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Propuesta de Nueva Constitución

Pablo Ruiz-Tagle, decano Facultad de Derecho U. de Chile: la propuesta de Carta Magna «muestra demandas que estaban sumergidas y que el derecho constitucional chileno no veía»

Federico Joannon
Por : Federico Joannon Abogado. Director ejecutivo de El Mostrador
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A dos semanas de la realización del Plebiscito de Salida de la propuesta de nueva Constitución, conversamos con Pablo Ruiz-Tagle, abogado especialista en derecho constitucional y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, quien comenta el nacimiento de una Sexta República tras la crucial elección del 4 de septiembre, indistintamente del resultado. Además, señala la posibilidad de que el derecho sirva “para que las mayorías no aplasten a las minorías cuando realizan cambios”. Según el académico, la propuesta de la Convención Constitucional ha recogido temas nuevos como también antiguos y valora que se renueve «el paisaje del sistema legal». Y pese a que sostiene que hay muchas cosas que sería bueno revisar y que «la incertidumbre constitucional es algo muy negativo para el progreso», manifiesta que el país tiene la oportunidad para que las demandas de las nuevas generaciones se expresen, lo cual le parece muy positivo. Finalmente, el jurista concluyó que estamos «en un momento de escucha, de reflexión, de pensamiento crítico (…)», y está optimista. «Yo creo que de esto vamos a salir fortalecidos, independientemente del resultado del plebiscito, porque confío en que la racionalidad va a primar. Las constituciones, a pesar de que a veces no resultan, a la larga imponen sus mejores soluciones. Y eso creo que también va a suceder en Chile».



Pablo Ruiz-Tagle fue visionario. El 25 de octubre de 2019, en pleno desarrollo del estallido social, el académico señaló en entrevista a este medio que no iba a existir una salida viable sin una nueva Carta Manga para el país. A cerca de tres años de sus declaraciones, con el trabajo de la Convención Constitucional finalizado y ad portas de la votación que decidirá si se aprueba o se rechaza el texto, asegura que la propuesta «viene a mostrar demandas que estaban sumergidas y que el derecho constitucional chileno no veía».

Según el profesor especialista en derecho constitucional, antes del estallido, teníamos problemas muy graves que afectaban nuestra forma de gobierno, al ejercicio de los derechos, a la legitimidad del sistema de las instituciones, a la fuerza de los partidos políticos, y al compromiso de los jóvenes con nuestra democracia. Pero nada de eso, a su juicio, se veía claramente en el fragor del estallido. Y reafirmando el valor de la salida constitucional fijada en el acuerdo político del 15 de Noviembre de 2019, el profesor Ruiz-Tagle señaló que, más allá si las personas están de acuerdo o no con la propuesta, lo valioso fue la ruta que se fijó en aquel acuerdo, «cuando se sientan las fuerzas políticas y dicen: vamos a revisar en profundidad a nuestro sistema y le vamos a preguntar a la ciudadanía».

En conversación con El Mostrador, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile destacó el trabajo de la Convención Constitucional, repasando los hitos y los cuestionamientos que hubo sobre el proceso, desde su instalación hasta la discusión de su Reglamento, y valorando la entrega de la propuesta final. «Ese texto viene a mostrar muchas demandas que estaban sumergidas, que eran marginales, que el derecho constitucional chileno no las veía y ahora se ven. Se ven en el texto, quizá de una manera desordenada, no sistemática, con muchas palabras, pero podemos verla y eso es un valor. Eso es valioso».

—Pablo Ruiz-Tagle en algún momento Ud. expuso la existencia de cinco repúblicas en la historia de Chile y que con el proceso constituyente, gane quien gane, se daría paso a una Sexta República. ¿En qué consistiría esta Sexta República?

