Opinión
Estos contienen una gran cantidad de material para investigadores, historiadores y analistas políticos acerca de las relaciones con Estados Unidos en época cercana al Plebiscito del 88, y a los que se les introdujeron breves alteraciones, para crear un sentido que no tenían, hacer fe de algo falso, y todo ello en plena democracia.
Carlos Cardoen nunca pensó que su problema con Estados Unidos duraría tanto. Mal que mal, para un ingeniero audaz e innovador en sus negocios, sobre todo de armas, oportunidad, velocidad y precisión son máximas indiscutibles en cada una de sus operaciones. Pero algo salió mal esta vez, y él se encuentra inmovilizado frente a un problema con el gobierno estadounidense, pese a que ya han transcurrido más 20 años de los hechos. Casi un tercio de su vida.
En estos días, el ingeniero espera revertir al menos una parte de sus problemas, logrando que Interpol deje sin efecto la Alerta Roja que lo mantiene inmovilizado en Chile. Según sus abogados, la Alerta Roja de Interpol poco tiene hoy que ver con el juicio pendiente en Estados Unidos. La medida se aplica a gente inubicable o fugada de la justicia, mientras que Cardoen tiene domicilio conocido y lo único que desea es que Estados Unidos concrete la petición de extradición para que se resuelvan en sede nacional los delitos que se le imputan. De hecho, la mantención de la petición de Alerta Roja atentaría directamente contra los derechos humanos individuales de Carlos Cardoen.
Cuánto afectaría el escenario la aparición de documentos secretos y reservados, adulterados donde se menciona el caso Cardoen, provenientes de la Cancillería chilena –de lo cual trata esta crónica–, no se sabe. Solo queda claro que se vería afectada la fe pública del Estado de Chile, y la falta de rigurosidad de las autoridades de la Cancillería al momento de intervenir oficialmente ante autoridades norteamericanas en favor de Carlos Cardoen y, lo peor de todo, la vulnerabilidad de los archivos secretos. Si ella no despeja de manera clara las dudas que plantean los documentos, quedaría meridianamente en claro que alguien, con acceso a documentos reservados y secretos de la Cancillería, hizo un esfuerzo “por construir” una verdad estatal, en torno a la venta de armas con circonio a Irak por parte de Carlos Cardoen.
[cita]Estamos ante un hecho insólito y grave que la Cancillería debiera despejar del todo, descartando de raíz la eventualidad de adulteraciones, favorables en este caso para Carlos Cardoen, quien en 1994 empezó a tener problemas para poder viajar por el mundo y quedó anclado en Chile por la Alerta Roja.[/cita]
Aunque parezca ser historia de espías y corrupción, la Cancillería es la única que puede aclarar si los documentos adulterados, cuya reproducción acompañamos, difieren de los originales, que debieran reposar en las bóvedas del Ministerio de Relaciones Exteriores.
En 1994, recién iniciados sus problemas con la Alerta Roja solicitada por Estados Unidos a la Interpol, Carlos Cardoen declaró a revista Qué Pasa (10/12/1994): “Todo el tema mío no es jurídico ni comercial, sino político. Es netamente político”. Y agregó: “La persecución contra mí ha llegado a un nivel tal que estimo extremadamente importante algún tipo de acción por parte del gobierno chileno”.
El empresario acababa de bajarse, por recomendación de sus abogados, de la gira político-empresarial a Europa con el Presidente Eduardo Frei. Sus dolidas declaraciones se referían a que el juicio por contrabando, entablado por el gobierno estadounidense ante una Corte de Miami, carecía de todo fundamento.
Según Cardoen, la venta del material estratégico en bombas de racimo a Irak era un hecho conocido e incentivado por agencias del gobierno estadounidense. También lo era por parte de las autoridades chilenas, para las cuales el hecho era una clara evidencia de la existencia de intereses compartidos con EE.UU. en un área altamente sensible de su política exterior, que podía utilizarse para suavizar las ásperas relaciones bilaterales de fines de los años 80. Por lo tanto, según el empresario, no había hallazgo delictual de sus actos sino una conspiración contra él, surgida del cambio de postura de la política exterior norteamericana respecto de Irak, alimentada posiblemente por la CIA y el escándalo Irán-Contras en Nicaragua. Con esa tela, dijo, le colgaron un traje de inescrupuloso.
