A una semana de la audiencia en que se formalizará a nueve ex principales ejecutivos de La Polar por entregar información falsa a la Superintendencia de Bancos, la discusión está puesta en una nueva arista: el pago de impuestos.
Entre 2006 y 2010 la compañía pagó US$100 millones que pretende recuperar a través de un reclamo tributario presentado el 11 de julio ante los nuevos tribunales tributarios y aduaneros que debutaron en febrero.
Un informe pericial de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile —encargado por la Unidad de delitos de alta complejidad de la Fiscalía Centro Norte que lleva la investigación— arrojó que en ese período La Polar perdió US$ 715 millones y no registró utilidades por USS$ 419 millones como se hizo creer al mercado. El mismo que fue incluido en la acción judicial patrocinada por el abogado Juan Manuel Baraona y fue el corolario de largas e infructuosas negociaciones entre la cadena y el Servicio de Impuestos Internos para pedir la restitución de impuestos.
Según el experto tributarista Lisandro Serrano Spoerer, socio del estudio Serrano Weinstein, se trata de una situación complicada, porque uno de los requisitos para acreditar pérdidas es haber realizado gestiones de cobranza a los clientes morosos, cosa que La Polar no efectuó dado que la estrategia de los ejecutivos formalizados para abultar los resultados consistía en repactar unilateralmente a los usuarios que no pagaban las cuotas de sus tarjetas.
El abogado, quien trabajó 28 años y fue socio principal hasta 2003 de Price Waterhouse (que revisó los balances y fue multada por la Superintendencia Valores y también la de Bancos por negligencia) explica que la ley contempla que cuando existe fraude las pérdidas pueden ser llevadas a gastos si se acredita que las hubo y una de las pruebas es el informe de la Universidad de Chile.
El Fiscal José Morales, a cargo del caso, rehízo los balances financieros “pero hay que ajustarlos a las normas tributarias y, por lo tanto, las pérdidas que La Polar está mostrando (a partir del informe pericial de la U. de Chile) hay que justificarlas tributariamente”.
Las opciones frente a ese escenario son dos: o el Servicio de Impuestos Internos tiene la “buena voluntad” de aceptar las pérdidas arrojadas por el informe pericial o se va a juicio. Y esto último es lo que terminó por ocurrir.
El 1 de agosto serán reformalizados Pablo Alcalde, ex presidente de la multitienda; Julián Moreno, ex gerente de productos financieros; María Isabel Farah, ex gerenta de administración; Nicolás Ramírez, ex gerente general y otros cinco ex gerentes por infringir el artículo 157 de la Ley de Bancos y entregar información falsa a la superintendencia del ramo, a través de Inversiones SCG, que administraba las tarjetas de crédito de La Polar.
Los abogados a cargo de sus defensas pedirán que se amplíe el plazo de investigación para conocer los detalles de este nuevo cargo.
El SII se querelló en abril del año pasado en contra de Alcalde, Moreno, Farah, Ramírez y Jaime Ripoll, ex contador general de SCG, por infracción al artículo 97, Nº4, inciso 1º del Código Tributario, es decir, declaraciones maliciosamente falsas o adulteración de balances con el objeto de evadir el pago de impuestos.
En la querella el SII señala que no puede determinar el monto que debían pagar las diversas empresas del holding La Polar por la falsedad de sus registros contables.
Una fuente que conoce los detalles del caso dice que, en el fondo, el SII quiere cobrarle más impuestos, porque los estados financieros de La Polar fueron falsificados y, por lo mismo, el cobro de impuestos es distinto. Eso implica que La Polar debe impuestos.
La querella argumenta que la adulteración de balances tuvo por objeto generar utilidades falsas, a partir de las cuales se pagaron impuestos.
Consultado Serrano si el Fisco se vio beneficiado, afirma que recibió impuestos que no debió haber obtenido porque la empresa tuvo pérdidas.
