EDITORIAL
La idea de un “defensor del contribuyente” como mecanismo que permite una mayor simetría y equidad entre los servicios tributarios y los contribuyentes, es muy positiva y ha tenido buenos resultados en los países donde se ha implementado. Pero en la Reforma Tributaria propuesta por el Ejecutivo se contempla algo lejano a los estándares con que se aplica en otras naciones. El actual proyecto solo contempla un ente mediador, una instancia administrativa prejudicial del propio Ministerio de Hacienda, lo que a todas luces es insuficiente y realmente no ayudaría a los pequeños y medianos contribuyentes –que no tienen la posibilidad de contratar costosas asesorías y defensas tributarias– a mejorar su desmedrada posición frente al poder del Estado.
Entre los argumentos novedosos entregados por el Gobierno para la aprobación de su Proyecto de Reforma Tributaria, se encuentra la creación de un mecanismo denominado Defensoría de los Derechos del Contribuyente (DEDECON). Su objetivo es compatibilizar el rol fiscalizador del Servicio de Impuestos Internos (SII) con los anhelos e inquietudes de los contribuyentes que no pueden pagar asesorías tributarias costosas (especialmente las pymes), para que se respeten sus derechos por parte del órgano fiscalizador.
Pese a ser una medida interesante y necesaria, destinada a generar confianza entre el contribuyente y la autoridad tributaria, el Gobierno aterriza esta iniciativa con demasiada timidez, dejándola solo como un medio para evitar litigios con el SII y siempre bajo el control del Ministerio de Hacienda. Se trata de incentivar, como señala el Mensaje de la Ley, “buenas prácticas de fiscalización y cumplimiento tributario”.
La idea de un “defensor del contribuyente”, como mecanismo que permite una mayor simetría y equidad entre los servicios tributarios y los contribuyentes, es muy positiva y ha tenido buenos resultados en los países donde se ha implementado. Pero en la Reforma Tributaria propuesta está bastante lejos de los estándares con que se aplica en otras naciones, y muy por debajo de las recomendaciones del Banco Mundial sobre la materia.
Según datos del Ministerio de Hacienda, que llama a esta iniciativa Justicia Social Tributaria, el stock de causas se disparó el año 2013 cuando se instalaron los 4 Tribunales Tributarios y Aduaneros, dos en la RM, uno en Valparaíso y otros en la VI Región, demostrando que había un problema de inequidad y posible abuso de poder del SII frente a los contribuyentes medianos y pequeños.
El mecanismo de “defensoría” ideado por el Gobierno y que contiene el actual texto de la Reforma Tributaria, solo serviría como un ente mediador, una instancia administrativa prejudicial del propio Ministerio de Hacienda, lo que a todas luces es insuficiente y realmente no ayudaría a los pequeños y medianos contribuyentes a mejorar su desmedrada posición frente al poder del Estado.
Un informe de febrero de 2019 del Banco Mundial, “Organismos de Defensoría del Contribuyente en América Latina: Experiencias y Oportunidades de Mejora”, analiza las mejores prácticas en México, Perú y Colombia, enfocándose en las pymes, y entrega una serie de recomendaciones que vale tener a la vista, si se quiere de verdad lograr el objetivo de implementar un sistema de protección del pequeño y mediano contribuyente:
Autonomía funcional: en tanto esta aporta mayor eficacia a las acciones de las defensorías y les otorga mayor credibilidad institucional entre los contribuyentes.
Presupuesto propio, sujeto a evaluación: aportando un margen más amplio para el desarrollo de sus actividades, y convirtiendo el control de resultados en un incentivo para la mejora continua.
Personal suficiente, especializado y con comportamiento ético: a pesar de las restricciones presupuestarias, es indispensable garantizar estas condiciones para asegurar una provisión de servicios eficaz, eficiente y honesta.
Un marco normativo adecuado: que reconozca los derechos de los contribuyentes, pues los derechos regulados legislativamente son clave para lograr la confianza del contribuyente y brindar una base jurídica a las acciones de la Defensoría, para garantizarlos.
Difusión: no hay cumplimiento fiscal voluntario si los contribuyentes no están conscientes de sus derechos y obligaciones, y si no saben que existen instituciones para su defensa.
Atención a todo tipo de contribuyentes, principalmente a los más pequeños: para combatir los elementos de regresividad que suelen presentar los sistemas tributarios y la imposibilidad de contratar especialistas en la materia, en caso de tener problemas con el fisco
En el caso de la DEFCON Perú, sobresale la posibilidad de que la defensoría intervenga, incluso, en las etapas contenciosas del procedimiento tributario, es decir, no es solo administrativo. Tiene además un Programa de Asistencia Social, al igual que en Colombia, donde la defensoría realiza estudios de los costos de cumplimiento tributario y genera propuestas de simplificación en materia tributaria, en beneficio de las pymes.
Si no todos, la mayoría de los puntos de este informe no se contempla en el proyecto del Ejecutivo y resulta evidente que, junto con requerir la opinión constitucional de la Corte Suprema, es menester hacerlo, si realmente se quiere adoptar la decisión política de poner frente al Servicio de Impuestos Internos un mecanismo de equidad tributaria y de control. Sobre todo si la tendencia sigue siendo dar más capacidades intrusivas y decisorias al SII, incluso en materia penal, lo que dejaría una ventana abierta al abuso y la corrupción, si no se equilibra.
Un proyecto modernizador tributario, como el que pretende el Gobierno, debe necesariamente ahondar en este resguardo, dando una clara señal a los sectores medios y de menores ingresos de que en materia de impuestos no son menos que los grandes contribuyentes. No se puede olvidar, por lo demás, que –de tanto en tanto– son estos últimos los que, con sus costosas asesorías y defensas tributarias, ponen en jaque al Estado en esta materia.