De acuerdo a Cardoen, el tema con Irak y el circonio era tan notorio y “oficial” que seguramente figuraba en las conversaciones bilaterales entre autoridades en esos años y por consiguiente estaba consignado en minutas oficiales.
Su lobby sobre políticos y autoridades en el sentido de ser víctima de una persecución política por parte de Estados Unidos tuvo numerosos ecos positivos, tanto políticos como gubernamentales. Desde la época del gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, la Cancillería (Carlos Figueroa y luego José Miguel Insulza) hasta hoy, ha hecho distintos esfuerzos para ayudar al empresario a lograr la cancelación de la Alerta Roja. El tema estuvo incluso en las bambalinas de la Cumbre de la Apec el año 2003, cuando la embajada norteamericana comunicó al gobierno de Ricardo Lagos que no deseaba ver en las actividades oficiales –y con el Presidente George W. Bush en Santiago– a Carlos Cardoen.
En los últimos tres años se han enviado dos notas diplomáticas a la embajada de EE.UU. Una del ex canciller Alfredo Moreno, en que expresó “… la preocupación del gobierno de Chile por la vigencia de una orden de Alerta Roja en Interpol, sin que a la fecha se haya realizado un pedido de extradición a nuestro país, situación que vulneraría los derechos fundamentales de un ciudadano chileno”, y otra del canciller Heraldo Muñoz, también pidiendo el fin de la Alerta Roja y ofreciendo colaboración a la justicia estadounidense a través de declaraciones del empresario chileno desde el país. Ninguna obtuvo la más mínima respuesta de autoridades de Estados Unidos.
Tal actitud, para Juan Pablo Olmedo, abogado del empresario, es incomprensible. “A estas alturas, este tema no sólo involucra a Carlos Cardoen, a su familia y sus representantes legales, sino al Estado de Chile en su conjunto. En mi opinión, la falta de respuesta de EE.UU. representa una falta de deferencia con el Estado de Chile”.
Por qué la diplomacia estadounidense no reacciona a las notas chilenas y tampoco pide la extradición, no tiene una respuesta clara.
Sin embargo, más allá de las estrategias judiciales, y en concordancia con lo declarado por Cardoen, parece razonable buscar la explicación en el ámbito político.
Cardoen ha dicho que la verdadera razón reside en que Estados Unidos nunca desea ventilar temas de seguridad nacional en tribunales foráneos, y en este caso, al pedir la extradición, tendría que hacerlo ante la Corte Suprema chilena, debiendo presentar documentos y pruebas que comprometerían la política exterior de USA y demostrarían que él está diciendo la verdad.
Pero fuentes cercanas a la Cancillería chilena indican que el gobierno estadounidense y sus autoridades judiciales, están convencidas de la culpabilidad de Cardoen, de que sus historias no tienen fundamento y que no existen documentos que hagan fe de lo que sostiene. Más aún, ya en 1995 el fiscal Palmer –que llevaba el caso en Miami– habría recabado indicios de una operación de encubrimiento que diera respaldo a lo sostenido por el empresario, llevada a cabo por funcionarios de la Cancillería chilena con acceso a los archivos reservados y secretos del Ministerio, adulterando algunos de ellos para otorgar sustento a los dichos de Cardoen. Los documentos adulterados estarían destinados a usarse en el eventual juicio de extradición en Chile, que en 1995 se veía inminente.
Tal operación habría seleccionado cuidadosamente la época, recayendo en el año 1987 y 1988, dada la habitualidad de delegaciones e intercambios entre ambos países, originada en la cercanía del plebiscito, los problemas de derechos humanos, y las ásperas relaciones derivadas de la demanda norteamericana contra el gobierno chileno y las Fuerzas Armadas por el Caso Quemados de Estación Central. Rodrigo Rojas de Negri, una de las víctimas, era ciudadano estadounidense.
