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¿Qué quiere la mujer? Algunas preguntas en la actual coyuntura Opinión

¿Qué quiere la mujer? Algunas preguntas en la actual coyuntura

Silvia Lamadrid, Laboratorio de Análisis de Coyuntura Social Departamento de Sociología Universidad de Chile.
Por : Silvia Lamadrid, Laboratorio de Análisis de Coyuntura Social Departamento de Sociología Universidad de Chile. Socióloga UC, magíster en Ciencias Sociales con mención en sociología de la Modernización, y Doctora en Historia, mención Historia de Chile, ambos posgrados de la Universidad de Chile.
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La información con que contamos indica que la participación en el campo feminista es fundamentalmente de sectores educados, pero que han experimentado la falla de la promesa meritocrática: han obtenido acreditaciones educacionales, pero aunque eso ha mejorado sus ingresos, comparadas con quienes no las tienen, siguen teniendo empleo precario y con ingresos medianos. Podríamos ubicarlas mayoritariamente en sectores medios, adultas jóvenes y urbanas. Los resultados de la votación del 4 de septiembre de 2022 mostraron al Chile que no participa de las movilizaciones, que ni siquiera votaba. Que tal vez en algún momento –como lo dijeron las encuestas también– apoyaba las demandas de dignidad y justicia social, pero entre el vandalismo (que lo hubo), el miedo a la pandemia y al aumento de la delincuencia y el deterioro de la economía –todo entrelazado y potenciado por los medios de comunicación en manos de los poderes fácticos–, ahora no quiere más riesgos y prefiere aferrarse a “lo poco que se tiene”, como los bonos y los retiros de las AFP.


Existe el mito de que Freud consideraba que, tras años de estudios y análisis, no había podido responderse una sola pregunta: ¿qué quiere la mujer? La primera y obvia crítica a la pregunta misma es ¿cuál mujer? Esa identidad esencial femenina ha sido severamente criticada por innumerables teóricas feministas, tanto las que utilizan el concepto de género como las que lo cuestionan, pero hay bastante consenso tanto en la construcción sociocultural e histórica de las identidades femeninas como la pluralidad de estas, en tanto las relaciones de dominación producidas por los sistemas de género se entrelazan con otros ejes de dominio, como la clase, edad, etnia, sexualidad, etc. Por lo tanto, “las mujeres” como sujeto colectivo tendrán siempre la dificultad de constituirse a partir de determinadas características comunes, que afirman la identidad del colectivo que se moviliza, pero inevitablemente significarán menos para grupos de mujeres cuya identidad se construye a partir de un complejo de experiencias donde pesan menos las tensiones que movilizan al núcleo central.

El sujeto colectivo del campo feminista chileno tiene, como ha sido común con otros movimientos feministas del mundo y de Latinoamérica, una composición notablemente diversa, que incluye desde mujeres de la elite empresarial (Comunidad Mujer) y política (Bancada feminista en el Congreso) a mujeres académicas, profesionales y científicas (grupos profesionales feministas), estudiantes de enseñanza media y superior, pobladoras, especialmente de zonas de sacrificio, y también personas de la diversidad sexual que no se identifican como mujeres. Esto ha permitido que el movimiento haya tenido una gran capacidad para aprovechar la oportunidad política que abrió el proceso de movilizaciones 2011-2019, los cuestionamientos que este proceso hacía al sistema político institucionalizado, el surgimiento de una nueva elite de jóvenes políticos desde el movimiento estudiantil, donde el feminismo se instaló como actor importante y renovó los discursos. Incluso, tuvo la capacidad de articular demandas en alianza con las mujeres de las elites tradicionales.

Por otro lado, la emergencia de las acciones colectivas al interior especialmente de las universidades, como fue el Mayo feminista, les dio un tiempo y espacio para construir significaciones comunes y debatir los principales conceptos teóricos con los que se identifican. Y las masivas marchas en torno al 8 de marzo y otras fechas emblemáticas, así como expresiones artísticas producidas desde los colectivos, consolidaron un repertorio de acción original y rupturista.

