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Probidad y transparencia en los municipios: una tarea pendiente

por 8 agosto, 2019

Probidad y transparencia en los municipios: una tarea pendiente
Nuestros ojos debieran mirar con más atención lo que pasa en este ámbito tan relevante para la vida cotidiana de nuestros vecinos y vecinas. No olvidemos que es en la comuna y el municipio donde el Estado cobra rostro y –si se me permite– hasta cierta corporeidad. Es en los consultorios de salud municipales, en los establecimientos educacionales, en los parques y plazas, cuando las hay, en las calles o en la oficina de empleos, donde nuestra gente ejerce sus derechos y ciudadaniza de modo vivencial su relación con las instituciones.
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En octubre de 2020 se llevarán a cabo las próximas elecciones municipales, donde la ciudadanía local deberá concurrir a las urnas para expresar sus preferencias, en cuanto a quién regirá los destinos de su municipalidad por cuatro años y, también, deberá elegir a los integrantes del cuerpo de concejales que tienen, por misión primera, fiscalizar la acción del alcalde o de la alcaldesa.

Más allá de la discusión sobre cuál será el método que elegirán los partidos para determinar sus candidatos a los distintos cargos y si optarán por uno u otro tipo de alianzas, el Instituto Igualdad considera pertinente preguntarse si la institucionalidad municipal chilena está a la altura de los desafíos de transparencia y probidad que la ciudadanía está exigiendo en la época actual a todas las instituciones republicanas. O dicho de otro modo, ¿el sistema municipal chileno está en condiciones de garantizar estándares de integridad y transparencia, que permitan alejar cualquier duda de conflictos de interés, opacidades, nepotismo e incluso corrupción?

Por alguna razón que desconocemos –más allá de algunos escándalos vinculados a viáticos y viajes para dudosas capacitaciones, conflictos por contrataciones de parientes o adjudicaciones de contratos sin licitaciones transparentes–, lo cierto es que el mundo municipal, a diferencia de las instituciones de la administración central o de los partidos políticos, ha logrado pasar la ola sin mayores caídas ni zozobras.

Solo a modo de recordatorio, es insoslayable abordar –entre otras muchas medidas administrativas y legislativas– la necesidad de mecanismos que potencien la profesionalización del personal municipal, las exigencias de títulos profesionales idóneos para ciertas unidades municipales relevantes e impedir la contratación de personal a honorarios en los períodos electorales.

Sin embargo, nuestros ojos debieran mirar con más atención lo que pasa en este ámbito tan relevante para la vida cotidiana de nuestros vecinos y vecinas. No olvidemos que es en la comuna y el municipio donde el Estado cobra rostro y –si se me permite– hasta cierta corporeidad. Es en los consultorios de salud municipales, en los establecimientos educacionales, en los parques y plazas, cuando las hay, en las calles con o sin luminarias o en la oficina de empleos, donde nuestra gente ejerce sus derechos y ciudadaniza de modo vivencial su relación con la burocracia y las instituciones.

Por eso, es tan determinante preocuparnos por la forma y modo en que las municipalidades entregan estos servicios a la comunidad y, en particular, cómo las políticas públicas ejecutadas a través de esta ventanilla se aplican y ejecutan con apego estricto, no solo a los principios de eficiencia y eficacia de la administración, sino también a la probidad y la transparencia.

Es hora, antes de que sea tarde, que nuestros gobernantes se aboquen preventivamente a resolver cuestiones que, ya en su oportunidad, el Consejo Asesor Presidencial para los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción, nos hiciera ver en el ámbito municipal y que, lamentablemente por falta de tiempo –cronológico y político– no pudo ser abordado legislativamente durante el último Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.

Solo a modo de recordatorio, es insoslayable abordar –entre otras muchas medidas administrativas y legislativas– la necesidad de mecanismos que potencien la profesionalización del personal municipal, las exigencias de títulos profesionales idóneos para ciertas unidades municipales relevantes e impedir la contratación de personal a honorarios en los períodos electorales.

También lo es establecer la obligatoriedad de estándares exigentes en materia de gestión e información financiera, con la debida sanción por incumplimiento, como la transparencia y calidad en las licitaciones y tratos directos, junto con establecer la auditoría por parte de la Contraloría de las compras, adquisiciones y licitaciones que sobrepasen cierto umbral. Y, por cierto, el necesario límite a la reelección de los alcaldes, proyecto que, dicho sea de paso, duerme en el Senado luego de haber sido aprobado por la Cámara de Diputados.

El tiempo se agota, octubre del 2020 está muy cerca.

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