a la figura del delegado presidencial regional, o que matice un poco las funciones que hoy tiene, pero yo creo que no se va a alcanzar a cumplir en pleno esta promesa. Entonces, básicamente es el compromiso del primer Presidente de la República de regiones que se va a ver empañado.

-¿Cómo viste la convivencia durante estos años entre gobernadores y delegados? ¿Es realmente, en términos prácticos, perjudicial que esta figura siga existiendo?
-El año 2020, en la revista Esencia Política de la PUC, saqué un paper en el cual planteaba cuatro escenarios de relación. Ya viendo cómo quedaron las leyes, me atreví a hacer una prospección.

El escenario ideal, que era positivo, con todos colaborando; otro más conflictivo; y otro ya de bloqueo y de conflicto. Y yo, en ese entonces, pensaba que íbamos a tener escenarios más de conflicto, más de lo que terminamos teniendo. Pero ¿qué fue lo que jugó en contra de mi propia tesis? La configuración de 15 gobernadores regionales de oficialismo.

Los gobernadores estuvieron casi un año con autoridades del expresidente Piñera. Luego de instalado el Gobierno del Presidente Boric, se dio una especie de luna de miel que duró unos ocho meses, mucha colaboración, buena onda, coordinación entre ambas autoridades. Pero luego se rompió la luna de miel, especialmente a raíz del hito que marcó la frase del gobernador Mundaca: “Esa hueá no procede”. Fue un hito político, en mi concepto, hasta le dediqué una columna en El Mostrador. Donde el gobernador deja entrever que efectivamente hay problemas en el diseño institucional.

En el fondo su grito era “yo coordino, y eso no me lo permite la ley”. La ley le da la coordinación de los servicios, que son muy importantes para cualquier Gobierno Regional, a la autoridad designada. Eso fue en el Gobierno Piñera, es verdad, pero de ahí vino una especie de efecto en cadena en otros gobiernos regionales, y comenzaron a hacer sentir los gobernadores el peso de haber sido electos por la ciudadanía.

Posteriormente, se genera una relación cordial, pero muy mediada por el compromiso que el Presidente Boric les hacía sentir a los delegados respecto a colaborar con los gobernadores. Y ahí es donde está mi principal punto. Esa petición del Presidente de colaborar con los gobernadores regionales, en mi concepto, debiera transformarse en una reforma política. Es decir, no puedes tener autoridades de nivel central en la región, los seremis, delegados, colaborando por buena onda. No se puede colaborar ni coordinar con un gobernador regional por buena onda. Ese espíritu yo esperaba verlo plasmado en una reforma.

-Es difícil que esa reforma se materialice en estos dos años que quedan de Gobierno…
-Yo francamente no entiendo por qué el Gobierno no ha hecho una reforma de esa naturaleza. Incluso existe una iniciativa que presentó la bancada regionalista del Senado, en el periodo donde estaba Guillier, donde se planteaba una modificación del proyecto de ley y establecía que la coordinación en regiones la podía activar el gobernador regional. Uno de los artículos decía, claramente, que el gobernador regional puede convocar a los servicios públicos desconcentrados a reuniones de coordinación.

Los diseños institucionales, o las leyes en este caso, son claves para garantizar la colaboración. Entonces, la verdad no entiendo por qué desde la Subdere, o incluso desde el gabinete del Presidente de la República, no retoman este proyecto. Que la coordinación de los servicios públicos desconcentrados tenga una pata desde el nivel central, pero que la coordinación la haga el Gobierno Regional. Yo sé que es difícil de comprender este diseño, pero me parece que por ahí va un poco la salida para resolver los problemas de descoordinación o falta de colaboración que se pueden ver en regiones.

-Hace tiempo se habla de que falta mucho por perfeccionar, no solamente en términos de transparencia, sino que en los mecanismos de control y gestión de recursos. ¿Qué falta, a tu juicio, por implementar para despejar el manto de dudas que hoy día existe a propósito de lo que pasó con el caso Fundaciones?
-La reforma del 2017-2018 tuvo problemas de origen. Y uno de los problemas es que no se reforzó el control de la gestión pública regional. Existen 2.100 funcionarios aproximadamente entre los 16 gobiernos regionales que hay en Chile. Y de esos 2.100, no más de 30, entre 30 y 35, en todos los gobiernos regionales, están dedicados al control de la gestión, incluso hay algunos donde no hay profesionales dedicados al control. O sea, ya hay una clara señal de cuánto importa cuando no tienes profesionales designados para eso.

Hay otros gobiernos regionales que se lo han tomado muy en serio, como el Gobierno Regional de Los Ríos, donde yo habito, donde hay dos o tres profesionales que están permanentemente observando la gestión y la implementación de los recursos. Entonces, esa disparidad nosotros la observamos desde múltiples organismos, seminarios, donde dijimos que el problema del control de la gestión es un problema en esta reforma.

