Ayer en Wall Street las partes informaron que lograron un acuerdo tentativo por demanda por uso de información privilegiada en OPA de CFR y pidieron tiempo al juez que ve el caso en Nueva York. SVS dice que acuerdo en Estados Unidos no condiciona investigación local.
Hacía meses que en el mercado se sospechaba que Juan Bilbao estaba negociando un acuerdo con la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC por sus siglas en inglés) en la demanda que enfrenta en Wall Street por uso de información privilegiada en la exitosa OPA de Abbott Laboratories por CFR Pharmaceutical.
Ayer esa sospecha se confirmó cuando se supo que Daniel J. Wadley, uno de los varios abogados que patrocinan a la SEC, solicitó al juez Richard Sullivan una extensión de 90 días a la audiencia fijada para el 26 de junio próximo, considerando que dicha entidad está cerca de alcanzar un acuerdo extrajudicial no sólo con el ex presidente del holding financiero Consorcio, sino también con Tomás Hurtado, ex director de Banco Consorcio y LarrainVial AGF, y Somerton, la sociedad que Bilbao tiene domiciliada en Islas Vírgenes británicas, a través de la cual se compraron los papeles de la farmacéutica.
Sin ahondar en estos detalles, Wadley sostuvo que “la Comisión ha llegado a un acuerdo tentativo de sus pretensiones con el Sr. Bilbao y Somerton. Por otra parte, la Comisión también ha resuelto provisionalmente sus reclamos contra el Sr. Hurtado de conformidad con la FED. R. Civ. P. 41 (a) (1)”. De esta manera, Hurtado podría quedar libre de los cargos cursados por la SEC, aunque aún no es del todo claro si ello significa que quedará exento de multas.
Si bien el regulador financiero norteamericano está revisando los términos del acuerdo tentativo con los chilenos, mantuvo el congelamiento de activos para Bilbao (que alcanza a los US$40 millones) y redujo la medida a US$1 millón para el caso de Hurtado. “Las partes establecen y están de acuerdo en que el congelamiento de activos consignados previamente, se mantendrá vigente hasta que la Corte tome acción sobre la propuesta de acuerdo”.
En diciembre pasado, la SEC demandó a Bilbao por haber ganado US$10 millones operando títulos de CFR Pharmaceuticals, mientras se negociaba su venta a Laboratorios Abbott.
Según la investigación, Bilbao escuchó sobre el negocio en una reunión de directorio en marzo de 2014, para luego iniciar una ronda de compras de esa acción a través de la sociedad Somerton y con la complicidad de Hurtado. Este último habría obtenido una ganancia de alrededor de US$500,000.
Abogados con conocimiento de cómo opera la SEC y Wall Street dicen que el acuerdo con la SEC le costaría cerca de US$ 40 millones a Bilbao, pero lo dejará fuera de prisión.
Explican que para que el juez acepte el acuerdo, la multa tiene que ser consistente con previos casos similares y suficientemente dura para sentar ejemplo.
Los cargos que presentó la SEC son civiles y, además de tener que devolver los US$ 10 millones que se habría ganado en forma ilegal, Bilbao tendría que pagar una multa de US$ 30 millones, o tres veces lo ganado.
«Si uno considera que el acuerdo preliminar mantiene congelados los US$42 millones que Bilbao tiene en sus cuentas afuera, se puede deducir que la multa que tendrá que pagar será cercana a esa cifra», explica una fuente que ha mirado el caso con atención y tiene experiencia en Wall Street.
Y agrega que el acuerdo también debería incluir otros castigos no financieros contra el ex presidente de Consorcio, como prohibición de participar en el mercado de capitales en Estados Unidos.
La misma fuente apunta a que el hecho de que a Hurtado le descongelaron parte de sus activos sugiere que él se llevará un castigo menor y que la multa no superará el millón de dólares.
Si el caso llegara a la fiscalía y se presentaran cargos criminales, la pena podría haber sido hasta 9 años de prisión y la multa podría sumar entre 80 y 100 millones de dólares.
Pero esa opción siempre se vio como remota. Un abogado norteamericano experto en estos temas, señala que la SEC asume que, para tener éxito con una demanda criminal, tendría que lograr la extradición de Bilbao, cosa que ve como muy complicada judicialmente y poco probable, por lo que decidió ir a la segura y hacer una demanda civil y negociar un acuerdo.
A la SEC le importa mandar un mensaje claro en cuanto a que no permitirá que un inversionista extranjero, a través de una sociedad domiciliada en un paraíso fiscal, puede «estafar» al mercado norteamericano y salirse con la suya.
Hay presión política en Estados Unidos de tener mano dura con los casos de uso de información privilegiada y este año un operador de uno de los Hedge Funds más grandes de Wall Street fue sentenciado a 9 años de cárcel y el fondo pagó una multa de US$ 1.600 millones.
Arista local
Un acuerdo con la SEC no significa que la SVS abandonará su propia investigación y así lo confirmó ayer por la tarde ante consultas de este medio.
El regulador chileno ha tenido cierta coordinación con su par en Wall Street y hace unas semanas, en el marco de un seminario de Icare, Carlos Pavez señaló que la SVS hará “todo lo que corresponda hacer desde el punto de vista de la regulación del mercado de valores chileno”.
A eso se suma que algunas AFP y fondos de inversión han analizado los escenarios del caso si Bilbao y Hurtado fueran declarados culpables por uso de información privilegiada. Un acuerdo que implique solo una multa, pero no la admisión de culpabilidad, limitaría las opciones legales de los minoritarios locales.
