PAÍS
El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, anunció que el Gobierno quiere impulsar un Congreso Constituyente, que será el camino para una nueva Constitución. Pero esta decisión fue apurada por el rol que tomaron los alcaldes de la Asociación Chilena de Municipalidades y particularmente algunos del oficialismo, como Raúl Torrealba o Germán Codina. Como la idea de hacer un plebiscito simultáneo en al menos 230 comunas recibió apoyo transversal, La Moneda contestó tratando de retomar el control del proceso.
“Hemos acordado iniciar el camino para avanzar hacia una nueva Constitución. Entendemos que es un trabajo que lo tenemos que hacer pensando en el país», dijo ayer el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, después de una reunión encabezada por el Presidente Sebastián Piñera. La decisión fue comunicada al final de un par de días en que varios dirigentes del oficialismo reconocieron públicamente que era un punto central, en la solución de la crisis, avanzar hacia una nueva Carta Magna.
La pregunta hasta entonces era de qué manera. “Creemos que el mejor camino es trabajar bajo la base de un Congreso constituyente», confirmó Blumel, luego de la citada reunión en la que, por cerca de tres horas, participaron los ministros de la Segpres Felipe Ward, la vocera Karla Rubilar y los parlamentarios Andrés Allamand, Mario Desbordes, Jacqueline Van Rysselberghe, Víctor Pérez, Luciano Cruz-Coke, Jorge Alessandri y Juan Antonio Coloma Álamos.
El anuncio ha sido hasta ahora el más expresivo en términos políticos y uno de los pocos que está en sintonía con los que pide la ciudadanía durante los 23 días de manifestaciones.
Todo fue muy rápido. Partió el jueves. “En democracia, con participación y transparencia, no tengo duda que Chile puede ser el país que todos queremos que sea. Aquí estamos poniendo una primera piedra para que a través de los municipios se propongan soluciones para resolver las justas demandas sociales, y así recuperar la paz, la tranquilidad y honrar la institucionalidad del país”. Este mensaje socialdemócrata no es de un alcalde de oposición que defiende la Asamblea Constituyente. Se trata de Raúl Torrealba, el histórico alcalde RN de Vitacura, cacique de una de las comunas más ricas de Chile, donde vive parte de la elite debido a la cual despertó el estallido social de masas.
Torrealba es vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), el gremio que agrupa a 330 municipios del país y donde reaccionaron con una velocidad poco vista en La Moneda para enfrentar la crisis social, que tiene mucho de emergencia local. El jueves, en una asamblea que reunió a casi todos los integrantes, decidieron que en el plazo de un mes, es decir, el próximo 7 y 8 de diciembre, realizarán una consulta ciudadana a nivel nacional.
La propuesta fue aprobada transversalmente por los alcaldes de todas las bancadas y la idea es que tenga un carácter vinculante.
Aún falta por definir si se realizará de manera presencial o a través de voto digital. Sobre esta última opción no hay buenos precedentes. A fines del año pasado hubo errores en las elecciones de la UDI y, poco antes, las elecciones del movimiento político Ciudadanos. Por eso ya han surgido voces como la de la corporación Chile Transparente, donde se oponen a esta alternativa “En el mundo y en Chile hemos visto fracasar el sistema de voto electrónico, lamentablemente sigue siendo un sistema fácil de corromper. Por ahora el papel y lápiz son más confiables y transparentes a la hora de votar”, dijeron en la ONG el viernes.
Si finalmente es una papeleta, podría incluir la pregunta sobre cómo prefieren los votantes que se elabore una nueva Carta Fundamental. “Se quedó de revisar la incorporación de preguntar quién debiera elaborar una nueva Constitución, si una Asamblea Constituyente, el Congreso o una comisión mixta de ciudadanos y legisladores», dijo el alcalde de Colchane, en la Región de Tarapacá, Javier García.
La amplia participación de pequeñas comunas en esta decisión ampliamente bien recibida en todos los sectores, por lo pronto ensombreció la gestión del ministro de Desarrollo Social, que tenía encomendada la misión de desplegar Diálogos Ciudadanos a través del país, dentro de la “agenda social” del Gobierno para superar la crisis, a pesar de que ese mismo ministerio, en manos de Alfredo Moreno. había fracasado –fondos públicos incluidos– en la implementación de la Consulta Indígena, que buscaba descomprimir la tensión con los mapuche en la Región de La Araucanía.
