¿Qué tienen en común Sacyr y Sonda? Poco y nada, a decir verdad. Salvo que ambas han invertido en obras de interés público en Panamá. La empresa constructora española encabeza el consorcio “Unidos por el Canal” –que ya a esta altura suena bastante irónico– y la chilena lleva a cabo el Servicio de Administración Financiera del Sistema de Movilización Masivo de Pasajeros en la capital de ese país, una copia del Transantiago que también ha alterado la vida de los habitantes de Ciudad de Panamá.
Ambas tienen en sus manos los dos proyectos emblemáticos del gobierno de Ricardo Martinelli, que pueden fortalecer o destruir la posibilidad de que su partido, Cambio Democrático, vuelva a poner a un hombre de sus ligas en las elecciones que se llevarán a cabo el 4 de mayo de 2014.
Quizás por eso han tenido que encarar la retórica agresiva del presidente Martinelli, un empresario dueño de la cadena de Supermercados 99 y que se declara de derecha populista, en un momento en que el electorado está muy sensible a todo lo que huela a malos manejos.
Conocido en su país como “Ricky casi 100”, aludiendo al nombre de su empresa, está claro que no le gusta nada a los Estados Unidos, o, al menos, a su embajadora Bárbara Stephenson, quien cumplió dichas funciones en Panamá entre 2008 y 2010, de acuerdo a las filtraciones que publicó Wikileaks. Pero vamos por parte…
Sonda volvió a jugársela por el transporte
Sonda se ganó el proyecto para proveer y operar por 10 años el sistema de recaudación de buses, de la red de carga, oficinas de atención al público y de los sistemas centrales de Ciudad de Panamá. Es decir, se hizo cargo de la recaudación, administración y custodia de los recursos provenientes de la comercialización y recarga de tarjetas, al tiempo que asumió la responsabilidad de asignar dichos fondos a los proveedores del servicio de transporte y de prestación de servicios tecnológicos. Todo esto, por la suma de US$ 180,6 millones contra una fianza de cumplimiento por US$ 18 millones, que deberá mantenerse por el plazo del contrato más un año adicional.
Hay cosas que se repiten entre el drama que vivió la empresa con el Transantiago y el que sufrió con el sistema Metrobus. En ambos casos, los usuarios montaron en cólera. En febrero de 2013, Sonda comenzó las operaciones en la capital panameña de una tarjeta multivía parecida a la BIP!, tecnología que había comprado al Metro de Santiago. Se suponía que debía suministrar un millón de tarjetas y establecer un mínimo de 700 puntos de venta y recarga, pero los panameños rápidamente se quejaron de que no tenían dónde reponer el saldo, pues había pocos establecimientos con el servicio o porque el sistema electrónico no funcionaba. Ya en agosto al presidente Martinelli se le acabó la paciencia cuando dijo: “Lo que no sirve aquí es la empresa Sonda… le he pedido al ministro de la Presidencia, Roberto Henríquez, que le rescinda el contrato si esa empresa no cambia”, declaró en una entrevista en un canal de TV. Si bien fue más indulgente con la empresa colombiana Mi Bus, que es la que opera el sistema de buses (más de mil vehículos), un mes después conminó a ambas a mejorar el sistema.
Sin embargo, la dureza de las palabras no siempre es acompañada por los hechos. En noviembre se informó que el gobierno había entregado el manejo de los tickets del sistema de metro subterráneo a Sonda. Las últimas informaciones apuntan a que el 5 de marzo estaría operativo el metro, de acuerdo a lo que anunció el propio Martinelli, y esa será la prueba de fuego para la empresa chilena.
Las dudas sobre el consorcio Unidos por el Canal
Sacyr también ha sufrido los embates del presidente. El 30 de diciembre recién pasado, la española anunció que podía suspender la construcción del tercer juego de esclusas del canal de Panamá si antes del 20 de enero la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) no atendía su reclamo de un pago de US$ 1.600 millones por sobrecostos. El Grupo Unidos por el Canal (GUPC), formado por los capitales españoles, la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña Cusa, reclama que los estudios geológicos proporcionados por el gobierno estaban equivocados, lo que los ha forzado a una serie de trabajos no contemplados en el proyecto original.
