La Contraloría General de la República respondió a una solicitud presentada por el segundo vicepresidente de la Cámara Baja a requerimiento de los diputados Marcelo Díaz y Alfonso de Urresti sobre los eventuales conflictos de interés que afectarían al empresario y director del Instituto de Desarrollo Agropecuario, Ricardo Ariztía de Castro.
El ente fiscalizador detalla que los recurrentes expresaron que “el timonel del Indap suscribió un convenio de cooperación con la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), de la cual su hijo sería consejero nacional; que se otorgaron recursos públicos para financiar obras de riego a las empresas Agroriego Ltda., Baracaldo Sur S.A. y Agrícola Baracaldo S.A., en las cuales dicha autoridad o sus familiares tendrían participación y que ello habría ocurrido también en el acuerdo de voluntades celebrado por ese organismo público con Copeval S.A., en el marco de su Programa de Alianzas Productivas, señalando que la citada autoridad no dio cumplimiento al deber de abstención que en tales situaciones le era exigible”.
A su vez, “indican que dicho servicio acordó una consultoría relativa al Parque Jardín Botánico Nacional ubicado en Viña del Mar, la cual no guardaría relación con los fines de esa repartición. Además de formular las mismas consultas, la diputada señora Denise Pascal Allende solicita información sobre determinadas contrataciones de personal efectuadas por ese organismo público y sus remuneraciones”.
La Contraloría de igual modo dejó en claro que el Indap y el Ministerio de Agricultura informaron al respecto que el aludido instituto “suscribió un convenio de colaboración con determinados miembros del Comité Bilateral Nacional Agrícola, Laboral y Social, conformado por organizaciones representativas de las empresas y de los trabajadores agrícolas, entre las cuales se encuentra la SNA, en cuya celebración no habría intervenido el hijo del señor Ariztía De Castro, por no formar parte del directorio de dicha entidad gremial. Añaden que en virtud de ese acuerdo INDAP aportó fondos públicos a una de las organizaciones campesinas que integran el mencionado Comité, la cual solicitó que tales recursos fueran administrados por la sociedad mencionada”.
Tras ésto, la Contraloría determina:
“Acorde con lo anterior, la circunstancia que uno de los hijos del Director Nacional del INDAP sea miembro del Consejo Directivo de la SNA, obligaba a dicha autoridad pública a abstenerse de intervenir en la celebración y aprobación de los correspondientes acuerdos de voluntades, en acatamiento de lo dispuesto en los citados artículos 62, N° 6, de la ley N° 18.575, y 12, N° 2, de la ley N° 19.880, pues podía configurarse en la especie un conflicto de interés que podría haber comprometido su imparcialidad. No obsta a la prevención indicada el hecho de que tal descendiente no haya participado directamente en esos actos”.
En ese sentido, recalca que “el artículo 8° de la Constitución Política de la República prescribe que el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones, recogido en el orden legal particularmente en los preceptos del Título III de ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo artículo 52, inciso primero, ordena que sus autoridades y funcionarios deberán dar estricto acatamiento al principio de probidad administrativa, precisando su inciso segundo que ello significa observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular”.
De igual modo, precisa que Ricardo Ariztía de Castro, en su calidad de director del Indap, adjudicó las propuestas presentadas al concurso nacional “Alianzas Productivas 2010”, entre otras entidades, a la empresa Copeval Agroindustrias S.A., para desarrollar proyectos vinculados al rubro de los cereales en las regiones de La Araucanía y del Biobío.
Entonces, la Contraloría repara en lo siguiente: “De los antecedentes examinados aparece que la aludida empresa es una filial de la sociedad Copeval S.A., en cuya propiedad participa don Manuel Ariztía Ruiz, tío del Director Nacional de INDAP, circunstancia que impedía la intervención de esa autoridad en la evaluación y adjudicación de las propuestas antes anotadas, por concurrir una de las causales previstas en el mencionado N° 6 del artículo 62 de la ley N° 18.575 y en el artículo 12, N° 2, de la ley N° 19.880, que lo obligaban a abstenerse de intervenir en los procedimientos y decisiones en que tuviera interés la citada compañía, exigencia que no fue cumplida en la especie, por esta razón y atendido lo expuesto en el dictamen N° 25.336, de 2012, se remiten los antecedentes a la División de Auditoría Administrativa de esta Contraloría General para los fines pertinentes”.
Por lo anterior, el ente fiscalizador le recomendó al jefe del Indap que “en lo sucesivo, deberá dar cumplimiento al deber de abstención que impone la ley que rige a los funcionarios del Estado”.