Los discursos feministas han puesto en cuestión el patriarcado y su mandato heterosexual, que encasilla y organiza las identidades y relaciones entre los géneros. Esto, a pesar de la fuerte reacción de los sectores conservadores contra, particularmente, las banderas de los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo el aborto y la diversidad de orientaciones e identidades sexuales.

Durante el 2022, esas fortalezas han sido puestas a prueba y se han visibilizado debilidades que estaban veladas por la extensión y masividad de las movilizaciones desde el 2018. Las articulaciones y negociaciones mediante las cuales se ha ido construyendo la agenda feminista, reflejan las particularidades de su composición interna. En efecto, las mujeres –y diversidades– que participan del movimiento son fundamentalmente mujeres con un nivel educacional superior al promedio nacional, y pertenecen a grupos etarios más bien jóvenes, como lo hemos encontrado en encuestas realizadas por el NJK (1).

Entre quienes respondieron la encuesta 2021, el 93,6% tenía educación superior completa o incompleta. Respecto a la edad, el 40,9% eran personas entre 30 y 45 años, seguidas del grupo entre 18 y 29 años con un 30%. En términos de ocupaciones, el 39,9% trabajaba de manera independiente, 24,9% de forma dependiente, un 14,2% estaba cesante y el 13,4% era estudiante. Respecto a los promedios de ingresos mensuales de las/es/os participantes, el 35,5% recibía el sueldo mínimo o menos, mientras el 40,9% tenía un ingreso entre $320.000 y $1.000.000 y las demás, 23,6%, percibían más de un millón de pesos al mes (2)

Esto es coherente con la ampliación de la matrícula en la educación superior en las últimas décadas, derivando en que la población más joven, y casi sin mayores diferencias de género, tenga niveles educacionales más altos que las generaciones anteriores. Esto, además del acceso a discursos filosóficos y científicos que cuestionan injusticias históricas, ha dado a los sectores subordinados y excluidos del orden de género la posibilidad de encontrarse colectivamente en los espacios educacionales y compartir las experiencias de opresión, construyendo identidad colectiva. Por ello, parte de las primeras demandas se centran en problemas que se visibilizan en la experiencia escolar: el reconocimiento de las identidades subordinadas y excluidas y el rechazo a la violencia de las relaciones de dominio en el campo educacional.

El movimiento feminista no se ha limitado, desde luego, a ese solo campo, pero es importante reconocer que fue ahí donde encontró el espacio para expresarse. Las demandas de los feminismos chilenos (y latinoamericanos) apuntan más allá de las aulas, a problemas que convocan a sectores más amplios de mujeres. La violencia de género, cuya expresión más dramática son los femicidios, tiene muchas formas tanto en el ámbito privado, donde el dominio masculino recurre a la violencia física, económica y sicológica, como en el ámbito público, con el acoso callejero y el acoso laboral, además de la violencia en las universidades y en los establecimientos secundarios.

La articulación movimientista con las feministas que actúan en la institucionalidad política ha logrado cambios legales importantes para la sanción de estos delitos y conductas impropias, y se puede decir que se han logrado cambios de actitud en la sociedad que han deslegitimado comportamientos violentos históricamente naturalizados. Sin embargo, no son  leyes que cuenten con presupuesto para la prevención de la violencia. Por ejemplo, la Ley 21.369 que “Regula el Acoso Sexual, la Violencia y la Discriminación de Género en el ámbito de la Educación Superior”, obliga a las instituciones de educación superior a crear oficinas para prevenir y sancionar el acoso, pero no entrega más recursos para concretar ese mandato.

