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El caso también salpicó a Chile

Caso Odebrecht: cómo sus pecados pueden redimir a América Latina

por 1 febrero, 2017

Caso Odebrecht: cómo sus pecados pueden redimir a América Latina
El compromiso de la región para erradicar la corrupción en los negocios y la política parece real y vibrante. Perú ha anunciado que pondrá en marcha un equipo especial para investigar las prácticas corruptas. Los fiscales colombianos están analizando los contratos y un ministro del gobierno panameño anunció una investigación sobre los contratos de Odebrecht, por los cuales la empresa brasileña supuestamente pagó US$59 millones en sobornos. Gran parte del impulso que moviliza esta furia fiscalizadora ha llegado desde el norte del estrecho de la Florida, después de que el Departamento de Justicia estadounidense anunció que había alcanzado un acuerdo histórico de US$3.500 millones con ejecutivos de Odebrecht que confesaron haber pagado sobornos por importantes contratos en nueve países latinoamericanos y dos de África.
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Si el gigante brasileño de la construcción Odebrecht SA, de ética cuestionada, hubiera creído que iba a contar con un amigo en su hora más oscura, Pedro Pablo Kuczynski habría sido su hombre. Antes de convertirse en presidente de Perú el año pasado, el economista de 78 años se movía entre Wall Street y los despachos de Washington y Lima, donde respaldó el tipo de proyectos de desarrollo que convirtieron a Odebrecht en una compañía poderosa. Y sin embargo, hace poco Kuczynski le pidió a Odebrecht que abandonara el país después de multar a la compañía por pagar US$29 millones en sobornos. Además, rescindió su contrato en la construcción de un gasoducto peruano valorado en US$7.300 millones.

La reacción de Perú es sólo una parte de la respuesta del hemisferio al dañino escándalo de corrupción y sobornos de Brasil, que se ha extendido de São Paulo a Santo Domingo. Las autoridades colombianas arrestaron a un ex senador acusado de enriquecimiento ilícito y a un exviceministro de transportes por supuestamente agilizar los contratos de Odebrecht. Panamá ha prohibido a la compañía participar en la construcción de obras públicas. En República Dominicana, los manifestantes han salido a la calle a protestar por los US$92 millones en sobornos que presuntamente pagó Odebrecht a cambio de favores de las autoridades.

Si la reacción de América Latina es un espasmo excepcional de virtud o el impulso para limpiar la administración pública y reformar el gobierno corporativo es una pregunta que por ahora no tiene respuesta. En su última encuesta sobre la percepción de la corrupción, la organización Transparencia Internacional dio a América Latina y el Caribe sólo 44 puntos de 100, en un índice donde cualquier cifra por debajo de 50 significa que un país está “quedándose atrás”. El despacho de abogados de EE.UU. Miller & Chevalier recientemente sondeó a ejecutivos y abogados en toda América Latina y encontró que aunque 52 por ciento de los encuestados creía haber perdido negocios ante competidores corruptos, 77 por ciento dijo también que las leyes anticorrupción son ineficaces. Los resultados de 2016 apenas cambiaron con respecto a los de 2012, antes de que se conociera el escándalo de Brasil.

Sin embargo, el compromiso de la región para erradicar la corrupción en los negocios y la política parece real y vibrante. Perú ha anunciado que pondrá en marcha un equipo especial para investigar las prácticas corruptas. Los fiscales colombianos están analizando los contratos y un ministro del gobierno panameño anunció una investigación sobre los contratos de Odebrecht, por los cuales la empresa brasileña supuestamente pagó US$59 millones en sobornos.

Gran parte del impulso que moviliza esta furia fiscalizadora ha llegado desde el norte del estrecho de la Florida, después de que el Departamento de Justicia estadounidense anunció que había alcanzado un acuerdo histórico de US$3.500 millones con ejecutivos de Odebrecht que confesaron haber pagado sobornos por importantes contratos en nueve países latinoamericanos y dos de África. De la misma forma que la redada de la fiscal general de EE.UU., Loretta Lynch, contra la burocracia futbolística mundial de la FIFA, en 2015, desencadenó una ofensiva contra dirigentes del fútbol latinoamericano, la iniciativa del Departamento de Justicia ha alentado a policías y fiscalías de la región a perseguir a funcionarios locales sobornados por Odebrecht.

Pero no todo es obra de una importación de la ética gringa. Si Brasil se ha convertido en un símbolo del fraude y la negligencia corporativa, también se ha convertido en un pionero. La operación Lava-Jato (Lavadero de autos), una investigación iniciada hace tres años sobre la corrupción en Petrobras, debe su éxito no sólo a un juez independiente o a fiscales valientes, sino a instituciones sólidas y a la existencia de normas como la ley antisobornos de 2013. “Esta es precisamente la forma en que se supone que funciona la democracia”, dijo Andy Spalding, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Richmond, experto en temas de la lucha contra la corrupción. “El ejemplo brasileño rescata la idea de que las instituciones democráticas pueden combatir la corrupción, y ahora Brasil está en condiciones de ser un ejemplo en otros países que están iniciando sus propias investigaciones”.

Reunidos en una Cumbre Anticorrupción celebrada en Londres el pasado mes de mayo, Argentina, Brasil, Colombia y México acordaron investigar a las compañías que blanquean ganancias obtenidas de forma ilegal. Otros países están impulsando un nuevo estándar internacional de lucha contra la corrupción, conocido como la norma ISO 37001, que obligaría a las empresas a capacitar al personal para combatir el soborno y designar a un funcionario que se encargue del cumplimiento. “Lo que estamos viendo ahora es una especie de competencia entre los países mencionados en las investigaciones de los fiscales estadounidenses para acabar con la corrupción en el país”, dijo Alejandro Salas, analista de América Latina de Transparencia Internacional. Lo que es digno de destacar, dijo Salas, es que países que raramente lo hacían están colaborando, entre otras cosas para crear un grupo de trabajo conjunto que investigue la corrupción, de conformidad con el artículo 49 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

El camino que queda por recorrer es, sin duda, largo. Entre otras cosas, no está claro si la administración del presidente Donald Trump retomará la acción en el punto en el que la dejó su predecesor. Lo que es diferente es que los latinoamericanos ya no parecen dispuestos a hacerse de la vista gorda. Las consecuencias de los supuestos delitos de Odebrecht son una prueba rotunda de que la indignación de la sociedad civil por el robo a expensas de la ciudadanía ha perforado las certezas de una clase política que alguna vez fue intocable y de sus socios empresariales, muchos de los cuales están ahora presos. Esta es la clase de convicción cívica que no puede ser importada. “Los estatutos siempre pueden ser revocados y las legalidades cambiadas”, dijo Spalding. “No sé si la cultura puede serlo”.

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