Cuando se estima que casi 100 mil empresas de todos los tamaños han solicitado –desde la entrada en vigencia de la norma– acoger a cerca de 700 mil trabajadores a la Ley de Protección al Empleo, la fiscal jefe de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Ximena Chong, advirtió que es posible que se inicien persecuciones penales a las empresas que hagan mal uso de dicha legislación en medio de la pandemia de COVID-19.

La persecutora fue consultada a través de Instagram, en un streaming titulado "El trabajo de los fiscales durante la pandemia y los tipos de delitos que se están cometiendo en el marco del COVID-19”, donde explicó cómo funciona la norma. Chong detalló que la Ley 21.227 permite a las empresas acogerse a la famosa Ley de Protección al Empleo cuando existe una declaración de la autoridad que no permita a los trabajadores prestar los servicios.

Pero, por ejemplo, si una declaración de la autoridad, como puede ser la medida de cuarentena, sí permite a los trabajadores seguir prestando los servicios pero desde sus casas y, pese a aquello, una empresa decide acogerse de igual forma a la solicitud, "podríamos estar en presencia de una situación irregular que podría configurar delito", comentó la fiscal.

El eventual delito de parte de las compañías, según la fiscal Chong, se podría dar cuando la existencia de este pacto de suspensión temporal del contrato de trabajo cumple los requisitos legales, sin embargo, dichos requisitos "son falseados" y  se dice que "se está disminuyendo la jornada de trabajo, pero en realidad no se está disminuyendo la jornada de trabajo".

De acuerdo a la fiscal, los criterios y el peso de la ley podría recaer tanto sobre grandes como pequeñas empresas y lo mismo a propósito del acceso al crédito COVID, a través del Fondo de Garantía de Pequeñas y Medianas Empresas (Fogape), concluyó.

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