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La extradición de Carlos Cardoen y los secretos de la Cancillería chilena

por 23 septiembre, 2019

La extradición de Carlos Cardoen y los secretos de la Cancillería chilena
Lo que llama mucho la atención, en el caso Cardoen, es que en Chile todo aparezca como apoyo entre amigos y nadie se haga cargo de la responsabilidad de Estado que ciertos hechos implican. En este caso, la Cancillería ahora debiera responder oficialmente si hubo o no sustracción o manipulación de documentos oficiales que debieran reposar seguros en los archivos secretos estatales. O, por el contrario, estamos ante otro hecho grave de inseguridad nacional, del cual nadie se hace cargo.
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Hace pocos días la defensa de Carlos Cardoen, en el procedimiento de extradición solicitado por la justicia norteamericana y que conoce nuestra Corte Suprema, dio a conocer que habría presentado al ministro instructor, Carlos Aránguiz, 14 documentos que probarían que las autoridades estadounidenses conocían todas las actividades del empresario chileno, y que el mentado contrabando de circonio a Irak sería una imputación falsa y una vendetta política contra el otrora fabricante de armas.

En los más de 25 años que tiene el problema, nunca se han debatido los hechos ante algún tribunal. El contrabando de circonio, un material estratégico, es en Estados Unidos un delito federal que debe ser perseguido hasta el final, pero Cardoen no consintió en comparecer ante la justicia de dicho país por –a su entender– falta de garantías procesales, y el juicio quedó sin curso inmediato, mientras los fiscales hacían otras diligencias indagatorias.

A su vez, la justicia estadounidense solicitó a Interpol una Alerta Roja Internacional que ancló al empresario en Chile sin poder viajar al exterior en más de 20 años, y nunca levantó esta Alerta Roja, la que sigue vigente. Recién ahora la justicia de Estados Unidos solicita la extradición del empresario, eventualmente porque tiene nuevos antecedentes o, simplemente, para cerrar definitivamente el caso.

La estrategia de defensa de Cardoen desde los años 90 se orientó a transformar su caso en un problema de Estado y de Derechos Humanos, envuelto en una pretendida conspiración de la CIA para dañarlo. En 1994 declaró a la revista Qué Pasa (10/12/94): “Todo el tema mío no es jurídico ni comercial, sino político. La persecución contra mí ha llegado a un nivel tal que estimo extremadamente importante algún tipo de acción por parte del Gobierno chileno”.

Es esta estrategia la que ahora se debe validar ante la Corte Suprema, en gran medida con los documentos presentados, de los cuales constaría que el Gobierno norteamericano habría estado enterado y habría validado todo lo actuado por Cardoen. De documentos reservados o secretos del Estado de Chile quedaría en evidencia, según la defensa, que el tema fue tratado en reuniones oficiales de autoridades chilenas y estadounidenses en los años 80.

En marzo de 2015, El Mostrador publicó una extensa crónica, (Los documentos secretos de la Cancillería y el Caso Cardoen ) basada en copias de documentos a los que se tuvo acceso, algunos de los cuales forman parte del dossier entregado por la defensa de Cardoen al ministro Aránguiz. En un pormenorizado recuento de los hechos, queda claro que  existe la posibilidad de que los originales hayan sido manipulados o adulterados.

Esa crónica señala que los papeles podían ya ser conocidos por los fiscales de EE.UU., pero que por alguna razón –que no se pudo aclarar– ellos no les otorgaban credibilidad. La nota planteaba derechamente que en este caso la responsabilidad recaía en la Cancillería chilena, la que debía confirmar si se trataba de copias auténticas de documentos oficiales de su archivo secreto, para descartar una sustracción o manipulación de sellos y archivos oficiales de Chile por parte de terceros, lo que dejaría muy mal parada la imagen del país.

Nunca hubo una respuesta y ni siquiera una reacción de parte de las autoridades, pese a que Carlos Cardoen ha contado –por motivos ajenos a esta columna– con el apoyo político transversal más amplio en estos 25 años, incluidos todos los cancilleres del país desde 1990 hasta hoy.

Nuevos misterios de la Cancillería

Entre esas fotocopias hay una referida a un Oficio Secreto N°074 de 20 de agosto de 1987 del director de Relaciones Bilaterales, Uldaricio Figueroa Pla, al embajador en Estados Unidos, conteniendo una minuta de las conversaciones entre el subsecretario asistente para las Relaciones con América Latina, Robert Gelbard, y el miembro de la Junta de Gobierno y comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, Fernando Matthei, y que lleva la firma de René Rojas Callejas, encargado del Escritorio Estados Unidos. En ese Oficio Secreto, Uldaricio Figueroa solo se refiere a una reunión entre Gelbard y Matthei del 19 de agosto, y ninguna otra. Y la minuta sería uno de los documentos adulterados en su punto 5 para poner en boca del general Matthei el interés de “… la Fuerza Aérea de Chile… que esos envíos (se refiere a las bombas de racimo con circonio. NR) no fuesen obstaculizados”.

Pero el set entregado por Joanna Heskia, abogada de Cardoen, al ministro Aránguiz, ha hecho aparecer un nuevo elemento de duda.

En él se agrega copia de una Declaración Jurada Notarial de fecha 5 de abril de 1995 del general Matthei, en que declara haber tenido otra reunión con el subsecretario Gelbard, el embajador Harry Barnes y René Rojas Callejas,  que no consta en ningún otro documento oficial, y en la que se habría conversado el tema Cardoen. En ella, Matthei habría pedido que la importación no fuera obstaculizada por Estados Unidos, según declaró la abogada a la prensa. Parece extraño que una reunión de esta naturaleza solo exista en una declaración jurada siete años después de ocurrida y no tenga registro en los archivos oficiales de ambas cancillerías, la chilena y la estadounidense.

Según ha declarado públicamente Carlos Cardoen (nunca respondió al requerimiento de una entrevista con El Mostrador), la venta del material estratégico en bombas de racimo a Irak era un hecho conocido e incentivado por agencias del Gobierno estadounidense. También lo era por parte de las autoridades chilenas, para quienes el tema implicaba intereses compartidos con EE.UU. en un área sensible de su política exterior. En opinión del empresario, nunca ha habido conducta delictual en sus actos sino una conspiración contra él, alimentada posiblemente por la CIA y los escándalos en que se vio envuelta en los años en que surgió el conflicto.

De acuerdo a lo que efectivamente ha sido la política exterior de Estados Unidos, las afirmaciones del empresario no están muy lejos de la realidad y tal vez pueda demostrar efectivamente que ha sido objeto de una conspiración.

Pero lo que llama mucho la atención es que en Chile todo aparezca como apoyo entre amigos y nadie se haga cargo de la responsabilidad de Estado que ciertos hechos implican. En este caso, la Cancillería ahora debiera responder oficialmente si hubo o no sustracción o manipulación de documentos oficiales que debieran reposar seguros en los archivos secretos estatales. O, por el contrario, estamos ante otro hecho grave de inseguridad nacional, del cual nadie se hace cargo.

En todo caso, la extradición de Carlos Cardoen está con resultado incierto, más allá de la prescripción de los delitos que se le imputan, como en su oportunidad declaró su abogado.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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