Opinión
Hoy, el desafío es mejorar desde todos los sectores los aspectos negativos del sistema, una nueva institucionalidad en Concesiones (publicada en el Diario Oficial del viernes 20 de julio de 2018) está naciendo para asumir el trabajo pesado y que aún no cuenta con una agencia especializada que debería ser independiente del Gobierno de turno.
La competencia, el pilar fundamental de la economía de mercado está en riesgo, no por la amenaza del sistema de planificación central, sino por el magro desempeño que ha tenido en algunos de los sectores más importantes del país: estafas, colusiones por doquier, y una latente posibilidad de abuso de posición dominante, ponen en jaque las más puras prescripciones de aquellos economistas que contribuyeron a la creación de un sistema que ha revolucionado (para bien o para mal) los últimos 242 años de la humanidad.
Dentro de los nuevos mercados creados en democracia, las asociaciones público-privadas de infraestructura (concesiones) llaman la atención y son el mejor ejemplo de que el mercado sí está al servicio de la sociedad, pero se debe prevenir la captura regulatoria, los contratos de tercer o cuarto mejor, las renegociaciones abusivas y, principalmente, aquella promesa estatal incumplida que decía que luego de los 20 años de operación los peajes bajarían, porque en la perpetuidad solo cubrirían las actividades de operación y mantenimiento. Se argumentó que financiar vía esta modalidad permitía acceder a tasas de interés más convenientes para una empresa que para el Estado y que los fondos públicos de un país pobre podrían ser mejor empleados en otro tipo de gasto.
Hoy la realidad de este mercado “innovador” nos golpea y nos hace reflexionar sobre por qué está fallando. Por enumerar algunas fallas: carreteras congestionadas a pesar de cobrar en hora punta, donde los peajes de las autopistas urbanas podrían afectar la competitividad en algunas industrias; discriminación de usuarios con menos capacidad de pago; nuevas concesiones con una duración de 40 años (se podría postular que es una “pseudoprivatización»); desequilibrio entre autopistas y vías públicas; debido a que después de terminado el tramo de vía concesionada la capacidad y la condición del resto de vías es muy por debajo del precedente, constituyendo en realidad una externalidad negativa de la autopista a sectores vecinos e interpelan evaluaciones ex post del sistema y renegociaciones de contratos opacas.
Hoy, el desafío es mejorar desde todos los sectores los aspectos negativos del sistema, una nueva institucionalidad en Concesiones (publicada en el Diario Oficial del viernes 20 de julio de 2018) está naciendo para asumir el trabajo pesado y que aún no cuenta con una agencia especializada que debería ser independiente del Gobierno de turno.
El desafío se transforma en una tarea país cuando se considera que los hospitales son infraestructura social susceptible de concesionar. En este sector, casi automáticamente saltan los grupos de interés oponiéndose a la idea de concesionar argumentando diversas razones, todas ellas justificadas, por cierto. Con justa razón existe oposición del eventual nuevo mercado, solo se debe observar el «outcome» de algunos mercados de referencia creados por las APP (asociaciones público-privadas), en definitiva, estos mercados permiten revelar la disponibilidad de pago de sus usuarios. Pero en la salud hay un énfasis distinto, es un derecho social que complejiza todas las prescripciones económicas, siendo el marco de referencia otro y superior: el ético.
En este sector, es conocida la existencia de múltiples grupos de interés, desde las asociaciones gremiales de funcionarios, colegios profesionales, empresas de servicios, farmacéuticas, Fonasa, Isapres, entre otras. Sin embargo, en este sector hay que singularizar y visibilizar lo principal: los enfermos, ellos mayoritariamente tienen baja o nula disponibilidad de pago. Los problemas en el sector de la salud están muy bien diagnosticados y son: déficit de cobertura, baja calidad (en promedio) y falta de oportunidad de las prestaciones; y también el propósito para la acción: mejorar el resultado en estas 3 variables. ¿Qué tan complejo puede ser si están definidos los problemas y el propósito de la mejora? Respuesta: parece que Chile no ha podido hacerlo (aunque el Obamacare, tampoco).
Entonces, ¿podrá el Estado bajo este Gobierno iniciar la transformación radical en salud? La solución podría ser introduciendo el cuestionado sistema de concesiones en Hospitales tanto en aquellos hospitales antiguos como nuevos (Brownfield o Greenfield, respectivamente, si tomamos una denominación copiada del hemisferio norte), ¿resultará mejor el remedio que la enfermedad? Desde luego, es discutible.
En el mundo existe una creciente tendencia parar aplicar variantes de modelo de APP para el sector hospitalario: Inglaterra, Australia, India y Filipinas son ejemplos de la participación público-privada. Por tanto, es posible intentar alinear y compatibilizar incentivos de los grupos de presión mencionados y dejar de procrastinar las decisiones que afectan al grupo más vulnerable de la población, sin embargo, con seguridad será diseñado a la chilena, como tantos otros sectores.
En definitiva, en un sistema donde necesariamente el Estado es el pagador, la definición de una política pública de salud debe buscar la mejor forma de ejecución del gasto que es y será financiado por impuestos generales (que pagamos todos) o por las ventas de cobre. La vía correcta es transparentando públicamente los mecanismos de provisión, consensuados con los usuarios, con los trabajadores de la salud y los proveedores del sector, bajo un estudiado y estricto marco regulatorio que efectivamente inhiba el comportamiento oportunista de las futuras sociedades concesionarias de hospitales y castigue las conductas anticompetitivas, porque el marco será ético más que económico y predeterminará el futuro de la salud en Chile.
Finalmente, el modelo no se hará cargo del delantal blanco, porque la reducción de ese monopolio profesional de las 22 horas en el servicio público debería avanzar por otra senda, la de ampliación de las escuelas de medicina, inmigración de médicos o la actuación de los organismos persecutores de la colusión como actualmente es el caso de Valparaíso. Finalmente, también es una oportunidad esplendida para que aquellos que estarán a cargo de la generación de modelos de concesiones hospitalarias puedan ser tan competentes como los odontólogos.
