Los abogados que se enfrentan en el polémico caso que protagonizan Jorge Yarur Bascuñán y Daniel Yarur Elsaca descargaron ayer sus últimos cartuchos en el juicio en que el primero acusa a su primo de apropiación indebida de US$ 60 millones.
La Sala del tribunal vio tres presentaciones con focos distintos y un tono aún más agudo que el utilizado en el inicio del juicio tres semanas atrás.
Abrió los fuegos el fiscal José Morales, que dedicó casi una hora y veinte minutos a recordar cada una de las evidencias que a su juicio confirman que el ex superintendente de Valores y Seguros (SVS), Daniel Yarur, se quedó con dinero de su primo en forma ilegal.
Más severo fue el abogado Juan Pablo Hermosilla, a la cabeza del equipo querellante, quien desenfundó –en los últimos minutos de su hora y 35 minutos de argumentación– un virulento tono contra la condición elitista de Yarur Elsaca, advirtiendo que deben ir a la cárcel no sólo los que cometen delitos al margen de la sociedad, sino también los de alcurnia.
El cierre estuvo en manos del penalista Hugo Rivera, quien trató en duros términos la labor de Morales, cuestionó su rol e independencia y se extendió latamente sobre los motivos por los que no corresponde un juicio penal antes que el civil, así como sobre la inexistencia de apropiación indebida al haber un alza en el patrimonio que gestionó Daniel.
Finalmente, ni Morales ni Hermosilla harán uso de la réplica, por lo que el veredicto del tribunal debiera ocurrir mañana miércoles.
Ocultamiento, dolo y clandestinaje
Antes de que abriera los alegatos Morales, el abogado de la defensa, Rodrigo Ávila, objetó imágenes que tenía preparadas el fiscal, donde incluía dichos de Daniel Yarur, quien no participó del juicio, haciendo uso de su derecho al silencio.
Y Morales no desaprovechó la oportunidad, atacando las intenciones de la defensa: “Lo que ha ocurrido en esta alegación de la defensa no es ni más ni menos lo palpable de lo que hizo Daniel Yarur durante 10 años… (que) no podamos ver las operaciones desde 2007”.
En su alocución, Morales explicó que en los 20 días de juicio logró, junto a la parte querellante, demostrar cada una de las acusaciones anunciadas en el inicio del juicio. Así, relató que lograron demostrar que Daniel se quedó con US$ 43 millones al nominalizar acciones de BCI que estaban en manos de Jorge, que luego fueron traspasadas a Daniel y finalmente vendidas de vuelta al ex SVS como parte y contraparte, representándose a sí mismo, y que ninguna de las operaciones de 2007 y 2009, donde se habría apropiado de los US$ 60 millones, tuvieron constancia o registro de las mismas.
Además, señaló que había un indicio no controvertido por la defensa, esto es, que desde 2006 comienza a gestarse el término de la administración por parte de Daniel y que en 2007, coincidentemente, empiezan las operaciones del ex SVS para apropiarse del patrimonio de Jorge.
“Cuando este señor vio que iba a terminar este gran negocio que tenía, ganando $ 50 millones mensuales, cobrando $ 2.000 millones por el FIP, cobrando por el puesto en el directorio del banco BCI, etc., tenía que quedarse con un botín mayor”, sostuvo.
Morales cuestionó la credibilidad de los testigos de la defensa y reclamó que no hay evidencia en ningún documento de los cobros de honorarios del ex SVS, ni en los estados financieros ni en información contable, ni hubo provisiones por dichos pagos.
Recordó también que el abogado José Pedro Silva –que representaba a Jorge pero obedecía órdenes de Daniel– dijo que realizaba todos los actos legales entre ambos y que, sin embargo, nunca conoció del documento donde se habría notificado el pago de 25% por la gestión de activos.
Luego cuestionó la participación de Nathalie Hatala, la ex curadora del Museo de la Moda, que dijo que había escuchado la conversación donde se hablaba del 25% de comisión, pero que ubica dicha escena entre los años 2000 y 2005, rango que le parece a Morales evidencia de la falta de credibilidad de la testigo.
El rol del perito
También lanzó duros cuestionamientos al perito que calculó el incremento patrimonial de Jorge Yarur mientras le manejó las platas Daniel. Al respecto, cuestionó que no podía calcular el incremento del patrimonio, dado que nunca hubo inventario del mismo.