La Sexta República es un sistema político distinto al que hemos tenido desde el año 90 a la fecha. Y digo eso porque hay muchas personas muy serias que sostienen que hemos vivido desde aquel año a la fecha en la prolongación de la dictadura. Y yo nunca he creído eso. Yo creo que hemos vivido en un sistema imperfecto desde el año 90 hasta ahora, por 30 años, un sistema muy desigual, con abusos, con corrupción. Pero ha sido un sistema democrático republicano. Y entonces, el gran desafío que tenemos es si podemos construir algo mejor, como una Sexta República, a partir de este año o del año próximo. ¿Y cuál es la fecha de nacimiento de esa nueva república? Algunos podrían decir que es el primer plebiscito, pero no, yo no creo eso, porque ese plebiscito le dio continuidad a la Constitución que tenemos. Mientras otros podrían decir que fue el plebiscito del 4 de septiembre, si es que es aprobada la nueva Constitución, nacería una nueva República, porque ahí va a haber un Estado social y democrático de derechos, va a haber un Estado con paridad, un sistema político donde hay derechos económicos y sociales, reconocimiento de los pueblos indígenas, todas materias que no estaban reconocidas y es posible aceptar esa idea, pero lo paradojal es que también se puede producir el surgimiento de la nueva república a partir del Rechazo, se podría constituir un acuerdo político que nos lleve a una República distinta.

¿Cómo ha sido la República de estos últimos 30 años? Yo la he caracterizado como neoliberal en los derechos, porque se enfatizan las libertades, y neopresidencialista en la estructura del gobierno. Y si resulta que pasamos a un Estado social y democrático de derechos, donde los derechos económicos y sociales son muy importantes; y tenemos una distribución del poder que no le asigna facultades omnímodas al Presidente; en una de esas vamos a tener una república social y democrática que no será parlamentaria pero sí de un presidencialismo atenuado; y que éstas serían las características de una Sexta República. Yo me imagino que eso puede darse en poco tiempo, relativamente, en un año o en seis meses. Vamos a ver el momento en que se produzca el cambio.

—Algunos profesores de Derecho sostienen que las normas jurídicas van detrás de los cambios sociales, que primero la sociedad muta y ahí la ley va detrás tratando de hacer lo suyo. Es curioso que en Chile hayamos cambiado el orden de los factores, porque le pedimos a una convención constitucional que arreglara los problemas políticos graves que la política no había solucionado. ¿Qué opina sobre esto?

Hoy hay muchas controversias sobre esta materia. ¿En qué punto el derecho puede adelantar los cambios? Yo no creo que el derecho, por definición, como el gran profesor Eduardo Novoa decía, sea un obstáculo al cambio social, un dique al cambio social. Yo no creo eso. Yo creo que el derecho es una fuerza racionalizadora del cambio, ordenadora del cambio. El derecho sirve para que las demandas de la mayoría, por ejemplo, sean compatibles con el respeto del derecho de las minorías y que las mayorías no aplasten a las minorías cuando realizan cambios. Entonces, el derecho puede instalar cosas que no existían en la sociedad. Pensemos en lo que significó para Chile en el siglo XIX ser quizá el primer país de Latinoamérica que se dio a sí mismo un derecho propio, porque estábamos durante la Colonia gobernados por leyes españolas, que nos había dado la Corona española. ¿Y en qué momento Chile decidió tener su propia legislación? Bueno, en la segunda mitad de aquel siglo. Y lo hizo mirando a los países europeos y copiando a algunos, pero es tal la fuerza del cambio, con esa nueva legislación, que muchos de esos códigos instalaron instituciones, principios y reglas que en Chile ni siquiera se conocían. El ejemplo más claro fue el Código Civil, que fue rigiendo de manera gradual. Esto lo ha explicado bien Hernán Corral en un texto. Es como si dijéramos: el Código Civil primero rigió en Santiago, después en Santiago y Rancagua, después en Santiago, Rancagua y Talca; fue poco a poco adquiriendo vigencia, fuerza, porque no era posible instalar todo un Código Civil de una sola vez. Y entonces el derecho puede ser un factor de cambio. Y es, como digo, un cambio ordenado y racional.

Un ejemplo más reciente que tenemos de cómo el derecho contribuye al cambio es la reforma procesal penal, que instaló juicios y formas de decidir quién se va a la cárcel y quién no. En Chile no existía. Entonces ahí uno ve cómo el derecho instala cosas nuevas. No siempre el derecho va a la zaga. En el caso de la nueva Constitución hay ideas antiguas. Voy a poner un ejemplo. Se habla de comuna autónoma. Este concepto está en un proyecto constitucional de finales del siglo XIX que tenía un parlamentario conservador muy importante, Manuel José Irarrázaval. Y él trató que tuviesemos comunas autónomas. Bueno, en esta nueva constitución se recoge la idea de la comuna autónoma. Y por otra parte, hay instituciones totalmente nuevas, como la instalación, por ejemplo, de una Defensoría de la Naturaleza o una Defensoría de los Pueblos Indígenas, que antes no existían. Entonces, esta propuesta de Constitución ha recogido cosas antiguas que las renueva en cierto modo y también instala cosas que no conocíamos, modificando el paisaje, llamémoslo así, del sistema legal.

