Organizaciones acusan que proyecto que crea el Ministerio de Alimentos «potencia el latifundio y la agroindustria»

Organizaciones indígenas calificaron como una “amenaza a los derechos de los pueblos originarios, pues promueve en la práctica, la extinción de la agricultura indígena” la tramitación del proyecto de ley que crea el nuevo “Ministerio de Agricultura, Alimentos, y Desarrollo Rural”, que se tramita en la Cámara de Diputados.

Para las organizaciones, esta ley “se concentra en la agroindustria, en el latifundio, en la agricultura intensiva, y por lo tanto niega y desconoce a la agricultura familiar campesina, a la agricultura indígena, que es la que alimenta al país y le entrega soberanía alimentaria”.

Los dirigentes participaron en la sesión del día lunes 03 de agosto, señalando que “nos enteramos de este proyecto por la Diputada Emilia Nuyado, quien nos invitó a la sesión, y nos dimos cuenta que el proyecto era nefasto para nosotros, que no contenía nuestra visión, pues además de no ajustarse a la realidad de los pueblos originarios, y estar diseñado expresamente para las grandes empresas agrícolas, carece de consulta indígena”.

Asimismo, denunciaron que “el proyecto nombra sólo una vez la palabra indígena, pero sólo en sus fundamentos, y con ello nos niegan, es como si no existiéramos. El proyecto además traspasa el Sernapesca al Ministerio de Agricultura, lo que convertirá al nuevo Ministerio en una ventanilla única para el monopolio o el cartel de los alimentos. Ahora la agroindustria, la pesca y la salmonicultura, tendrán un solo Ministerio, dedicado al fomento empresarial agrícola, y no al desarrollo de la agricultura a menor escala, que es la que resguarda las semillas, cuida la tierra, y alimenta a las grandes ciudades en las ferias libres, con productos orgánicos y frescos a precios bajos”.

Agregan que “nada impide que el proyecto sea utilizado para fomentar los alimentos transgénicos, cuyo uso ha sido resistido por los pueblos originarios desde un principio”.

Los indígenas señalaron que “el articulado del proyecto se aplicará a nosotros aunque no nos nombren, y por lo tanto, se vulneran las medidas especiales que el Convenio 169 ordena que se cumplan para la protección de los pueblos originarios. Negar que existimos en un texto legal, es lo mismo que discriminarnos. Por eso decimos que este proyecto es racista, es un proyecto fundado en el colonialismo, pues el Estado fomenta y tolera que la agricultura industrial use nuestras semillas, tierras y aguas, sin ninguna compensación a sus legítimos dueños”.

Las organizaciones señalan que “el Estado de Chile ya nos robó las tierras y el agua, ahora van por las semillas, pero también buscan asfixiarnos. El Ministerio de Agricultura actual entrega recursos a los pueblos originarios, pero es difícil acceder a ellos, pues nos ponen muchos requisitos que no podemos cumplir. Ahora, en el Nuevo Ministerio, con el énfasis casi exclusivo que le dan a las grandes empresas, sabemos que esta exclusión y discriminación se intensificará. Es por eso que presentaremos una denuncia ante organismos internacionales para que este proyecto detenga su tramitación, y que se consulte un nuevo texto, que contenga nuestra visión, nuestra realidad, mediante un diálogo honesto con los pueblos originarios”.