Uno de los dardos más duros fue contra el informe de Álvaro Clarke, ex titular de la SVS. “Lo que hace este señor, reproduce seis hojas del informe de (Fidel) Quinteros, cuando digo reprodujo (es) para no decir copia, del informe de Guillermo Morales y de Pablo Rodríguez, es decir, por sí mismo, no hizo nada”.
“Su informe carece de credibilidad. No fue capaz de explicar ninguno de los antecedentes de su informe, sólo fue capaz de señalar cuestiones generales, que son más bien propias de una clase de primer grado respecto de economía de pregrado, del mercado de valores, que cuestiones respecto de un peritaje que se presenta en un tribunal, que debe ser serio”.
La conclusión del fiscal sobre la actuación de Daniel Yarur fue tajante: “El dolo se observa categóricamente de los diversos indicios que se observan del señor Daniel Yarur, en los sucesivos actos de ocultamiento de lo que hizo, de aspectos contables, respecto de declaraciones impositivas, en estas coartadas que construyó con sus testigos, en esta carta que no aparece, pese a que su comportamiento instintivo era que sus cosas siempre se escrituraran y conservaran, en la forma como ocultó esto al señor Jorge Yarur.
“Por tanto, encontramos maniobras clandestinas y ocultas a través de actos jurídicos que permitieron en 2007 y 2009 la apropiación de dineros de Jorge Yarur”, concluyó, cerrando su intervención y reiterando la petición de seis años de prisión para el ex SVS.
No sólo ladrones de gallinas a la cárcel
El abogado querellante Juan Pablo Hermosilla recorrió también el caso, los testimonios y las acciones de Daniel Yarur y cerró con un discurso casi político de justicia social. Advirtió que en este caso “hay mayor culpabilidad que en casos normales”, pues Daniel tenía una atribución mayor a lo normal y, en consecuencia, su responsabilidad era superior.
“Hay una culpabilidad más intensa que debe ser tomada por el tribunal”, dijo.
Luego aumentó la profundidad de su discurso aludiendo al rol de las juezas encabezadas por Carolina Herrera. “Uno que pasó por la universidad.. a mí como abogado, como profesor de derecho, me deben exigir más que al joven de la orilla, a mí me tienen que tratar en forma más dura, porque yo tuve todas las posibilidades, porque aquí se ha dicho que es un tema civil… pero se trata de la protección de la fiducia, de la confianza”, apuntó.
En el momento más intenso de su discurso, Hermosilla apuntó a que la justicia debe sancionar a Daniel para demostrar que la ley se aplica no sólo con la gente de menos recursos que es encarcelada por delitos menores. “Aquí no vamos a meter presos sólo a los que roban gallinas o subsisten en base al microtráfico, eso es inaceptable”, apuntó.
Y, ahondando en el punto, desafió a la defensa por querer llevar a juicio civil y arbitraje las diferencias sobre los montos que retiro Daniel Yarur. “Aquí se nos ha dicho, no sé el tribunal, pero ya es la octava vez que surgió en una pregunta, se nos dijo que había cláusulas arbritrales. ¿Cuál es la tesis que hay detrás? ¿Que aquí, cuando somos caballeros, andamos en autos caros, colleras, con trajes caritos y corbatas de seda, cuando robo a la otra persona lo discutimos en arbitrajes?”, inquirió.
Su cierre fue un llamado directo a las juezas, aludiendo a la serie de operaciones de Daniel que, según él, llevaron a la apropiación indebida. “Este plan que inició Daniel, hoy falla, hoy termina, Daniel debe ser condenado con severidad, su propio actuar lo condena, no es que su silencio lo condene, porque tiene derecho a guardar silencio, son los hechos que hemos reseñado, su culpabilidad es intensa… Jorge Yarur confió en Daniel cuando estaba muy mal, y ahora confía fundadamente en el sistema de justicia”, concluyó.
La acidez de Rivera
Hugo Rivera, que abrió los fuegos en los alegatos de apertura y siguió en silencio el juicio por tres semanas, ayer desplegó una histriónica retórica.
Criticó que la parte querellante y la Fiscalía durante todo el juicio presumieran mala intención de los testigos y peritos, y criticó la estrategia de la parte querellante llevada a cabo, según él, a través de los medios.
“Aquí hay algo, hay que destruir la persona de Daniel Yarur como sea, ha habido aparataje, a través de los medios de comunicación, prensa, todo esto es un libreto, lo único que buscan es destruir a este ser humano que tengo la noble misión de defender”, sostuvo al principio.