—En el caso que gane el Apruebo se conversa que hay que modificar algunas cosas para dejar aplicable a Chile la propuesta constitucional. Si tuviese que priorizar una, ¿qué cambios le haría a la propuesta constitucional si es que es aprobada?

Es difícil decir una. Yo creo que hay muchas cosas que sería bueno revisar. A mi me ha llamado la atención algo sobre lo cual no he escuchado. Y es que el proyecto contempla dos Constituciones. Una, es la que está en los artículos permanentes, donde hay nuevas ideas sobre la forma de organizar el gobierno, el parlamento, la regionalización, los pueblos originarios, un montón de derechos (una cantidad enorme de nuevos derechos), y esta Constitución tiene más de 300 artículos. Pero hay otra Constitución, que es la de los 57 artículos transitorios; y ésta contiene en algunas cosas cuestiones contradictorio con lo que dice la Constitución permanente. Además, algo que me preocupa, es que esta segunda parte le da mucho poder al Presidente, demasiado. Le da el poder exclusivo al Presidente para presentar en los próximos años cerca de 30 proyectos de ley que podrían rehacer entero el sistema de derechos para que sea compatible con la Constitución. Y es curioso, porque en la parte permanente de la propuesta constitucional se estableció como principio que los parlamentarios pueden presentar proyectos directamente (cosa que yo creo que es una idea muy criticable). En la Constitución vigente no pueden en ciertas materias, en las que son de iniciativa exclusiva del Presidente. Bueno, ahora, la nueva Constitución, en su parte transitoria, le dice al Presidente usted tiene que presentar (como facultad exclusiva) un proyecto en seguridad social, en educación, en salud, reformar todo el sistema. Eso tiene una justificación: tenemos que hacer que la Constitución adquiera fuerza, vigencia; pero la figura del Presidente vuelve a ser de nuevo demasiado poderosa en este periodo de transición de la Constitución que emana de la Convención Constitucional. Y esto no estaba previsto en la Convención, porque esta iba a funcionar primero con siete comisiones temáticas y luego iba a haber una comisión de armonización. Y como a la Comisión de Armonización se le asignó un trabajo más bien de pulir el texto, apareció una Comisión de Normas Transitorias que dicta estos 57 artículos, que son como la letra chica de la Constitución. A mí me preocupa, hay un diseño prefabricado que es preocupante.

—Jurídicamente, ¿está de acuerdo con lo señalado por el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, de que en caso que gane el Rechazo hay que volver a hacer el proceso constituyente sin necesidad de una nueva reforma constitucional, porque estarían vigentes las normas que lo establecen?

Lo que ha dicho Carlos Peña no es que no necesitemos hacer reforma alguna. Yo lo que entiendo es que él dice que las normas que se modificaron a la Constitución vigente (producto del acuerdo político del 15 de Noviembre de 2019), que permitieron elegir la Convención, que le impusieron límites y que luego permitieron determinar que iba a haber una distribución paritaria, que tendría escaños reservados para pueblos indígenas, todos esos artículos, lo que dice Carlos Peña, que tiene razón, no han sido derogados. Están ahí. Pero lo que no pueden funcionar en esos artículos son las fechas y los plazos que se establecieron. Entonces, Carlos Peña dice: «si tenemos instalado ese sistema, podríamos usarlo modificando las fechas». Y yo creo que él tiene razón. Las normas no han sido derogadas, no han sido eliminadas, no han salido del sistema.

Pero existen otras alternativas, porque ha avanzado la reforma constitucional de los 4/7 para que la Constitución actual pueda ser reformada, incluso enteramente por 4/7, lo que facilita todavía más el camino hacia la reforma. Ahora, hay algunas personas que dicen sí, pero esas son reformas y lo que necesitamos es el reemplazo; instalar una constitución enteramente nueva. Y para reemplazar la Constitución, el único camino que podemos seguir es el de las normas que nos llevaron a la Convención, que son las que menciona el rector Peña. Yo no estoy muy de acuerdo con esto último. Yo creo que se podría hacer una reforma total de la Constitución vigente sin necesidad de pasar por el mismo camino que seguimos, vía la Convención.

