PAÍS
El máximo tribunal acogió lo señalado por Gendarmería, fiscalía e Interior en orden a los riesgos de seguridad que entraña el llevar a todos los miembros de “Los Gallegos” al tribunal y detuvo -por ahora- el traslado de los que no están presos en la cárcel de Acha.
Luego de que la fiscalía de Arica, Gendarmería y el ministerio del Interior apelaran ayer de la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones de Arica, que ordenó que el lunes estuvieran presentes los 37 miembros de “Los Gallegos” que van a ser enjuiciados por delitos como homicidio, secuestro, narcotráfico y trata de personas (entre otras cosas), la Corte Suprema le quitó el piso al tribunal de alzada de Arica y decidió acceder a la orden de no innovar que buscaba paralizar el traslado de más de la mitad de los imputados desde penales de todo el país a Arica, debido a motivos de seguridad.
De este modo, mientras no se resuelva el fondo del asunto, el juicio en contra de los integrantes de la organización criminal trasnacional, que forma parte del Tren de Aragua, se debería iniciar en forma semipresencial, pues 18 de “Los Gallegos” se encuentran en el penal de Acha, en Arica, y otros 19 asistirán vía zoom desde penales de todo el país, lo que hace bajar un poco la temperatura de un caso que estaba generando mucho conflicto, ante el elevado perfil criminógeno de los imputados y la inquietud que existe en la ciudad.
Cabe mencionar que, además del informe secreto que Gendarmería entregó a la corte, que esta desconoció, El Mostrador tuvo acceso a otro documento reservado de la misma institución, entregado el jueves al Tribunal Oral en lo Penal, en el cual se ejemplifica el nivel de peligrosidad de los imputados aludiendo al crimen del exteniente del Ejército venezolano Ronald Ojeda.
En efecto, el oficio, firmado por el coronel Rubén Pérez, inspector operativo (subrogante) de Gendarmería a nivel nacional, indica que “se hace necesario indicar que los imputados pertenecen a una organización transnacional que cuenta con recursos financieros, logísticos, armamento y preparación coordinada para ejecutar acciones delictuales, tales como lo sucedido con el reciente asesinato del Teniente Ronald Ojeda, quien fue sacado violentamente de su domicilio en Santiago por sujetos que portaban vestimenta de la PDI“.
Al respecto, Pérez recuerda que “este incidente, perpetrado por eventuales integrantes de una banda criminal venezolana, tuvo repercusiones devastadoras a nivel nacional e internacional, generando un profundo impacto en la percepción de seguridad y estabilidad en el país. Esta experiencia sirve como un claro recordatorio de los peligros que enfrentan los funcionarios públicos y la población en general en un entorno propenso a la violencia y la delincuencia organizada, más aún por el alto poder de fuego y organización que estos presentan”.
El mismo reporte dice además que “la realización de un juicio presencial expone a todas las partes involucradas a un riesgo inminente de ataques armados por parte de esta organización criminal. En un entorno donde los sujetos podrían intentar planificar una fuga a los imputados, lo cual puede ser a cualquier costo, la presencia física en el tribunal se convierte en un blanco fácil para la perpetración de actos violentos”.
Asimismo, según la institución carcelaria, “la realización de un juicio presencial aumenta el riesgo de secuestro de personas clave en el proceso judicial, como jueces, abogados, testigos y hasta los mismos acusados”.
Como si ello no fuera suficiente, se advierte también que un proceso con todos los imputados presentes “en un entorno vulnerable, podría desencadenar una ola de violencia y caos que afectaría la estabilidad y la paz pública en la región, y más aún en el país, debido a que es una organización transnacional”.
El fiscal regional de Arica, Mario Carrera, dijo que la decisión de la Corte Suprema los deja conformes como Ministerio Público. Esto, añadió, “sin perjuicio de que estamos en condiciones de realizar el juicio en la forma en que determinen en definitiva los tribunales”.
El fiscal Carrera también valoró el hecho de que se haya acogido la orden de no innovar, lo que sin embargo “no implica que ya esté resuelto, sino que simplemente durante la próxima semana la Corte Suprema va a resolver en definitiva si se ha dado luz verde al traslado o no“. No obstante, el persecutor afirmó que están preparados para “cualquier situación” y esperan que el juicio se inicie el día lunes para poder presentar sus pruebas.