En cuanto a los hechos, recordó que la tesis de la defensa es que había un pacto, una convención de honorarios, que las operaciones cuestionadas por la Fiscalía y los querellantes fueron el pago al servicio prestado por Daniel Yarur.
La ironía recorrió su discurso. A tal nivel llegó su acidez que, cuando hizo un link con el caso Farmacias, Morales no se contuvo y comentó “eso es falso”. La jueza Herrera reaccionó: “Cero comentarios porque así de respetuosa fue la defensa con cada una de las exposiciones de ustedes”.
Rivera no dejó pasar la interrupción. “Me complica, porque voy a ir diciendo cosas más complicadas, entonces capaz que me agredan”, lanzó, desatando las risas de los asistentes.
También desafió a los querellantes por citar al abogado Pablo Rodríguez Grez. “Vamos a hacer referencia al Código Civil… cuando cite a Pablo Rodríguez, honestidad intelectual”.
Rivera hizo un recorrido por numerosas diligencias que la Fiscalía no ordenó y que, a su juicio, de haber sido realizadas, habrían permitido clarificar la comisión de los delitos denunciados. ”Aquí ha habido deficiencias gravísimas”, apuntó.
En esa línea, cuestionó que ninguno de los acusadores encargó informes para evaluar la evolución del patrimonio de Jorge Yarur. ”¿Se puede creer que se viene a sostener ‘mire el incremento patrimonial’ y no hizo nada? Aquí nos encontramos con graves situaciones, como que el defensor debe demostrar inocencia”, apuntó.
Rivera enfrentó los cuestionamientos de Morales y Hermosilla a la pericia de Rodolfo Sáez a la carta del 15 de septiembre de 1999, donde se habrían pactado honorarios variables para Yarur Elsaca. “Yo me pregunto qué debería haber hecho el Señor Fiscal. La carta del 15 septiembre de 1999, que habla del 15% por incremento patrimonial, resulta que la Fiscalía pidió custodia, recuerdo que se me dijo que era posible que allanaran mi estudio. Dije: 'No, señor'. Y Rodrigo Ávila tuvo que venir a entregarla. ¿Hizo algo el fiscal respecto de esa carta? Absolutamente nada, la guardó en esa bolsa de plástico y la mantuvo guardada. ¿Qué debió hacer? Obviamente periciarla. Afortunadamente se anticipó la defensa. Se me consultó si estábamos dispuestos a proveer gastos para enviar al FBI. Por supuesto, dije. ¿Por qué no se envió? Porque con eso acreditábamos incremento de 15%”, disparó Rivera.
Luego el penalista fustigó la labor de Morales, indicando que todas las diligencias fueron financiadas por la parte querellante.
El penalista también cuestionó que no se hicieran acciones para averiguar acerca de la responsabilidad que tuvieron los abogados panameños que concretaron las operaciones cuestionadas a Daniel Yarur. “¿Se puede creer, su Señoría, (que) el Ministerio Público no invocó convenciones con Panamá para efectos de que prestaran declaraciones? Había que cortar acá la investigación. Hay un inductor sin haber un autor del hecho. ¿Dónde quedan los principios de coparticipación criminal? No sé. ¿Dónde está el principio de ejecución? No sé. ¿Cómo se puede investigar de esta manera? Aquí, si yo le estoy diciendo a una persona usted es responsable de X crimen, yo tengo que interrogar para ver qué respuesta da el autor principal. Nada de eso se ha hecho”, apuntó.
También abordó la tesis de la parte querellante sobre las deplorables condiciones en que estaba Jorge Yarur como para estar al tanto de las inversiones y operaciones que realizaba Daniel. Rivera recordó varias participaciones de Jorge en 1999, 2000, 2002 y 2004 que, a su juicio, revelan que tenía conocimiento de lo que hacía Daniel y, por ende, no había nada oculto.
El abogado de la defensa, además, destinó más de una hora a explicar que no corresponde zanjar el caso en sede penal sin antes concluir el juicio civil que determine si corresponden los pagos que reclama Daniel.
Junto con ello, hizo un largo recorrido por diversos trabajos jurídicos que indican que no puede haber apropiación indebida cuando existe incremento patrimonial. Según explicó, si el mandante entregó ciertos bienes –en un sentido genérico, no específico– para la gestión de Daniel Yarur y éste devolvió bienes de valor muy superior, no puede suponerse la apropiación indebida.
