Abriendo el escándalo del hospital psiquiátrico

Al menos desde la Segunda Guerra Mundial, los “escándalos” de la psiquiatría han movilizado cambios profundos y positivos en el campo de la salud mental. Encerrados contra su voluntad y aislados del resto de la sociedad bajo condiciones miserables, las primeras víctimas de la guerra fueron los pacientes psiquiátricos, abandonados sin agua ni comida. La revelación de estas atrocidades provocó revuelo y un cambio en la sensibilidad pública. Estudios sociológicos como Asylums (Internados) de Erving Goffman (1961), y películas como Atrapado sin salida, dirigida por Miloš Forman (1975), ayudaron a correr el velo del encierro psiquiátrico, consolidando una opinión y una sensibilidad desfavorables hacia estas instituciones. El escándalo generó interés, y el interés se transformó en presión hacia una reforma.

Hace unos meses, en una visita al Hospital Psiquiátrico El Salvador de Valparaíso, autoridades de Minsal constataron una serie de abusos, incluyendo la realización de Terapia Electroconvulsiva sin anestesia general, es decir, fuera de lo que exige la norma chilena vigente y contraviniendo acuerdos y tratados internacionales de derechos humanos. De acuerdo con Naciones Unidas, esto equivale a tortura. En cumplimiento de su deber, la autoridad hizo una denuncia formal para esclarecer estos y otros hechos aberrantes, determinar responsabilidades y condenar a quienes resulten responsables.

Nos encontramos frente a un escándalo. Somos testigos, sin buscarlo, de la violencia fundamental de los hospitales psiquiátricos y de la clase de atención que ahí reciben los pacientes. Tal como en otros contextos y épocas, el escándalo podría generar apoyo social transversal al proceso de reforma psiquiátrica que viene desarrollándose en Chile desde hace más de treinta años, proceso que busca reemplazar estas instituciones por alternativas de apoyo y tratamiento en los lugares donde las personas viven y donde los abusos pueden evitarse o detectarse a tiempo.

Lamentablemente, el trabajo del escándalo queda atrapado en una polémica entre instituciones y gremios, quienes rápidamente han movilizado recursos comunicacionales y legales para proteger la honorabilidad de sus trabajadores y asociados. Esto nuevamente oscurece la gravedad del problema bajo el pretexto de la precariedad, con el presidente regional de Colmed, Ignacio de la Torre, indicando que, incluso, por su limitada infraestructura, el hospital debía suspender la atención los días de lluvia. Naturalmente uno se pregunta, si era posible suspender la atención por lluvia, ¿por qué no se suspendía cuando no había anestesista?

Volvamos al argumento de los gremios: en los hospitales psiquiátricos no hay recursos suficientes para hacer las cosas de un modo compatible con los derechos fundamentales de los pacientes. En esta interpretación, la violación de derechos solo puede ser evitada mejorando y financiando la institución psiquiátrica. Al tiempo que defienden a sus asociados, los gremios distorsionan el escándalo, transformándolo en una excusa para reproducir el hospital psiquiátrico como tecnología necesaria que necesita recursos.

Hasta cierto punto, organizaciones como Colmed están estructuralmente volcadas a la protección de sus miembros. Hasta cierto punto para eso existen. Pero no podemos permitir que este cierre autodefensivo nos nuble la vista. Cuando los ciudadanos no estamos mirando, los hospitales psiquiátricos están violando los derechos de quienes, por diferentes razones, están ahí encerrados. No esperemos el siguiente escándalo y exijamos ahora un sistema de salud mental basado en el respeto a la autonomía, dignidad y voluntad de las personas.