Con la convocatoria de los postulantes para llenar los cupos de los ministros Haroldo Brito y Jorge Dahm, se retomó el proceso de nombramientos en la Corte Suprema. Sin embargo, sigue pendiente una decisión respecto a la postulación de los jueces Jessica González y Jorge Pizarro.
Aunque la Corte Suprema había dicho que no conformaría más quinas mientras no se despejaran los nombramientos pendientes más antiguos –léase las vacantes que dejaron el magistrado Guillermo Silva y la fiscal judicial Lya Cabello–, el Pleno decidió dar una señal. Y acordó, el lunes 13 de mayo, convocar a una audiencia pública, para el próximo 22 de julio a las 14:00 horas, a los candidatos que fueron aceptados para postular a integrar el máximo tribunal del país, en reemplazo de los últimos ministros que se jubilaron: Haroldo Brito y Jorge Dahm.
La resolución se aprobó con el voto en contra de los ministros Andrea Muñoz, Manuel Valderrama y Mauricio Silva, quienes estuvieron por no confeccionar una nueva quina mientras estuviera pendiente resolver (por el Gobierno y el Senado) la vacante del exministro Guillermo Silva Gundelach. Esto proceso de reemplazo ha roto todos los récords de demora, según el Observatorio Judicial: “Superando el récord de 263 días que tomó nombrar al ministro Arturo Prado en la vacante del ministro Pedro Pierry (en 2017)”.
Los postulantes para llenar los cupos de los ministros Brito y Dahm, según orden de antigüedad en el escalafón primario del Poder Judicial, son los siguientes ministros y ministras: Juan Manuel Muñoz Pardo, Corte de Apelaciones de Santiago (por derecho propio, por antigüedad); Mario Gómez Montoya, Corte de Apelaciones de Valparaíso; Eliana Quezada Muñoz, también de la Corte de Valparaíso; Miguel Vásquez Plaza, de la Corte de Santiago; Roberto Contreras Olivares, de la Corte de San Miguel; Hernán Crisosto Greisse, de la Corte de Santiago; Omar Astudillo Contreras, también de la Corte de Santiago; María Carolina Catepillán Lobos, de la Corte de San Miguel; Sylvia Pizarro Barahona, también de San Miguel; Marisol Rojas Moya, de Santiago; Mireya López Miranda, de Santiago; Liliana Mera Muñoz, de San Miguel; Romy Rutherford Parentti, de Santiago; Álvaro Mesa Latorre, de Temuco; Marcia Undurraga Jensen, de Valdivia (solo postula al cupo del ministro Dahm); y Vicente Hormazábal Abarzúa, de la Corte de Apelaciones de La Serena.
Después de la audiencia que se realizará en julio, el Pleno conformará las dos quinas, una para cada ministro, que serán enviadas al Presidente de la República, quien propondrá al Senado a uno de los nombres que figuran en cada una. Estas propuestas del Ejecutivo a la Cámara Alta deberán ser ratificadas por los 2/3 de los senadores en ejercicio. Una tarea que hasta ahora ha resultado cuesta arriba, y un acertijo para el Gobierno. Esto, pues tras la jubilación del ministro Silva, en noviembre de 2022, no le ha sido posible obtener ese esquivo 2/3 del Senado.
Para el puesto de reemplazo del magistrado Guillermo Silva el Ejecutivo propuso, en junio del año pasado, a la jueza de la Corte de Apelaciones de Santiago Jessica González; sin embargo, un mes después la “bajó” por falta de apoyos. Y en diciembre del año pasado, el Ministerio de Justicia, tras el nombramiento del Defensor de la Niñez (que también estuvo meses en el aire), repuso el nombre de González, pero hasta ahora no ha sido ratificada por el Senado.
Un tira y afloja al que se sumó la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema, al jubilarse en septiembre de 2023 la fiscal Lya Cabello. Tras el debido procedimiento (quina confeccionada por la Corte Suprema y elección del Presidente), fue propuesto para llenar ese cupo el ministro de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt Jorge Pizarro Astudillo, pero una vez en el Senado el decreto presidencial, su nombre fue retirado.
Así las cosas, al día de hoy, cosa inédita, existen cuatro cupos por llenarse en la Corte Suprema.
En noviembre de 2023 se jubiló el ministro Haroldo Brito y a fines de diciembre lo hizo el magistrado Jorge Dahm. Así se sumaron dos vacantes más en la Suprema. Entonces los magistrados decidieron que no confeccionarían más quinas mientras no se destrabaran los nombramientos pendientes. Pero “cosas de la política y los acuerdos para mantener los equilibrios internos”, hicieron al máximo tribunal flexibilizar este criterio, señala una fuente.
El rompecabezas debe contemplar las sensibilidades de los candidatos. Con la complejidad de que todos los integrantes de la Corte Suprema a ser reemplazados son personas de sensibilidad de centro político, o de centroizquierda, cuestión que –atendida la actual conformación del Senado– se estima imposible de reproducir, con lo que el mundo “progresista” perdería presencia en el máximo tribunal. Además, juega el criterio de la paridad. Hasta ahora, el Gobierno ha apostado por negociar en bloque los distintos cargos disponibles.
A los 4 cupos de la Corte Suprema, habría que agregar el cargo de Contralor General de la República, que dejó Jorge Bermúdez en diciembre.
“El factor común es la dificultad creciente del Poder Ejecutivo para aunar voluntades en el Senado, probablemente, producto del fraccionamiento y la polarización política. Esto se manifiesta, contra lo que cabría pensar, principalmente en el período en que el Ejecutivo debe nombrar a un miembro de la nómina propuesto por la Corte Suprema, durante el transcurso del cual se sondean los apoyos de los distintos candidatos. Entonces, salvo excepciones, cuando el Presidente de la República propone un candidato para la ratificación del Senado, los apoyos suelen estar previamente asegurados”, detalla el artículo del Observatorio Judicial, titulado “El nombramiento más lento de la historia”.
Y en octubre próximo se jubila el magistrado Juan Eduardo Fuentes.
