BRAGA
Crédito: Agencia Uno
Dentro de las conclusiones del estudio elaborado por Aprofa llamado “Educación Sexual en Chile. Orientaciones para una política pública”, se recomendó al Ministerio de Educación capacitar a los y las docentes de todos los niveles en educación sexual y Derechos Humanos, ya que consideran que es fundamental que se encuentre presente en los objetivos de aprendizaje de las bases curriculares, y en las mallas de formación inicial docente.
La Asociación chilena de Protección de la Familia (Aprofa), elaboró el estudio “Educación Sexual en Chile. Orientaciones para una política pública”, en el que analiza el desarrollo histórico de las políticas de educación sexual en el país, junto con establecer una comparación de la situación local en otros países de América Latina y el Caribe.
Según explicó la directora ejecutiva de la asociación, Débora Solíx, “el informe tiene por objeto poner en conocimiento de la población respecto de cómo se ha ido desarrollando la educación sexual en nuestro país. Para esto, se analizan a las y los actores involucrados en la aplicación de las políticas que apuntan a su desarrollo, sobre todo en las labores que competen a los ministerios de Educación y Salud, y su responsabilidad en la aplicación de la política pública”.
Este estudio contempla una retrospectiva de la evolución de las distintas políticas sobre educación sexual aplicadas en Chile, en la que se desglosa su funcionamiento y alcances.
Entre ellas, destacan el programa “Vida Familiar y Educación sexual” implementado en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, en la década del 60, y otros programas que tuvieron un corte abrupto, como las Jornadas de Conversación sobre Afectividad y Sexualidad, más conocidas como JOCAS, a mediados de los 90.
“Los principales ejes de preocupación son los que se refieren a las limitaciones que han tenido las distintas instituciones en la aplicación de los planes y programas. Existen normas, planes y programas que apuntan de manera progresiva al desarrollo, pero que se ven truncados por deficiencias transversales, como la falta de financiamiento, capacitaciones a trabajadoras/es y verificación en su aplicación”, opina Solís.
El informe también hace hincapié en la importancia de observar y cumplir los compromisos adquiridos por Chile en diversos tratados y convenciones internacionales sobre la materia, y en contemplar una mirada de Derechos Humanos en la educación sexual, para así englobar el respeto y la aceptación por las minorías sexuales y sus necesidades particulares.
Por último, se plantean recomendaciones para la implementación de políticas públicas en la materia dirigidas al Estado chileno, entre las que se cuenta una preocupación especial por la formación docente. “Entender cómo se han llevado a cabo las distintas políticas públicas sobre educación sexual en Chile, y la labor que realizan a la par otros países, nos permitirá hacer un diagnóstico más acabado de la realidad actual y determinar cuáles son las mejores herramientas para potenciar la eficacia de nuestras acciones en educación sexualidad, sobre todo en un contexto donde la salud es la preocupación angular de todos”, concluye Solís.
Revisa el informe en detalle AQUÍ.
