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Fiscalía en España pide juzgar a 61 socios de la auditoría PwC por defraudar 40 millones

por 25 septiembre, 2013

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La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este martes la apertura de juicio oral a 61 socios y exsocios de la firma PricewaterhouseCoopers en España (PwC), para los que pide penas de entre 2 y 14 años y seis meses de prisión por delitos contra la Hacienda Pública española y la Hacienda foral vasca. Los socios denunciados son aquellos a los que se imputa un fraude superior a los 120.000 euros, límite a partir del cual se considera que existe delito fiscal.

En el escrito de 41 folios registrado en la Audiencia Nacional, el fiscal se dirige también contra las filiales españolas de la firma, las sociedades PwC SL, PwC Auditores, PwC Jurídico y Fiscal, PwC Asesores de Negocios e IBM Global Services España, como responsables civiles subsidiarias. Los supuestos delitos fiscales se cometieron en 2002 a raíz de la venta de la división PwC Consulting a IBM por 3.500 millones de dólares.

Dos operaciones y varios delitos

La Fiscalía anticorrupción acusa a 61 socios y ex socios de PricewaterhouseCoopers de varios delitos fiscales como consecuencia de dos operaciones.

La primera es la no declaración a Hacienda por los socios de un bonus de 20,97 millones en 2002 como retribución por su trabajo en la firma. Los acusados incluyeron esas cantidades como parte del precio de venta de la División de Consultoría a IBM, con una tributación muy inferior a la correspondiente a la realidad de los hechos, según señala la Fiscalía.

La segunda es la omisión de declaración en el Impuesto de Sociedades de PwC SL de la operación de venta de la División de Consultoría de PwC SL (PwC Consulting) a IBM Global Services España en octubre de 2002. Para evitar el pago de la deuda fiscal, se simuló una operación de reestructuración empresarial, según la acusación.

PwC niega las acusaciones y considera que su actuación fue “absolutamente correcta y ajustada a Derecho”, sin “ocultación ni defraudación”

La fiscalía, que abrió la investigación en 2008, explica que los delitos contra la Hacienda Pública se derivan de dos operaciones relacionadas que se produjeron en 2002. Por un lado los 61 socios imputados evitaron declarar un total de 20,9 millones de euros en sus declaraciones de IRPF del año 2002. Los ejecutivos cobraron dicha cantidad en enero de ese año como retribución de su trabajo en la firma, según concluye la fiscalía que añade que los socios omitieron declarar esa cantidad en el IRPF al incluirla como parte del precio de venta de la división de consultoría a IBM, lo que suponía una tributación muy inferior. Pero esta operación fue acordada en octubre de 2002, 10 meses después de que los socios cobraran los bonus.

Por otro lado, la fiscalía señala que la firma omitió declarar en el impuesto de sociedades de PwC, SL, las cuotas correspondientes a la venta de la división de consultoría de PwC Consulting, SL, a IBM Global Services España realizada en octubre de 2002. La fiscalía calcula que este hecho supone un delito fiscal por 18,3 millones de euros ya que considera que para evitar el pago de la deuda se simuló una operación de reestructuración empresarial con acogimiento al Régimen especial de fusiones y escisiones del impuesto de sociedades para omitir la tributación por el régimen general del impuesto de sociedades cuando la realidad fue la venta de la empresa que generó unas plusvalías millonarias, según la fiscalía.

La matriz de la firma de Consultoría, PwC, transmitió a sus socios las participaciones de la Consultoría siendo estos socios, y no la sociedad, los que vendieron la división a IBM.

La fiscalía abrió diligencias en 2008 a partir de un escrito de un exsocio de la firma que reclamó una cantidad de dinero por la venta de la división de Consultoría cuando él ya no estaba en la compañía, según justifica PwC en una nota. “Un arbitraje de la Cámara de Comercio de Madrid y diversos órganos jurisdiccionales le denegaron su pretensión”, recuerda la firma, que añade en el comunicado que el exsocio “intentó chantajear a la firma manejando de forma torticera la información sobre la venta de PwC Consulting con el objetivo de vengarse y sembrar dudas sobre la operación y llevar a engaño al ministerio fiscal”.

La cúpula de PwC en España en aquel momento acumula las peticiones de penas más elevadas. El expresidente de la firma, Miguel Fernández de Pinedo; el ex administrador solidario de PWC Consulting y responsable de Operaciones en España, José María Tajadura Garrido; y el ex socio responsable de la División Fiscal y Legal de PwC, César Rodríguez Ramos se enfrentan a una pena de 14 años y seis meses de prisión. También se solicitan multas que, en el caso de los tres anteriores, superan los 102 millones de euros. Además, tendrán que indemnizar a la Hacienda Pública estatal y la foral vasca con unos 27,5 millones, según el escrito remitido por el ministerio público. La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, que ha presentado su escrito en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, considera que los hechos deben ser juzgados por el Juzgado Central de lo Penal de este tribunal.

PwC ha emitido este lunes un comunicado en el que “niega rotundamente” las acusaciones que se les imputan. Subrayan que no ha habido ocultación ni defraudación alguna. E insisten en que están convencidos en que su actuación fue “absolutamente correcta y ajustada a derecho”. La firma recuerda que la Hacienda Foral de Vizcaya, que estaba personada en el proceso, ya ha dicho que no formulará ninguna acusación. PwC señala en un comunicado que los dos argumentos en los que se basa la fiscalía para abrir diligencias “no se corresponden con la realidad”. Insiste en que la operación societaria, que la fiscalía califica como ficticia, fue “real, pública y evidente y se acogió a los beneficios fiscales correspondientes”. La firma justifica que la estructura societaria creada entonces sigue vigente.

PwC explica, además, que los socios imputados recibieron de la firma internacional una compensación de 20,9 millones de euros por la pérdida de la división de Consultoría en España, ya que ese negocio era uno de los que más había crecido en el mundo. Los socios tributaron esa compensación como un aumento de patrimonio y no como retribución en el IRPF “puesto que no se correspondía a servicios prestados ni beneficios de PwC en España”.

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