La segunda línea de demandas feministas apunta a los derechos al ejercicio de la sexualidad y las capacidades reproductivas, tanto en la validación de la multiplicidad de cuerpos y experiencias como en la posibilidad de decidir sobre las propias vidas, expresadas en las demandas de aborto legal y educación sexual. Esta es, sin duda, un área donde las resistencias de los sectores conservadores (provida y otros) son más fuertes y se afirman en discursos e instituciones religiosas. Y, también, donde ha sido más difícil tener logros concretos para afirmar esos derechos. El último avance se alcanzó en el Gobierno de Bachelet II, con la legalización el aborto en tres causales, quedando como promesa la legalización plena planteada en la Constitución rechazada el 4 de septiembre.

Una tercera línea de demandas es la de participación política, que se ha traducido en leyes que obligan a los partidos a dar más espacio a las mujeres candidatas, y en algunas acciones positivas de los gobiernos para incorporar más mujeres en cargos de poder. Así se expresó en el acuerdo para definir la composición de la Convención Constitucional, donde se instaló la noción de la paridad en términos de género, junto con cupos para pueblos originarios. Como resultado, la propuesta de Constitución recogió efectivamente las principales demandas del movimiento en términos de derechos. Igualmente, en la instalación del Gobierno de Boric ha habido avances en materia de participación e inclusión que son sin duda importantes.

Sin embargo, el 4 de septiembre la nueva Constitución fue rechazada por un contundente 62% de la población, lo que pone en cuestión el impacto real del movimiento feminista, o su anverso, hasta qué punto las demandas movimientistas interpretaban las necesidades de la mayoría de las mujeres. Puesto que las mesas de votación se componen tanto de hombres como mujeres, no hay posibilidad de tener el dato fidedigno de cómo votaron ellas, pero sin duda una mayoría femenina rechazó el nuevo texto. No es posible, tampoco, estimar cuánto pesaron las propuestas en torno a los temas feministas en la respuesta de la ciudadanía, aunque en la encuesta de La Cosa Nostra de abril de 2022 se registraba que un 50% de la muestra opinaba que a esos temas se les daba más importancia de la que tenían en la Convención Constitucional, solo superado por el 60% que opinaba lo mismo respecto a la plurinacionalidad.

Por otro lado, en la encuesta Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo posterior al plebiscito, encontramos que el 56 % de las mujeres y el 49 % de los hombres siguen apoyando la paridad en un futuro órgano constituyente. Hasta ahora, los acuerdos al respecto se están tomando entre los partidos políticos, sin participación de los movimientos sociales, y todo indica que la futura convención, o cualquiera sea su nombre, será mucho menos democrática en su composición, por lo que será muy difícil conseguir la inclusión de las demandas en pro de la igualdad sustantiva de género que estaban presentes en el texto rechazado, al igual que otras propuestas democratizadoras.

Pero, más allá de los cambios constitucionales, cabe levantar preguntas para el propio movimiento feminista. ¿Cómo fue posible que la mayoría de las mujeres no percibiera como importante para ellas contar con una Constitución que garantizaba sus derechos? La falta de sintonía entre la percepción de los problemas que más las afectaban y el discurso feminista presentado en la Convención refleja, a nuestro parecer, los límites de un movimiento que, pese a su masividad y éxito simbólico, resulta todavía lejano para muchas mujeres populares, de mayor edad y de territorios más alejados de las grandes ciudades. Aunque sean probablemente quienes más experimentan las opresiones de género, agravadas por entretejerse con otras formas de opresión, como la clase o la edad, son también quienes mayores dificultades tienen para acceder a una lectura crítica de su propia realidad. Ese probablemente ha sido el privilegio de aquellas que han podido contar con un lenguaje para conceptualizar y cuestionar sus experiencias, con espacios de construcción colectiva en los establecimientos de educación, y con el tiempo para poder participar, discutir y manifestarse.

Queda el desafío para el movimiento feminista de buscar los vínculos con esas mujeres que no han tenido esos privilegios, para construir relaciones de complicidad que creen un entramado sustentado en la lucha contra las opresiones comunes, y valide a la vez las diversidades de experiencias.

