Francisca Perales y el royalty minero: “Es una de las políticas más importantes de este Gobierno”

La subsecretaria de Desarrollo Regional, Francisca Perales, es militante de Convergencia Social. Mientras su partido y el Frente Amplio (FA) están en proceso de negociación política y diseño orgánico, ella está trabajando en su despacho, lejos de la disolución partidaria. 

Fuentes al interior de su colectividad la nombran como una posible candidata a liderar el FA, pero ella asegura estar concentrada en la misión que le encomendó el Presidente: la distribución de parte de los fondos que establece la Ley de Royalty Minero.

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-¿Cómo avanza la agenda de la Subdere y cómo fue la gira a Calama?
-Partimos hace un par de semanas con el encuentro de la Asociación Chilena de Municipalidades que convocó una cantidad muy importante de alcaldes en Santiago, que recibimos durante esos días para poder revisar sus iniciativas particularmente.

En ese encuentro hice una presentación respecto al balance del rol de Subdere para el fortalecimiento municipal particularmente, donde dimos cuenta de que los compromisos que había establecido el Presidente Boric con los alcaldes se han cumplido.

Estas últimas semanas han estado bien marcadas para nosotros por (Ley de) Royalty, dado que la Subdere es la responsable de distribuir algunos de los fondos que establece la Ley de Royalty Minero, particularmente el Fondo de Guía Territorial y el Fondo de Comunas Mineras, que son dos fondos destinados a municipios y que el día viernes 12 de abril tuvieron su primera transformación en la transferencia a propósito de un anticipo, que fue un compromiso también durante la tramitación.

-Fueron 93.000 millones…
-Así es. El Presidente también dio cuenta de esa transferencia desde Calama, donde también mostró efectivamente que Calama, que es una comuna muy minera, es la que recibe más recursos del Fondo de Comunas Mineras particularmente.

-¿El balance ha sido positivo? 
-De todas maneras, hemos tenido un balance súper positivo. Muchas llamadas de alcaldes en agradecimiento por los recursos, considerando que ambos fondos permiten que 307 comunas del país, de las 345, sean las que reciban estos 93.000 millones. Es la inyección de recursos más grande desde el retorno a la democracia, en verdad, de recursos al sistema de financiamiento municipal. 

A propósito de que se les han entregado muchas atribuciones, pero eso no ha significado necesariamente una modificación en el sistema de financiamiento que tiene sus límites y que al mismo tiempo requiere ser revisado, no solamente en recursos, sino que también en cómo se utilizan los recursos públicos de los municipios.

-¿Esta es la política más relevante en descentralización y equidad territorial del Gobierno?
-Yo diría que es una de las más importantes. Tenemos una agenda que está marcada por distintos ámbitos y todas están con una planificación para los cuatro años de Gobierno. Lo primero, dar cuenta de que la agenda de descentralización, más marcadamente, ha estado en función de los gobiernos regionales más que de los municipios del último tiempo, a propósito de la promulgación de la Ley de Fortalecimiento de la Regionalización. 

Pero en materia municipal, yo diría que esta es la más importante que se ha hecho en el último tiempo, y es importante, considerando que el municipio es la primera cara del Estado ante las personas, que el municipio también se fortalezca, fortalezca sus capacidades, fortalezca su mecanismo de distribución de recursos y, al mismo tiempo, fortalezca los mecanismos de control ciudadano que se puedan establecer también en esa línea.

-El manejo de los recursos fiscales en los gobiernos locales ha generado noticia. ¿Existe algún mecanismo para fortalecer el control de los recursos fiscales?
-Claro. Primero, en términos más generales, yo diría que es importante que miremos la forma en cómo se distribuyen los recursos. Es con recaudación del Estado central y después distribución, ¿cierto? El Fondo Común Municipal, por ejemplo, es aquello, son los municipios los aportantes, el Gobierno Central recauda y después redistribuye.

-A través de las contribuciones, por ejemplo. 
-Claro, y efectivamente eso en función de densidad poblacional, de la capacidad de generar ingresos propios permanentes, que son la recaudación de los municipios, y, por tanto, ha habido también cuestionamientos a ese mecanismo de distribución y, por ejemplo, en el hito que fue en Calama, relevó que esto significa, evidentemente, mejorar el sistema de inyección de recursos también, que no sea solo redistributivo entre los municipios, sino que también el Estado recaude de otras formas y permita generar ese mejor funcionamiento. 

Particularmente el royalty va a tener que ser informado al Congreso Nacional y, por tanto, los municipios nos van a entregar a nosotros la información. Nosotros no determinamos en qué se utilizan los recursos, sino que el mismo municipio es el que lo determina. Solo no puede ser utilizado en deuda.

Nosotros recopilamos toda la información y se la vamos a entregar al Congreso para hacer seguimiento del uso de los recursos. Y, al mismo tiempo, vamos a armar una plataforma web de atención ciudadana, para que cualquier persona que quiera ver en qué se utilizaron los recursos tenga conocimiento sobre aquello. 

Ahí hay un primer control en royalty, y un segundo control es el rol fiscalizador que le corresponde al Concejo Municipal, porque los alcaldes y sus equipos van a tener que solicitar acuerdo del Concejo Municipal para incorporar los recursos del royalty a su presupuesto, porque son recursos extraordinarios.