La alteración se produjo sobre un conjunto de documentos reservados y secretos, cuyas copias servirían para dar sustento a las versiones de Cardoen de que el tema del circonio con Irak solo era un secreto para el público, pero era tema bilateral en las relaciones entre ambos estados. Así, el Estado de Chile aparecía de alguna manera avalando lo hecho por el empresario.
Los documentos adulterados corresponden a oficios reservados o secretos, entre los que se cuentan apreciaciones políticas de su misión del embajador en Estados Unidos, Hernán Felipe Errázuriz; Oficios Reservados del Director de Política Bilateral, Uldaricio Figueroa Pla, y minutas de entrevistas de autoridades, entre ellas de Augusto Pinochet, Fernando Matthei, Alberto Cardemil y otros, con delegaciones de parlamentarios y autoridades de gobierno de los Estados Unidos. Se trata de documentos sobre procedimientos habituales de la Cancillería, y hechos ocurridos cinco o más años antes del juicio en Estados Unidos y de la Alerta Roja.
a) El contexto de la época queda ilustrado en el Oficio Secreto 00144 del 7 de enero de 1987, dirigido por el ministro de Relaciones Exteriores Jaime del Valle al embajador en Estados Unidos, Hernán Felipe Errázuriz, remitiéndole instrucciones para enfrentar la demanda interpuesta por Estados Unidos ante una corte del Distrito de Columbia, por la muerte de Rodrigo Rojas y las lesiones de Carmen Gloria Quintana. En ese documento no hay referencias al tema Cardoen, pero sitúan el contexto.
b) El primer documento que contiene referencias al tema es una Apreciación política del embajador Errázuriz enviada a la Cancillería como Oficio Secreto 0/41 de fecha febrero de 1987. En este, el embajador hace un pormenorizado repaso sobre la política interna estadounidense y da cuenta de sus gestiones, describiendo las observaciones que le han sido transmitidas por las autoridades de Estados Unidos. En el párrafo correspondiente al punto “Ámbito Económico” de su minuta, los adulteradores introdujeron un párrafo que señala textualmente: “En otro ámbito, el Departamento de Estado ha seguido manifestando su preocupación por el envío desde Estados Unidos de materiales estratégicos para la fabricación de bombas de racimo por parte de la Empresa Cardoen. Según el Departamento de Estado, la situación de los asuntos Irán y Nicaragua en las Comisiones Investigadoras del Congreso hacen aconsejable una mayor prudencia en tales procedimientos”. El documento original no contiene tal párrafo.
c) Un tercer grupo de documentos adulterados corresponde a Anexos del Oficio Reservado N° 07255 de 17 de agosto de 1987, mediante el cual el Director de Política Bilateral, Uldaricio Figueroa Pla, remite al embajador en Estados Unidos copia de unas Memoranda de Conversaciones sostenidas por un grupo de parlamentarios norteamericanos con autoridades chilenas. Las audiencias son una de fecha 13 de agosto de 1987 con Augusto Pinochet Ugarte, y otra del 4 de agosto con el subsecretario del Interior. Ambas minutas fueron adulteradas introduciéndoles párrafos que dejaban constancia de que el tema Cardoen y circonio había sido tratado en las reuniones.
La minuta correspondiente a la audiencia de Pinochet indica en su numeral 8 lo siguiente: “El representante Lagomarsino manifestó… refiriéndose a Chile afirmó que era un ejemplo en Latinoamérica en la ayuda en distintos escenarios para los EE.UU. como era el caso de las exportaciones de armas a Irak por parte de Industriales Chilenos, con lo cual la colaboración con EE.UU. era muy significativa y esperaba una mayor comprensión del Congreso norteamericano hacia Chile”. Tal párrafo no existe en el documento original.
