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Por qué el parlamentarismo

por 24 abril, 2021

Por qué el parlamentarismo
Una consideración a la luz del reciente estallido social y lo cerca que estuvimos de un nuevo quiebre institucional. Es probable que en el futuro situaciones de una tensión similar se repitan. Los sistemas rígidos, cuando se exigen, se rompen. No incorporan un plan B. Y en Latinoamérica, estamos mal acostumbrados a que se resuelvan con disparos, tenida de combate y presidentes huyendo al exilio. El parlamentarismo es un sistema más flexible para navegar las crisis políticas. Un Gobierno que ya no cuenta con la confianza del Parlamento se disuelve y lo sustituye otro que sea capaz de congregar una nueva mayoría (lo que se conoce como censura constructiva, que aporta a la estabilidad de los gobiernos elevando los requisitos para su destitución). Lo crucial es que no se interrumpe la institucionalidad democrática. Cae el gobierno, pero no el sistema, lo que se contempla como una posibilidad excepcional, pero no traumática.
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En estas breves líneas quiero enumerar las razones que me persuaden a favor de un régimen parlamentario para Chile. Vaya antes una prevención: ninguna corrección institucional de estas características se hace cargo de la profundidad de nuestra crisis política, de la falta de legitimidad de nuestro elenco dirigente, de las inercias de nuestro modelo de desarrollo y, menos aún, de las dificultades globales que enfrenta la democracia liberal y representativa. Sin embargo, sostengo que en el margen y atendidas las particularidades del problema chileno, el parlamentarismo es mejor que sus alternativas (presidencialismo o semipresidencialismo).

El problema central que enfrentamos en materia de régimen de gobierno, es que –atendiendo a la realidad de un paisaje político fragmentado– estamos condenados a tener gobiernos de minoría, los que serán en consecuencia inefectivos a la hora de gobernar. Piense en el Gobierno actual sin ir más lejos: en primera vuelta Sebastián Piñera no llegó al 40% de las preferencias, se encontró con dos oposiciones en el Congreso y, luego, ante el descalabro de su aprobación –un fenómeno común que se precipita a veces sin siquiera respetar la luna de miel entre gobernante electo y la ciudadanía– tuvo que enfrentar, incluso, una oposición interna por el retiro de los fondos de pensiones. ¿Qué Gobierno puede llevar adelante su programa en estas condiciones? Con el presidencialismo actual y el escenario político que tenemos, no veo forma de escapar a este destino.

También suena tirado de las mechas darle “más poder al Congreso”, en circunstancias que mucha gente cree que estamos frente al peor de la historia –un juicio liviano que no da cuenta de la erosión del ciclo político–. Pero, aunque fuera cierto, un régimen parlamentario no consiste en “darle más poder al Congreso” en desmedro del Presidente –y por eso el parlamentarismo a la chilena que supuestamente tuvimos a principios del siglo XX no cuenta como ejemplo–, sino en que el Ejecutivo es indirectamente elegido por nuestros representantes. Eso significa que todo el poder se reparte en sede parlamentaria. No habrá telefonazos desde Caburga ofreciendo el honor ministerial. Tendrán que ganárselo compitiendo y accediendo a un escaño. Nuestros ministros estarían mejor conectados con el electorado y gozarían de legitimación democrática, por un lado, y nos permite especular sobre un mejor nivel parlamentario –aunque esto es claramente discutible–, por el otro.

Obviamente, podríamos intentar reducir la fragmentación. Ese era uno de los objetivos del sistema binominal: domesticar el perseverante multipartidismo chileno. No lo consiguió. Por diversas razones, algunas de las cuales han sido amplificadas por el nuevo sistema electoral proporcional y otras que dan cuenta de un quiebre generacional en los procesos de socialización política de las elites, será difícil revertir la fragmentación del sistema de partidos por voluntad centralizada.

Es más razonable canalizar el multipartismismo endémico chileno por vías que permitan asegurar gobiernos de mayoría. Y eso se logra formando coaliciones ex post, es decir, después de la elección parlamentaria. En ella, compiten todos los partidos que tengan capacidad de representación y solo después del resultado, se negocia un programa de gobierno común, de acuerdo con las fuerzas necesarias para conformar una coalición que sume 50+1. El líder de esa coalición –que suele ser el líder del partido más grande, pero no necesariamente– adquiere el título de primer ministro y selecciona un gabinete de entre sus pares. Muy distinto de lo que ocurre en la actualidad, donde los partidos se ven obligados a firmar un contrato de adhesión con la figura popular de turno, para no quedarse debajo de la mesa –piense en lo que ocurrió en el segundo gobierno de Michelle Bachelet–.