Aunque el Gobierno ha tenido gestos afirmadores de la posición de las mujeres y las diversidades sexogenéricas en los espacios del poder, han faltado, sin embargo, acciones más concretas y perceptibles para la mayoría de las mujeres. Tal como lo indican las encuestas analizadas por LACOS –que, hay que decirlo, escasamente distinguen entre los géneros, pero son tan constantes los resultados que es probable que las diferencias de opinión entre hombres y mujeres sean menores–, las demandas por las que se ha movilizado el movimiento feminista han quedado en la frontera (así como la demanda por educación). Apenas podríamos decir que están incluidas en la demanda por igualdad, en tanto las demandas principales se vinculan a seguridad –delincuencia, narcotráfico, en parte migraciones–, carencias económicas –inflación y bajos sueldos, economía, desempleo, también en parte migraciones– y seguridad social –salud, pensiones–.

No se puede acusar al movimiento feminista de no haber visibilizado los problemas vinculados a la redistribución, a los que apuntan la mayor parte de las demandas detectadas en las encuestas, puesto que los feminismos han visibilizado los cuidados y las tareas domésticas como real trabajo, que en la combinación con el orden patriarcal capitalista han recaído mayoritariamente y “sin salario y sin horario” en las espaldas de las mujeres. El reconocimiento del trabajo del cuidado no remunerado estaba presente en las huelgas feministas del 8 de marzo, así como la brecha salarial de género.

Pero valdría la pena volver a la pregunta freudiana respecto a qué quieren las mujeres y escuchar las voces que hasta ahora no han estado en el debate público. Eso dependerá de la capacidad de quienes componen el campo de acción feminista, movimientistas e institucionales, de reconocer los límites de su representatividad.

La información con que contamos indica que la participación en el campo feminista es fundamentalmente de sectores educados, pero que han experimentado la falla de la promesa meritocrática: han obtenido acreditaciones educacionales, pero aunque eso ha mejorado sus ingresos, comparadas con quienes no las tienen, siguen teniendo empleo precario y con ingresos medianos. Podríamos ubicarlas mayoritariamente en sectores medios, adultas jóvenes y urbanas. Los resultados de la votación del 4 de septiembre de 2022 mostraron al Chile que no participa de las movilizaciones, que ni siquiera votaba. Que tal vez en algún momento –como lo dijeron las encuestas también– apoyaba las demandas de dignidad y justicia social, pero entre el vandalismo (que lo hubo), el miedo a la pandemia y al aumento de la delincuencia y el deterioro de la economía –todo entrelazado y potenciado por los medios de comunicación en manos de los poderes fácticos–, ahora no quiere más riesgos y prefiere aferrarse a “lo poco que se tiene”, como los bonos y los retiros de las AFP.

En ese contexto, las soluciones a estos problemas comunes tienen que ser abordadas con “perspectiva de género”, pero a partir de conocer las demandas y soluciones que las potenciales representadas puedan elaborar por sí mismas. Esas mujeres con menos educación, con empleos aún más precarios, que han sido principalmente dueñas de casa y han tenido escasa autonomía económica y ahora deben lidiar con la sobrevivencia de sus familias en un contexto de violencia (público y privado), de escasez de empleos, encarecimiento de los precios especialmente de los alimentos. En suma , de quienes hoy llamaríamos “la puebla”.

1. Primer Informe – Encuesta 8M ¿Qué hay de nuevo en los feminismos chilenos? De Fina, Débora. Figueroa Vidal, Francisca. Núcleo de Estudios en Género y Sociedad Julieta  Kirkwood. Departamento de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Chile.  Santiago, 2020.
2. DE FINA, Debora et al. De la revuelta al encierro: organización, resistencia y solidaridad feminista en Chile en tiempos de pandemia. Polis (Santiago), [S.l.], v. 21, n. 61, jan. 2022. ISSN 0718-6568. Disponible en: <https://polis.ulagos.cl/index.php/polis/article/view/1667>. Fecha de acceso: 23 jan. 2023 doi:http://dx.doi.org/10.32735/S0718-6568/2022-N61-1667.
  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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