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Créditos: Agencia Uno
Funcionarios de Teletón se dieron cuenta de esta situación el 15 de marzo, cuando al intentar ingresar al recinto se encontraron con la chapa cambiada. Cuatro días antes, los dirigentes del comité de vivienda se tomaron el recinto que según ellos se encontraba “abandonado”.
Teletón decidió presentar una querella judicial por el “Delito de Usurpación Violenta”, luego de que una de sus sedes fuera tomada por un grupo de personas en el Barrio Yungay. Este recinto ubicado en Huérfanos #2681 fue ocupada por dirigentes de un “comité de vivienda”, el cual busca solucionar su problemática habitacional.
La querella fue presentada el 31 de marzo por el vicepresidente ejecutivo de Teletón, Ademir Domic, en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, donde buscan recuperar la sede el cual era ocupada para el almacenamiento de implementos terapéuticos y también como casa de acogida para pacientes y sus acompañantes de regiones que reciben atención en Santiago, según información entregada por Biobío.
Funcionarios de Teletón se dieron cuenta de esta situación el 15 de marzo, cuando al intentar ingresar al recinto se encontraron con la chapa cambiada. Cuatro días antes, los dirigentes del comité de vivienda se tomaron el recinto que según ellos se encontraba “abandonado”.
En un escrito en el que se relataron los hechos, Domic indicó que “ese mismo día 15 de marzo y a través de un comunicado a organizaciones barriales difundido por redes sociales, nos enteramos que esta ocupación delictiva había sido encabezada por la “Cooperativa Vivienda Ayllú”, ‘organización de vecines del Barrio Yungay, unides tras la necesidad y demanda común de vivienda»(sic), cooperativa que era dirigida por Jacqueline Rodríguez”.
Además agregaron que “al momento de tratar de entrar, fuimos repelidos violentamente por estos vecinos que ocupaban ilegítimamente nuestro inmueble, rechazando de forma agresiva la presencia policial, negándonos inicialmente toda posibilidad de acceso”.
“Ya adentro, fui constantemente hostigado y amedrentado por dos mujeres que me ‘escoltaron’ en todo momento, registrando cada uno de mis movimientos con un teléfono celular, impidiéndome observar las instalaciones y el estado de las mismas, limitando mi acceso exclusivamente a cargar las cajas con los elementos terapéuticos que habíamos requerido”, comentó.