Ese vacío se nota hoy día. Es decir, debimos haber tenido mucho más reforzadas las unidades de control de manera mandatoria, para que un gobernador, cuando asuma, sepa que esto es importante.

Segundo, me parece que la Contraloría General de la República perdió la oportunidad de haberse reforzado a nivel regional. O sea, la Contraloría es autónoma, pero tiene medidas que son muy útiles para los gobiernos regionales y para las municipalidades. Como, por ejemplo, los controles preventivos, cuando identifican procesos de gestión municipal y regional que son sensibles o gestiones que son susceptibles de encontrar falta de la probidad. Entonces, la Contraloría también debería descentralizarse y fortalecerse en materia de gestión y capital humano que permita potenciar los controles preventivos. Que son muy útiles.

Tercero, hoy día recién los gobernadores están viendo la falta de lo que algunos llaman musculatura de sus divisiones. Las divisiones de los gobiernos regionales son como los ministerios de los gobernadores. Pero esas divisiones no dan abasto para poder responder a las necesidades de las regiones, a través de los servicios públicos, de las municipalidades, para formular iniciativas. Están trabajando con los mismos funcionarios prácticamente desde hace diez años. Por esta cantidad que te mencioné, que son muy pocos, 2.100 funcionarios.

-Es un porcentaje muy mínimo…
-Para el gran volumen de recursos que tiene para invertir, esa proporcionalidad hoy día les está pesando a los gobernadores. Algunos dicen “no tengo musculatura para poder responder a las demandas de la economía regional, a la demanda del sector privado, a la demanda de la sociedad civil”, etc.

-Otro desafío extensamente analizado es la descentralización fiscal. ¿Cómo ves este ámbito en particular?
-La tiene cuesta arriba esa dimensión, porque es la que todo el mundo cuestiona, hasta los más progresistas de la descentralización. Pero creo que hay dos formas de avanzar en esta materia.

Una, es a través de lo que se denomina descentralización fiscal vía rentas regionales. Es decir, que cuando tú pagas el IVA, parte del IVA queda en el municipio, parte del IVA queda en el Gobierno Regional de ese municipio, y el otro IVA pasa al nivel central. Ese es el modelo alemán, que coparticipa en la recaudación, lo mismo con los impuestos. Yo creo que esa es la vía más difícil de explorar en Chile.

Creo que se puede avanzar más por la vía de la descentralización fiscal mediante fondos regionales. Es decir, participar a través de un fondo donde el nivel central aumenta el FNDR, o crea un fondo de equidad regional que está destinado a zonas apartadas de tu región.
Así se va a avanzar, a través de fortalecer el FNDR, a través de royalty, como se hizo con el royalty minero, donde tanto municipalidades como gobiernos regionales están avanzando. También podría ser a través de la creación de nuevos fondos que permitan a los gobiernos regionales dar respuesta a cierto tipo de demanda.

Pero este es el peor escenario para avanzar en materia de descentralización fiscal. Yo creo que los gobernadores lo entendieron muy bien y no están avanzando en esta dirección, sino que están avanzando más bien en el aumento de competencias, en la relación con algunos servicios públicos que son vitales para la región, participar en la coordinación de esos servicios, etc.

-¿Qué otro elemento te parece interesante destacar como desafío para este nuevo periodo de administración de las gobernadoras y los gobernadores?
-Los gobiernos regionales no tienen hoy día el mandato que tenían los intendentes antes, de coordinar a todos los servicios públicos para responder a las emergencias. Eso está radicado en los delegados. Entonces, el gran debate es: ¿qué rol cumplen los gobiernos regionales en las emergencias?

Uno puede distinguir tres momentos. En el de la prevención, ahí los gobiernos regionales debieran tener una participación importante en la prevención de desastres. No tan solo con sus recursos, sino que aquí es donde viene la complicación, porque la prevención de desastres se hace coordinando los servicios públicos que colaboran en los desastres. Segundo, la actuación durante las emergencias. Ahí entra el tema de seguridad interior y creo que los delegados tienen que mantener esa función. Y la tercera etapa es la reconstrucción. La solución definitiva también requiere la participación de los gobiernos regionales. Entonces, en la prevención y en la solución los gobernadores deberían tener una función. A lo menos, ser protagonistas en la coordinación.

Lo mismo pasa con la prevención de la seguridad. Debieran tener un rol importante como coordinador regional de la seguridad, no como sheriff de la región, el sheriff es el delegado. Lo mismo en la solución, algo que ya están haciendo los gobernadores. Muchos entregan patrulleras, cámaras de vigilancia, pero no tienen la capacidad como para coordinar programas que la región necesita y requiere con urgencia, esas son líneas nacionales que están centralizadas.