LA HISTORIA DE NEGOCIOS Y PARENTESCO
En la nota periodística “Las redes familiares y de negocios que complican la permanencia de Ariztía en el Indap” de El Mostrador Mercado, se narra cómo las decisiones tomadas por Ricardo Ariztía de Castro, en su calidad del director del Indap, se cruza habitualmente con sus negocios. Los ejemplos abarcan un sinfín de aristas.
Cuando el 30 de noviembre 105 funcionarios del Indap supieron que no se les había renovado el contrato, la molestia por los conflictos de interés de su jefe creció. Además, la noticia fue conocida justo un día antes de que la Fiscalía Nacional Económica anunciara la investigación por colusión de Super Pollo (Gonzalo Vial), Ariztía (Manuel Ariztía) y Don Pollo (Ramón Covarrubias).
Entonces salieron a relucir los cruces: el subdirector Juan Carlos Domínguez Covarrubias trabajó entre 2002 y 2009 en Empresas Ariztía, cuyo dueño, Manuel Ariztía, es tío del director de Indap. El ingeniero agrónomo renunció a su cargo cuatro días después, aunque su decisión estaba tomada desde antes. Ramón Arrau García de la Huerta, asesor de Ricardo Ariztía, es hijo de quien fuera gerente de asuntos públicos de Agrosuper durante 27 años. Y por último, Federico Errázuriz Tagle, el jefe de gabinete del subsecretario Álvaro Cruzat, fue jefe del área de pavos de Empresas Ariztía.
Ariztía es primo hermano de Eugenio Ariztía Benoit, uno de los principales accionistas de Copeval. ¿A qué se dedica esta empresa? A la venta de maquinaria, semillas, fertilizantes y equipos de riego, entre otros. Y es el principal actor en el otorgamiento de créditos para el sector agrícola. Cualquier decisión que tome el Indap respecto de los $50 mil millones de créditos que dispone para los pequeños agricultores, afecta a su pariente para bien o para mal.
En Indap existe un programa llamado “alianzas productivas” en el que participaban 4 mil productores. Ariztía lo aumentó a 10 mil y la idea es llegar a 40 mil. ¿Cómo operan estas alianzas? El Indap financia asesoría técnica, es decir, un agrónomo que revisa plantaciones, aconseja sobre riego, fertilizantes para mejorar la calidad de los cultivos y también incluye financiamiento para infraestructura y equipamiento. Siempre y cuando le entreguen su producción a la agroindustria, que abarca muchísimos sectores: lechería, ganadería, vitivinicultura y congelados. Entre las empresas de este sector destacan Agrosuper, Carnes Ñuble, Soprole, Nestlé y Copeval como comprador de trigo.
¿Quiénes ganan con estas alianzas? Los dueños de estas grandes compañías que con recursos del Estado cubren el riesgo tecnológico de sus proveedores, porque se aseguran de que van a contar con una buena materia (uva, fruta, ganado, entre otros) y a menor costo, gracias al subsidio del Indap.
Copeval recibió recursos del Indap para financiar estas “alianzas productivas”: $ 29,8 millones para la región del Bío Bío y $ 39,5 millones para La Araucanía, según publicó el diario digital Cambio 21. Con ese dinero Copeval va a pagar a los agrónomos y a financiar equipos de riego, fertilizantes y equipamiento y podría caber el peligro de que recomiende los productos que vende.
Los conflictos de interés llegan hasta la Sociedad Nacional de Agricultura, de la que Ariztía fue presidente (1997 y 2000). El Indap suscribió un convenio por $65 millones para financiar reuniones y actividades de la mesa laboral agrícola que coordina el organismo. Su familia, además, tiene presencia en la asociación gremial: su hijo Ricardo Ariztía Tagle y su primo Eugenio Ariztía Benoit son miembros del consejo. También su socio en Subsole —una de las 10 mayores exportadoras— Miguel Allamand Zavala, hermano del ministro de Defensa. El mismo director del Indap y su tío Ricardo Ariztía Ruiz son consejeros honorarios. Y hay otros tres consejeros de apellido Ariztía.
“Sí, soy Ariztía y a mucho honor lo tengo (el apellido), pero en nada tiene que ver con la actividad de cada uno. En un mundo moderno, las actividades se miden por sus actos, no confundamos”, dijo en su defensa. Y tiene razón: su problema no es el apellido, sino los cruces entre el organismo que dirige y sus negocios.