Sin embargo, aquí viene la cuestión política, desde una perspectiva política, yo creo que es difícil darle viabilidad política a ese camino reformista. Conviene que el poder del Parlamento y del Presidente, el poder constituyente, estén muy apegado al Pueblo. Y entonces debería seguirse el camino de elegir una Convención. Quizás la convención puede ser distinta, pueda ser una convención más chica, pueda ser una convención en que los partidos tengan una distribución más importante, pueda ser una Constitución donde los escaños reservados sean menos, donde el principio de paridad no se aplique igual. En fin, puede haber una convención con otra distribución, lo que significaría cambiar esas reglas. “Pero quizá hay que pensar en una Convención Constitucional”.

Ruiz-Tagle aclara que nunca ha sido partidario de los plebiscitos de entrada y cree que fue un gran error hacer un plebiscito de entrada, por muchas razones, pero principalmente porque «amarra el sistema». Sin embargo, asegura que «si vamos a entrar en un proceso para elegir una nueva convención, yo lamentablemente tengo que decir que habría que pensar en hacer otro plebiscito de entrada, que habría que preguntarle a la ciudadanía de nuevo: ¿y ahora qué sistema prefiere? El de la convención que ya se eligió, el de una convención nueva, el de una convención chica o el de una Convención Mixta donde estén los parlamentarios junto con otras personas elegidas; de manera que podamos tener una opinión, una deliberación ciudadana sobre esa materia”.

Yo creo también que “la incertidumbre constitucional es algo muy negativo para el progreso, para el desarrollo del país, para el orden público»

—¿Qué reflexión final se le ocurre en este escenario que estamos viviendo, en un escenario de proceso constituyente, de incertidumbres y de cambios. ¿Cuál es su reflexión como jurista?

Es muy importante escuchar las demandas nuevas y es muy importante trabajar para integrarlas en el proceso democrático. Ese trabajo, en una democracia constitucional, tienen que hacerlo los partidos. Los partidos políticos son fundamentales para la democracia y aquí los partidos han estado un poco distantes. Ha habido quizás algunos partidos que han estado más involucrados que otros. Esta sería la primera reflexión.

La segunda es que yo creo que hay un cambio generacional. Y yo lo noto en la universidad, en la Facultad de Derecho hay cuestiones que no se han logrado transmitir. Yo no quiero hablar de un un fracaso, pero hay una cierta frustración en la generación a la que pertenezco, que es una generación que vibró con la épica del 5 de octubre del 88, que vibró con los buenos resultados macroeconómicos y la estabilidad de los 30 años de democracia que hemos tenido, que en términos de las cifras es el más exitoso, independientemente de las cifras de desigualdad (incluso en esto se avanzó, se mejoraron bastante). Y ha habido algo que no se ha sabido transmitir a las nuevas generaciones. Y entonces el tener la oportunidad de que las demandas de las nuevas generaciones se expresen, se resuman en un texto, en un proceso constituyente deliberativo, es muy bueno porque podrían haber seguido ocultas y podríamos haber seguido creyendo que las cosas se estaban haciendo bien y que Chile era el ejemplo del mundo y que Chile era el país más ordenado y que tenía que darle clases a todo el mundo. Y no es verdad. Entonces esa lección de humildad, de escuchar lo que viene, de escuchar cómo la democracia representativa quizá hay que combinarla en parte con algunas formas de democracia directa, que hay que darle reconocimiento a los pueblos indígenas y que el principio de paridad debe regir en los órganos constitucionales.

Finalmente, el académico reflexionó y aseguró que estamos «en un momento de escucha, de reflexión, de pensamiento crítico, de escucharnos sobre todo unos a otros». Y se consideró muy optimista. «Yo creo que de esto vamos a salir fortalecidos, independientemente del resultado del plebiscito, porque confío en que la racionalidad va a primar. Las constituciones, a pesar de que a veces no resultan, a la larga imponen sus mejores soluciones. Y eso creo que también va a suceder en Chile».

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