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-¿Hay un intento de reivindicar el respeto a la institucionalidad?
-Exacto. Y, por tanto, eso fortalece nuestro sistema democrático también, que creo que es importante que podamos desarrollarlo, precisamente porque en los lugares donde prima la desconfianza entran otros tipos de organizaciones y, por otra parte, se debilita también la credibilidad del Estado. Entonces, creemos que eso nunca va a ser positivo y desde el Gobierno hemos impulsado muy fuertemente que podamos avanzar en eso.

-El royalty minero y la redistribución de los recursos, ¿es uno de los legados más importantes de este Gobierno?
-Bueno, primero, respecto al royalty, yo diría que sí es una de las políticas más importantes de este Gobierno. Y, precisamente, porque la idea de un royalty, de generar como mecanismo de compensación al país a propósito de la actividad productiva de la gran minería, se venía discutiendo hace muchísimos años. Partió hace 20 años.

Creo que el ministro Marcel lo dijo muy bien en el hito en Calama, que parte una discusión a propósito de que en la carga impositiva de la gran minería había un aporte nulo al Estado chileno, y que, al mismo tiempo, los conflictos que generaban en las comunidades también marcaban una fuerte posición desde distintos actores sociales y políticos del momento.

El royalty ha dado cuenta de que la inversión minera ha ido aumentando y esos datos ya están marcados a propósito de lo que ha planteado el mismo Ministerio de Hacienda en esa línea. Entonces, es una buena política porque, al mismo tiempo, resuelve las inquietudes de un sector productivo que destrabó su inversión luego de la promulgación de la Ley de Royalty. Y esos son los hechos que marcan la realidad del debate.  

-Debe haber alguna política de redistribución, ¿no? Porque evidentemente Calama no produce lo mismo que el Maule, por ejemplo…
-Claro, esto no tiene que ver con el royalty, pero efectivamente la idea es que se recaude en la región para que las prioridades de la región se vean reflejadas. Y posteriormente la distribución de los recursos. Y al menos yo diría que para nosotros lo más importante, además del royalty, para avanzar en descentralización, tiene que ver con la política. Es algo muy importante para, particularmente, los actores más institucionales, pero que tiene significado y repercusiones.

Si se hace de buena manera, en las políticas públicas que se pueden desarrollar en la región, por una parte, y, por otra parte, significa mejorar el proceso de transferencia de competencias, que es algo que los gobernadores también han reclamado que ha sido lento. Es importante decir que ha sido lento porque hay trabas institucionales que no son tan fáciles de resolver y todo proceso de descentralización, al menos en los comparados internacionales, no se resuelve en cuatro años. Se resuelve en procesos mucho más largos. Y el proyecto de ley de rentas regionales es una región más fuerte para nosotros, muy importante en esa línea, y queremos impulsarlo ahora prontamente, de nuevo.

-¿Hay algún margen de tiempo para dejar estas políticas en marcha?
-Para nosotros el proyecto de renta de descentralización fiscal, el de regiones más fuertes, vamos a retomar la tramitación prontamente durante este año, y es de nuestro interés que se apruebe en este Gobierno.

Y la política, dejarla fijada también en este Gobierno. Y, bueno, si de la política se desglosa una agenda legislativa, lo veremos en su momento, pero estamos dialogando también con el mundo parlamentario, precisamente porque creemos que una de las oportunidades que tiene la descentralización es justamente que puede captar intereses de todos los sectores políticos.

-El caso Fundaciones y en las gobernaciones, también dejó en evidencia este sistema o Estado no bien aceptado en términos de transparencia. En las políticas de descentralización, de las que usted ha hablado, ¿van a abordar ese tipo de temáticas de transparencia, de vigilancia?
-Se están abordando en paralelo. Yo diría, primero, que los gobiernos regionales tienen una planta que es muy antigua. Los gobernadores han manifestado que quieren trabajar un proyecto que actualice los DFL correspondientes a la planta funcionaria que tienen. Al mismo tiempo, los gobiernos regionales, no me corresponde a mí dar cuenta de esto, porque ellos tienen total independencia para poder realizarlo, pero sí es importante comentar que están trabajando en una agenda con la Contraloría General de la República para poder darle sostenibilidad al rol de los gobernadores en materia de integridad.

Y, por otra parte, poder establecer mecanismos que aumenten el control. Para eso, la Ley de Presupuestos del año 2024 también establece mecanismos de control, sobre todo en la asignación de recursos discrecionales que había anteriormente. 

Sobre eso, el Consejo Regional es el que tiene el rol de fiscalización en esa línea. Ahí hay una agenda importante en esa materia. Lo segundo, es una parte de gobernadores con la Contraloría. En tercer lugar, volviendo al punto de la Ley de Presupuestos, no solamente se bajó el margen de la discrecionalidad, sino que también se entregó total concursabilidad a la entrega de recursos hacia privados, que anteriormente no era de esa manera, había mucha asignación directa y eso es parte de los problemas que se generaron en los mecanismos de control de los casos correspondientes a fundaciones. Nosotros trabajamos, incorporamos a los gobiernos regionales en capacitaciones, también les hacemos asistencia técnica en materia de fortalecimiento, tanto en el rol de administración financiera del Gobierno Regional, porque anteriormente toda la administración financiera la hacía la subdirección.

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-¿Ese acompañamiento va a ser continuo?
-Continuo. Como te decía anteriormente, el presupuesto… El presupuesto de los gobiernos regionales era administrado desde la subdirección y el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Eso, durante este Gobierno, se entrega con toda ley, porque evidentemente la agenda de descentralización así lo obligaba: que los gobiernos regionales administraran directamente el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Si no, no tenía sentido que hubiera un gobernador regional electo y que el Gobierno Central le administrara la totalidad de los recursos.