En el caso de la entrevista con el subsecretario del Interior, la adulteración es mucho más gruesa. Se modificaron los numerales 3 y 4. El párrafo 4 original se dejó como parte del párrafo 3 y se le agregó la siguiente frase: “Conforme a lo antes dicho se establecerá una ronda de reuniones de evaluación más adelante, en la capital norteamericana, que permitirá demostrar cómo el itinerario se ha cumplido”. Tal fraseo permite la coherencia con el párrafo 4 que es totalmente nuevo: “Es de especial interés que dentro del programa de reuniones a los Congresistas Republicanos se pueda analizar el tema del sector defensa del Congreso Norteamericano, que en el caso particular de ROBERT DORNAN, este ha tenido gran sensibilidad al tema Derechos Humanos y se ha mostrado contrario a cualquier bloqueo que perjudique el sector Defensa en nuestro país, ha manifestado tener conversaciones con el secretario privado del Presidente Norteamericano sobre esta materia y según DORNAN, este está consciente de lo complicado que puede llegar a ser el tema de las exportaciones de armas desde Chile a IRAK, utilizando materiales estratégicos norteamericanos, lo cual según el secretario HAIGHT (sic) compromete seriamente la administración norteamericana, especialmente luego de los problemas que se han presentado en Centroamérica, sería interesante tener una apreciación más profunda de DORNAN sobre esta materia”. Ambas minutas están firmadas por René Rojas Callejas, Primer Secretario, Encargado del Escritorio Estados Unidos.
d) El 20 de agosto de 1987, mediante Oficio Secreto N° 074, el Director de Relaciones Bilaterales, Uldaricio Figueroa Pla, remite al embajador en Estados Unidos minutas de las conversaciones de autoridades nacionales con el Subsecretario Asistente para las relaciones con América Latina, Robert Gelbard. Entre ellas la del miembro de la Junta de Gobierno y Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, Fernando Matthei.
En el numeral 5 del memorándum secreto correspondiente a la entrevista de Matthei, se produce una nueva adulteración. El documento adulterado dice textualmente “5. Se trata a continuación el tema de los repuestos para los aviones de la fuerza aérea. El Sr. Gelbard se refirió a los esfuerzos que estaban haciendo para conseguir que el Congreso aprobara una legislación que permitiera la venta de esos artículos, pero que estaban frustrados porque no habían sido exitosos en sus intentos. En el mismo ámbito el General Matthei agregó que había sido informado, que la embajada de los Estados Unidos de América en Santiago, había sido consultada sobre las importaciones de circonio que desde ese país venían haciendo regularmente las industrias de armamentos de Carlos Cardoen, agregando que la Fuerza Aérea de Chile estaba interesada en que esos envíos no fuesen obstaculizados”.
La minuta lleva la firma de René Rojas Callejas, encargado del Escritorio Estados Unidos y tiene fecha 19 de agosto de 1987. Según versiones no confirmadas por el autor de esta crónica, el General Matthei habría hecho, años después, en un acto considerado insólito, una declaración jurada ante Notario sobre la existencia del tema Cardoen en la agenda bilateral con Estados Unidos.
e) Dos adulteraciones se producen en documentos emanados en la Embajada de Chile en Estados Unidos, ambos firmados por Hernán Felipe Errázuriz. El primero corresponde al Oficio Secreto N° 088 de 25 de noviembre de 1987 a la Apreciación política del embajador sobre la Misión, enviado a la Dirección de Política Bilateral, en cuya página 5, párrafo seis, se introduce la siguiente frase, al final del párrafo: “Le expresé mi perplejidad por cuanto el tema, estaba relacionado con la venta de circonio a Industrias Cardoen, materia sensible según su opinión, para el Departamento de Estado y el Consejo Nacional de Seguridad”.
La otra adulteración corresponde al oficio Reservado 022/88 de marzo de 1988 relativo a Apreciación de marzo e instrucciones vigentes y dirigido por el embajador Errázuriz al cónsul de Chile en Filadelfia, con distribución a todos los consulados en Estados Unidos.
Aquí, en la página 9, párrafo quinto del oficio, se introduce una frase nueva del siguiente tenor: “La entrevista fue positiva no solo por lo ya expresado, sino por la buena disposición que percibo en el Consejo de Seguridad Nacional puede permitirnos equilibrar al menos en parte, la acción del Departamento de Estado. El señor Sorzano y Flower, están conscientes de que de no haber avances sustanciales en estas materias, tendrían que modificar la cooperación en el área militar, especialmente la industria de armamentos en Chile con material norteamericano, orientado hacia Irak entre otros países, lo cual sería lamentable para el interés norteamericano-chileno”, párrafo que por supuesto no existe en el original.