La ampliación del Canal de Panamá tiene un costo total de US$ 5.200 millones –de los cuales US$ 3.200 millones corresponden al tercer juego de esclusas, que son unos compartimentos con puertas de entrada y salida– y comenzó en 2009. Debería estar terminado este año, pero ya tiene un retraso de 9 meses.
El conflicto no sólo podría implicar un forado de proporciones en los estados financieros de Sacyr, sino que un problema mayor para el comercio marítimo, que depende de la ampliación para poder aumentar el tráfico por esa vía. Anualmente circulan 14.000 barcos. Para evitar que el conflicto siguiera elevándose a nivel diplomático, el presidente de Panamá y la ministra española de Fomento, Ana Pastor, se reunieron la primera semana de enero. Al tiempo que el consorcio hace esfuerzos por llegar a acuerdo.
La versión de la Embajada de Estados Unidos
A juzgar por los informes secretos que publicó Wikileaks, los problemas se veían venir desde hace tiempo. Ya en enero de 2010, la embajada de EE.UU. sabía que el gobierno dudaba de la capacidad del consorcio GUPC para hacer frente a las obras en el canal. En un almuerzo con el entonces vicepresidente y ministro de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Varela, éste apuntaba a los problemas financieros por los que pasaban Sacyr e Impregilo y señalaba que “el proyecto de expansión del canal es un desastre”. Asimismo, se mostraba desalentado por el hecho de que las dos compañías estaban tratando de llevarse el proyecto Metro (donde participa actualmente Sonda).
Varela fue muy influyente en el gobierno de Martinelli hasta que éste lo destituyó en 2011. El resultado de la disputa fue que Varela se separó del partido gobernante y se presentó a las elecciones como candidato presidencial del Partido Panameñista.
“En dos o tres años, será obvio que todo esto fue un fracaso”, habría pronosticado Varela a la diplomática en ese almuerzo. Bárbara Stephenson ya comentaba en ese entonces que “el vicepresidente Varela es muy sensible a los posibles fracasos del proyecto de expansión del canal de Panamá y al proyecto Metro, porque aspira a ser electo presidente en 2014 y es, por tanto, muy dependiente a que ambas iniciativas concluyan a tiempo y con éxito”.
El tema se trató en conversaciones posteriores y la Embajada de Estados Unidos informó que GUPC ha estado presionando fuertemente a los subcontratistas por bajar sus costos, debido a que el margen de ganancias era muy estrecho. Asimismo, hace tres años, la diplomática planteaba que si se concretaran los temores del gobierno, Bechtel seguramente podría poner orden al proyecto.
Si efectivamente las negociaciones fracasaran, el mercado le quitará su confianza a Sacyr y, desde esta perspectiva, la suerte del grupo español en Panamá no es ajena a Chile. Sacyr se adjudicó en nuestro país la construcción del Hospital de Antofagasta y de la autopista La Serena-Ovalle durante 2013, las que suman entre ambas inversiones por US$ 532 millones.
Es difícil desde Chile evaluar quién tiene la razón: si las empresas o el gobierno. Pero sí hay una pauta de comportamiento que se puede trazar: un proyecto público que se emprenda en ese país y que pase por dificultades de implementación, rápidamente se transformará en un conflicto político y que tendrá como principal protagonista al propio presidente de Panamá. La ventaja de Martinelli es que es el líder del gobierno con acceso abierto a los medios de comunicación y con capacidad de elevar los conflictos a niveles diplomáticos de ser necesario, tres armas que las empresas extranjeras que operan en ese país no tienen y que sus sucesores en la Presidencia seguirán teniendo.
Nota: Este análisis se hace sobre la base de información pública entregada por las empresas, los gobiernos y cables publicados por Wikileaks.
