Julio Ponce Lerou pensaba dejar las primeras páginas de los medios, pero la vida es dura. Tras pasar más de un año en el centro de la noticia debido a la millonaria sanción que le aplicó la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) por el caso Cascada, Ponce vuelve a la polémica luego que las oficinas de SQM fueran allanadas por la PDI y la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente para incautar archivos contables de la compañía.
La diligencia ocurrió luego que De la Cerda declarara ante el fiscal que una de las boletas que facilitó fue a SQM en 2009 y que no tuvo como destinatario del dinero al ahora ex militante UDI, Pablo Wagner, sino a terceros vinculados a la campaña senatorial de Joaquín Lavín en el referido año.
De esta forma, se concreta la extensión del caso de financiamiento ilegal de campañas políticas por parte de Penta a la posibilidad de que la firma que preside Ponce haya incurrido en la misma práctica.
Cercanos a la firma indicaron que se vieron sorprendidos por las denuncias de haber recibido boletas o facturas de políticos por servicios no prestados, lo que configuraría el delito de boletas ideológicamente falsas.
Según las fuentes, el directorio de SQM aprobó en su momento el aporte a campañas políticas y los dineros fueron entregados por la vía legal del Servel.
Y aunque están confiados en que no habría irregularidades en otras vías de financiamiento, las fuentes no descartan por completo que a nivel ejecutivo puedan existir casos de aportes distintos a los que aprobó el directorio.
Lo que más preocupaba en la empresa era que hubiesen aparecido pagos a Wagner en medio de la licitación del Litio, cuando éste aún era subsecretario. Wagner también enfrenta una querella del Consejo de Defensa del Estado (CDE) por no haber detectado el incumplimiento de las bases por parte de SQM y haberle otorgado la licitación pese a ello.
Wagner, De la Cerda, Silva, Bitar y Lavín
Lo cierto es que, por ahora, el fiscal sólo incautó información contable de SQM –habría indicado que estaban tras una boleta de 2009– y no ha retirado computadores ni otro tipo de equipamiento de las oficinas de la minera no metálica.
El 9 de enero pasado, el Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó una querella criminal por delito tributario contra Wagner y De la Cerda por la facilitación y uso de boletas de honorarios falsas, la obtención de devoluciones de impuestos indebidas y la omisión de ingresos en las declaraciones e impuestos a la renta de Wagner.
La acción apunta a distintas sociedades y empresas, incluyendo, entre ellas, a SQM, a la cual De la Cerda facilitó, a petición de Wagner, boletas por servicios que “jamás se prestaron”.
Asimismo, el caso podría involucrar a dos pesonalidades más vinculadas a la UDI. Por un lado, Wagner habría indicado que los dineros aportados por SQM llegaron a manos del fallecido rector de la Universidad del Desarrollo, Ernesto Silva Bafalluy, padre del presidente de la UDI, Ernesto Silva Méndez, y también una parte de ellos habría sido ingresada a la cuenta de Cristina Bitar –generalísima de Joaquín Lavín cuando apuntó al Senado en 2009– y a la secretaria del ex alcalde de Santiago.
Consultado al respecto, Lavín señaló la semana pasada que no tenía información de lo que ocurrió con la boleta indicada por Wagner y que respaldaba a las personas y se sentía “moralmente responsable”.
SQM entregó al menos una boleta por 7,5 millones de pesos, a cambio de lo cual De la Cerda entregó una boleta con el ítem "asesorías financieras", el 21 de julio de 2009, en medio de las campañas parlamentarias de ese año, en que participaban Joaquín Lavín y Ernesto Silva hijo.
La querella del SII contra Wagner y su cuñada incluyó entre las diligencias enviar un oficio a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Sbif) solicitando el informe de los bancos donde tienen cuenta corriente los querellados y, si se requiere, levantar el secreto bancario.
“No existe ninguna relación entre una boleta a Soquimich y la recepción de dinero para Pablo Wagner”, señaló el abogado de éste a La Tercera.
Las otras facturas
No es la primera vez que SQM aparece nombrada en medio del Pentagate. El 7 de noviembre de 2014 el fiscal Gajaro envió un informe al SII adjuntando testimonios y facturas que daban cuenta de pagos irregulares vinculados a campañas políticas distintos de los aportes de Penta. En dicha comunicación aparecen nombradas Ripley, Inversiones Alsacia, CorpBanca y SQM, todas empresas metidas en controversias con reguladores, inversionistas o el SII.
El informe nace del testimonio de Sebastián Correa, profesional que trabaja en la consulta Pecadokapital, la cual emitió tres facturas para SQM desde su consultora por 2,5 millones de pesos cada una. Correa reconoció que nunca prestaron servicios a SQM y que los documentos se emitieron por orden Coca de Castro, la jefa de campaña de Pablo Zalaquett en 2013, mientras el político aspiraba al Senado, carrera que finalmente perdió.
Según fuentes de mercado, SQM estaría complicada por las repercusiones del caso, dado que tiene emitidos ADRs en Estados Unidos y en dicho país los casos de corrupción son severamente sancionados.
Desde el año 2011, la SEC y el Departamento de Justicia norteamericano han profundizado esfuerzos para perseguir a empresas locales o que son reguladas en dicho país que sean sorprendidas en casos de soborno o coimas para generar contratos o influenciar a políticos. Se le conoce como "Foreign Corrupt Practices Act" y es una ley que ha sido aplicada en el caso de firmas como IBM, Daimler (Mercedes), GE y Tyco, que fueron sancionadas fuertemente.