El autor de esta crónica solicitó una entrevista con Carlos Cardoen, la que fue negada. Se reunió en varias oportunidades con sus abogados encargados de la Alerta Roja, Marcia González y Juan Pablo Olmedo, y sostuvo conversaciones telefónicas con Juan Pablo Hermosilla, abogado de Carlos Cardoen para el juicio en Estados Unidos. Todos los abogados negaron tener conocimiento de los documentos y circunstancias que se consignan en esta crónica. Juan Pablo Olmedo declaró textualmente que “como representante de Carlos Cardoen hace presente que esta defensa sólo persigue poner término a la alerta roja vigente en su contra ante Interpol. Habiendo transcurrido más de 20 años desde los hechos que la generan la mantención de la medida afecta los derechos fundamentales de mi representado. 2.- Con relación a los hechos señalados en el artículo, no corresponde pronunciarse respecto de ellos sino en el marco de un proceso de extradición que dé garantías de debido proceso ante los tribunales de la República. 3.- Solicitó “agregar la declaración del señor Howard Teicher, quien sirvió al gobierno norteamericano como miembro del National Security Council, testimonio que es un hecho importante…”. El testimonio es un affidávit (Declaración jurada ante notario) en el cual el ex agente le da la razón a Cardoen.
A su vez, Juan Pablo Hermosilla aclaró que el tema de “producir un documento oficial que diera fe de la postura de Carlos Cardoen nunca fue, hasta ahora, tema con los fiscales norteamericanos con quien lleva las relaciones sobre el caso”. Todos ellos, además, insistieron en que, en cualquier caso, se trataría de hechos que, si fueran reales e implicaran delitos, se encuentran prescritos.
La existencia de documentos que avalan una posible manipulación de archivos oficiales secretos o reservados de la Cancillería, resulta un hecho preocupante tanto para la fe pública del Estado como para la Seguridad Nacional. Peor aún si tal manipulación podría haber sido hecha para favorecer a un particular en relación a ilícitos cometidos en un tercer país. Particular que ha sido pública y notoriamente defendido por nuestra Cancillería a través de las últimas dos décadas.
Los documentos, que consisten en minutas que contienen apreciaciones políticas del embajador de Chile en Estados Unidos, así como otras que dan cuenta de entrevistas del Jefe de Estado y de un miembro de la Junta de Gobierno durante la Dictadura (Augusto Pinochet y Fernando Matthei) con altos funcionarios y parlamentarios de Estados Unidos, y otras autoridades, son de enorme significación. Su manipulación altera la verdad y memoria histórica de un período complejo respecto de las relaciones bilaterales con otro país, con el cual Chile siempre ha tenido relaciones privilegiadas y complejas.
Como se puede apreciar de la lectura completa de los documentos, estos contienen una gran cantidad de materiales para investigadores, historiadores y analistas políticos acerca de las relaciones con Estados Unidos en época cercana al Plebiscito del 88, y a los que se les introdujeron breves alteraciones, para crear un sentido que no tenían, hacer fe de algo falso y todo ello en plena democracia.
Lo anterior agregaría connotaciones indeseables y derechamente mentiría respecto de las actuaciones de determinados funcionarios y autoridades en la época de la Dictadura, aumentando la sensación de incertidumbre y repudio sobre sus actos y creando una sospecha acerca de la eventualidad de otras manipulaciones que podrían existir o del nivel de veracidad de los archivos oficiales, sobre todo si ellos efectivamente pueden ser manipulados para uno u otro interés particular.
Estamos ante un hecho insólito y grave que la Cancillería debiera despejar del todo, descartando de raíz la eventualidad de adulteraciones, favorables en este caso para Carlos Cardoen, quien en 1994 empezó a tener problemas para poder viajar por el mundo, y quedó anclado en Chile por la Alerta Roja.
Nadie puede sostener responsablemente y con certeza que él tiene algo que ver con las adulteraciones, o que no es una mera coincidencia, aunque todas ellas están referidas a su caso y a la venta de bombas de racimo con circonio a Irak. Si son una casualidad, solo la Cancillería puede aclararlo.