Esta vez, Sebastián Sichel fue superado por la velocidad de reacción de los alcaldes y salió a respaldar la iniciativa con una alegoría hippie: «Lo mejor que le puede pasar a la sociedad chilena es que florezcan mil flores en materia de diálogo. Esto no está ni en mano de alcaldes, de un Gobierno, ni en manos del Parlamento, aquí hay diálogos que han producido juntas de vecinos, gremios, que han producido universidades, hay diálogos que hoy van producido los alcaldes. Es una buena noticia para Chile”.
Lo cierto es que el rol del Gobierno central quedó reducido a la recolección del material que generan los cabildos autoconvocados y a la implementación de un formulario online para fomentar la participación individual y grupal, donde se incluirán preguntas sobre Derechos Humanos y nueva Constitución.
Para salir a contener lo que a todas luces se vio como una jugada que logró eclipsar al Gobierno, el alcalde UDI de Estación Central, Rodrigo Delgado, salió a aclarar que «esto no lo estamos haciendo para ir en contra de un Gobierno, de un Parlamento, sino que justamente para generar sinergia y ser un aporte real», dijo a Emol el jefe comunal que también es uno de los vicepresidentes de ACHM. “Obviamente que (respecto a) los diálogos del Gobierno, habrá que evaluar cómo poder compatibilizarlos con esto –porque las instancias de diálogo siempre son importantes–, pero una consulta, a mi modo de ver, es mucho más directa y puede tener resultados mucho más concretos en el corto plazo”, agregó. Los dardos de una operación incómoda para el Ejecutivo apuntaron también al presidente de la asociación, Germán Codina, alcalde de Puente Alto y cercano a uno de los principales portadores del fuego amigo hacia La Moneda, el senador Manuel José Osssandón
En la parte operativa y logística del proceso trabaja un equipo de la ACHM encabezado por el secretario ejecutivo de la entidad, Jaime Belmar. Este equipo ya gestiona tener el apoyo del Servel y de algunas universidades para el proceso de votación. Por ley, los alcaldes no pueden convocar a una consulta de alcance nacional. Impedimento que será subsanado en la práctica con la organización de varias consultas locales a la misma hora y el mismo día. El diseño de las preguntas debería conocerse esta semana, mientras que se espera un universo de votantes cercano a los 15 millones de personas, es decir, el padrón total de votantes. Una proyección muy optimista en época de voto voluntario.
La noticia de que el plebiscito finalmente se concretará estimuló a que rápidamente la clase política, particularmente reacia a la opción, se manifestara a favor de una nueva Constitución, incluido el alcalde UDI de Las Condes, Joaquín Lavín, en tanto que la presidenta del partido y el propio Sebastián Piñera hablaron de “cambios profundos” a la Carta Magna.
Luis Garrido-Vergara, académico de la Universidad de Santiago, magíster en políticas públicas y doctor en sociología de la Universidad de Cambridge, cree que “esta propuesta viene a romper con una agenda que ha sido un poco errática del ministro Sichel. El Gobierno tenía la intención de generar diálogos ciudadanos, pero finalmente nunca pudo desarrollarse. Una reforma a la Constitución es algo complejo, pero puede ser muy importante para establecer acuerdos sociales, acuerdos amplios que el país necesita. En ese contexto, los anuncios del Presidente en su agenda de seguridad no van en el espíritu de lo que la gente espera, que es establecer acuerdos sociales amplios”.
La consulta puede transformarse también en el inicio de un “nuevo trato “ de los ciudadanos con la participación electoral, que ha sido muy baja en las elecciones recientes. Sin ir más lejos, el Presidente Sebastián Piñera fue elegido con solo el 46% del padrón total de votantes.
“Puede aumentar el padrón de votación. Probablemente si la gente se siente interpelada a ir a votar, vamos a tener un mayor nivel de votación. Pero acá hay un consenso en el mundo académico y político en la agenda actual de que debemos avanzar a una reforma que reponga el voto obligatorio. Prueba de ello es que esta política del voto voluntario es un predictor del estallido social. Porque la gente no se siente representada ni legitima el orden institucional, porque no participa. Es lógico que yo voy a pensar que el Estado no me representa si yo no voy a votar, que es el ejercicio mínimo para ejercer un derecho político fundamental. Este es un tema que también debe ser de agenda corta. Otro tema que hemos hablado mucho en los cabildos es restablecer la educación cívica”, concluye el académico de la Usach.
