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El gobierno estadounidense presentó este viernes cargos criminales contra el exvicepresidente ejecutivo de Venezuela y actual ministro de Industrias. Washington mantiene que El Aissami violó las sanciones que le impuso Washington por su presunta relación con el narcotráfico.
El gobierno de Estados Unidos anunció este viernes cargos criminales contra Tareck El Aissami, el exvicepresidente ejecutivo de Venezuela y actual vicepresidente económico.
El Aissami, una figura clave en el gobierno de Nicolás Maduro, fue acusado de violar las sanciones impuestas por Washington hace dos años por su presunta relación con narcotráfico.
En un comunicado, el Departamento de Justicia estadounidense indicó que El Aissami y el empresario venezolano Samark José López Bello evadieron las sanciones al utilizar aviones privados provistos por empresas establecidas en Estados Unidos.
«El Aissami y López Bello supuestamente usaron aviones privados para organizar reuniones privadas alrededor del mundo, incluyendo Turquía y Rusia», especificó el agente especial del Departamento de Seguridad Nacional Angel M. Melendez.
El gobierno de Trump ha incrementado la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro.«Es necesario imponer sanciones contra las personas extranjeras que buscan ganar poder y control evadiendo la ley (…). Tanto El Aissami como López Bello tendrán que pensárselo dos veces antes de dejar Venezuela, ya que se les busca para que se enfrenten a la justicia en Nueva York», advirtió.
Las autoridades detallaron que entre los viajes señalados también se incluye el regreso desde Rusia a Venezuela el pasado 23 de febrero.
El gobierno de Estados Unidos incluyó a Tareck El Aissami en su lista de «capos» del narcotráfico en 2017.
Las sanciones se impusieron bajo la llamada Ley Kingpin, promulgada en diciembre de 1999 para bloquear las actividades de individuos u organizaciones extranjeras sospechosas de estar vinculadas con el narcotráfico y que se conoce popularmente como «Lista Clinton».
Según explicó el Departamento del Tesoro estadounidense entonces, su inclusión en la lista se debió al «importante papel» que El Aissami jugó «en el tráfico internacional de narcóticos».
El Aissami (izq.) con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, en Ankara en febrero de este año.«Tareck Zaidan El Aissami Maddah ha ocupado posiciones clave en el gobierno de Venezuela (….). Utilizó su posición de poder para involucrarse en el tráfico internacional de drogas, lo que le valió la designación de Traficante de Narcóticos Especialmente Designado, junto a su socio Samark López Bello», manifestó este viernes el Departamento de Justicia en su comunicado.
Tanto El Aissami como López Bello, de 44 años, fueron acusados de cinco cargos por evadir las sanciones y violar la Ley Kingpin. Cada uno de estos cargos puede suponer una pena máxima de 30 años de prisión.
En 2017, El Aissami no tardó en reaccionar a la acusación de Estados Unidos.
«Ante la infamia y la agresión imperialista: 1- MORAL INTACTA. 2- mayor FIRMEZA y CONVICCIÓN antiimperialista. 3- mayor conciencia CHAVISTA!!», escribió en Twitter entonces.
«En lo personal recibo esta miserable e infame agresión como un reconocimiento a mi condición de revolucionario antiimperialista!! VENCEREMOS», agregó.
Estas nuevas acusaciones se producen en medio de la creciente crisis política y social en Venezuela, después de que el líder opositor Juan Guaidó se juramentra como «presidente encargado» del país en desafío al gobierno de Nicolás Maduro.
Tras proclamarse frente a una multitud en Caracas el pasado 23 de enero, EE.UU. respaldó de forma inmediata su causa y Maduro consideró que se trataba de un intento de golpe de Estado orquestado por Washington.
Desde entonces, más de 50 países alrededor del mundo reconocieron a Guaidó como presidente interino y EE.UU. elevó su presión sobre el gobierno de Maduro.
A finales de enero, Washington anunció sanciones a la petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, que proporciona ingresos vitales al país.
Según EE.UU., esos ingresos son usados por Maduro y su gobierno con fines corruptos y para mantener el control del gobierno.
Maduro reaccionó rápidamente a las sanciones anunciadas contra PDVSA, calificándolas de «ilegales, unilaterales, inmorales y criminales».