Esta mecánica tiene, como ha observado Bruce Ackerman, un efecto moderador: para sumar 50+1 se necesitan las fuerzas políticas del centro, las que adquieren especial relevancia. Por lo mismo, se hace extremadamente difícil para los extremos gobernar en solitario. En el Chile actual, sin embargo, las cartas mejor posicionadas para llegar a La Moneda representan a algunos de los partidos más polarizados del espectro político. La mecánica parlamentaria también ahuyenta el riesgo de caudillos populistas que crecen ante la opinión pública denostando a las instituciones y a sus pares. Como no lideran en equipo, ni se les reconoce trayectoria como hombres y mujeres de Estado, ni cuentan con el respeto y la confianza de los demás parlamentarios, es poco probable que sean ungidos como primus inter pares.

Es cierto que algunas de estas cuestiones suenan contraculturales: si los partidos están en el suelo, ¿tiene sentido invertir en que sean la columna vertebral del sistema de gobierno? Pensémoslo al revés. La alternativa es dejar que los partidos se pudran y sellemos de una vez por todas lo que algunos califican como peruanización de nuestra política: personalismos que suben como la espuma galopando indignaciones contingentes, creando máquinas electorales ad hoc, que luego se diluyen con la misma rapidez como crecieron, sin dejar ni rastro de continuidad en las políticas públicas y, menos aún, fortalecimiento institucional.

También suena tirado de las mechas darle “más poder al Congreso”, en circunstancias que mucha gente cree que estamos frente al peor de la historia –un juicio liviano que no da cuenta de la erosión del ciclo político–. Pero, aunque fuera cierto, un régimen parlamentario no consiste en “darle más poder al Congreso” en desmedro del Presidente –y por eso el parlamentarismo a la chilena que supuestamente tuvimos a principios del siglo XX no cuenta como ejemplo–, sino en que el Ejecutivo es indirectamente elegido por nuestros representantes. Eso significa que todo el poder se reparte en sede parlamentaria. No habrá telefonazos desde Caburga ofreciendo el honor ministerial. Tendrán que ganárselo compitiendo y accediendo a un escaño. Nuestros ministros estarían mejor conectados con el electorado y gozarían de legitimación democrática, por un lado, y nos permite especular sobre un mejor nivel parlamentario –aunque esto es claramente discutible–, por el otro.

Sumado a lo anterior, nuestra propuesta de parlamentarismo va asociada a una transición hacia un régimen electoral mixto. Esto implica la presencia de un fuerte componente mayoritario –con distritos uninominales pequeños, lo que acerca al representante a su territorio, abarata las campañas y exorciza la cháchara de los diputados del 1%– y un componente proporcional compensatorio, que garantice la presencia de la diversidad política chilena. A mayor abundamiento y a propósito de otro temor ventilado, no hay ninguna evidencia comparada respecto a que los regímenes parlamentarios sean más dispendiosos o fiscalmente irresponsables que los sistemas presidenciales. Incluso, la literatura sugiere que los parlamentarismos exhiben mejor desempeño económico en general.

Dejo para el final una consideración a la luz del reciente estallido social y lo cerca que estuvimos de un nuevo quiebre institucional. Es probable que en el futuro situaciones de una tensión similar se repitan. Los sistemas rígidos, cuando se exigen, se rompen. No incorporan un plan B. Y en Latinoamérica, estamos mal acostumbrados a que se resuelvan con disparos, tenida de combate y presidentes huyendo al exilio. El parlamentarismo es un sistema más flexible para navegar las crisis políticas. Un Gobierno que ya no cuenta con la confianza del Parlamento se disuelve y lo sustituye otro que sea capaz de congregar una nueva mayoría –lo que se conoce como censura constructiva, que aporta a la estabilidad de los gobiernos elevando los requisitos para su destitución–. Lo crucial es que no se interrumpe la institucionalidad democrática. Cae el gobierno, pero no el sistema, lo que se contempla como una posibilidad excepcional, pero no traumática.

Es cierto que habrá ocasiones en las cuales formar Gobierno será difícil y encontraremos en el mundo contemporáneo ejemplos de casos exitosos y otros bastante menos brillosos. Las condiciones políticas por venir son impredecibles. Por eso, es importante contar con herramientas flexibles y dinámicas para la tarea cada vez más difícil de gobernar.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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