Zapata es funcionario clave de la Superintendencia en la investigación. El hecho de que negara la existencia de registros telefónicos, correos electrónicos y otros elementos como material de prueba para la sanción que aplicó el regulador, fue utilizado por los abogados de los involucrados a su favor, infiriendo que la SVS no tenía pruebas para acreditar el esquema. Sin embargo, el jefe del ACME afirmó todo lo contrario ante la Fiscalía.
Víctor Zapata, jefe del Área de Cumplimiento de Mercado, fue pieza clave para la sanción que aplicó la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) a los responsables del esquema que dio vida al caso Cascada. Fue parte de la investigación y por ello es que ha sido citado a declarar en distintas instancias judiciales relativas a esta causa.
Sus dichos han cobrado una connotación especial. A partir de sus declaraciones de principios de junio ante el 29° Juzgado de Civil de Santiago –en el marco de la reclamación de Leonidas Vial por la sanción de la SVS– se informó que este habría descartado la existencia de pruebas para demostrar el esquema, asunto que dejó en una incómoda posición a la SVS.
Diario Pulso infirió lo anterior sobre la base de los dichos de Zapata, quien descartó que como material de prueba haya habido correos electrónicos, confesiones de los involucrados, llamadas telefónicas y otros registros. Una conclusión discutible para los inversionistas afectados en este caso, considerando que para la concertación de un esquema como el detectado por la SVS, difícilmente haya registros de este tipo, máxime teniendo a la vista el conocimiento de mercado de las partes involucradas.
Cercanos a la SVS señalan que dicha declaración fue sacada de contexto y que días después Diario Financiero utilizó la misma declaración en ese mismo sentido. A partir de esa nota la SVS no tuvo más remedio que enviar un duro desmentido, en el que señaló que «el funcionario Víctor Zapata nunca afirmó lo mencionado, sino que en la página 6 de la absolución de posiciones realizada el 5 de junio de 2015, en el 29 Juzgado Civil de Santiago (ROL C-21.500-2014), aseguró que ninguna de las personas que, para la Superintendencia participaron del esquema, reconocieron su participación en el mismo».
Pero Zapata fue nuevamente a declarar a fines de ese mismo mes, esta vez ante el cuestionado fiscal José Morales, jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, cuya labor ha sido criticada públicamente por AFP Habitat, entidad que, de hecho, pidió a la Fiscalía Nacional su remoción de la causa, solicitud que fue denegada.
Sus últimas declaraciones fueron nuevamente utilizadas en favor de las partes sancionadas por la SVS. Pedro Águila, abogado de Julio Ponce, acudió al 18° Juzgado Civil de Santiago, adjuntando los últimos dichos del jefe del ACME, enfatizando que este ratifica la no existencia de correos, interceptación de llamadas o confesiones que acrediten «la efectividad de los cargos formulados a la SVS”. Sin embargo, en el detalle de su relato no se señala que el esquema no tendría sustento, al contrario, pues reafirma la existencia de un patrón.
La mala interpretación de sus dichos
Ante Morales, Zapata salió al paso de la mencionada publicación: “En cuanto a la absolución de posiciones que fui citado por la defensa de Leonidas Vial puedo decir lo siguiente: Se trató de un grupo de preguntas que no podía responder sino afirmativa o negativamente y dar una explicación breve. Fui malinterpretado por la prensa porque en un titular se dijo que yo había afirmado que no había esquema. Sin embargo, dije todo lo contrario, ya que en la resolución constaba análisis y hechos que permitía configurar las infracciones en base al estándar administrativo” (sic).
Zapata prosiguió: “Respecto de la ausencia de correos electrónicos, interceptaciones telefónicas y confesiones de partes es efectivo respecto de las sanciones respecto de todos los sancionados, ya que los antecedentes que se tuvieron a la vista solo son aquéllos mencionados en las respectivas resoluciones de los cargos” (sic), reafirmando que, si bien no hubo registros como correos electrónicos, sí hubo otros antecedentes que sirvieron como material de prueba.
Entre los varios antecedentes que consideró la SVS constan análisis financieros de operaciones bursátiles y material provisto por las propias sociedades cascada. “Se trató de una etapa larga de análisis que consideró cuatro años. Muchas veces se debió solicitar complemento de información o que aclararan información financiera contradictoria. Finalmente se solicitó copia de libros mayores que se tuvo que analizar en los respectivos expedientes administrativos”, relata Zapata como parte del proceso investigativo.
En este mismo ejercicio, Zapata advirtió la existencia de un patrón, que consistía básicamente en que las cascadas dejaban disponible al mercado un paquete de acciones para después recomprarlo. En principio esto se reflejó en 2010, pero luego se constató que también ocurría en los años 2009 y 2011, operaciones en las cuales destacaba la participación de los sujetos sancionados. “Observamos el patrón e hicimos una presentación interna y como consecuencia se inició la investigación administrativa propiamente tal, que implica el acopio de antecedentes previo a la formulación de cargos», manifestó.
Y añadió: «Inicialmente nosotros vimos un patrón de operaciones que posteriormente fue denunciado por Moneda y las AFP. Antes de la denuncia ya estaba identificado un patrón de transacciones muy embrionario que finalmente se pareció mucho a lo que denunció Moneda y las AFP”.
Morales le pidió un ejemplo y Zapata contestó lo siguiente: “Se explica sobre todo por las operaciones de septiembre de 2009 en la cual las sociedades vinculadas e instrumentales le permitieron obtener utilidades a Julio Ponce por $16 mil millones para luego resarcir estas pérdidas a través de operaciones con las sociedades cascadas” (sic).
Nuevos refuerzos
Más allá de las críticas que ha planteado AFP Habitat o la preocupación que anteriormente le manifestó Moneda a José Morales por cómo ha sido su proceso investigativo, el fiscal tiene la misión de elevar el estándar de prueba de una sanción administrativa al ámbito penal.
Y para ello es que Andrés Montes, Fiscal Regional Metropolitano de la Zona Centro Norte, sumó a la investigación del caso Cascada a las fiscales Tania Sironvalle y Macarena Cañas. La primera ya ha trabajado con Morales en el caso La Polar, mientras que para Cañas sería la primera vez que estaría en una causa junto al jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad.
La determinación de Montes se da a menos de una semana de que la Fiscalía Nacional le ordenara tomar las medidas correspondientes frente al reclamo que le hiciera Habitat, pues Sabas Chahuán descartó su remoción, al menos por ahora.
