Fue una de las promesas inaugurales del entonces recién asumido superintendente de Valores y Seguros, Carlos Pavez. En marzo de 2014 hizo su primera presentación pública, en un seminario en el Hotel Marriott sobre gobiernos corporativos, anunciando que perfeccionaría la norma 341, la misma que en 2012 instruyó a las empresas a autoevaluar sus estándares de calidad respondiendo un cuestionario sugerido por el regulador y que fue ampliamente rechazado por el sector privado.
La memoria es frágil, pero no hace mucho –en 2013– varias compañías listadas en el IPSA se enfrentaron por esta norma con Fernando Coloma, entonces titular de la SVS. Ésta obligaba a responder a las compañías si acaso tenían adoptados mecanismos considerados por el regulador como “buenas prácticas” y, en caso contrario, explicar el por qué. “Comply or explain”, fue el espíritu de la iniciativa, pero el rechazo fue masivo.
Fueron varios los temores que expresaron las empresas listadas en Bolsa. Supuestamente, la norma tendía a estandarizar prácticas de gobiernos corporativos sin considerar las particularidades de cada industria; podía servir, eventualmente, como argumento jurídico frente a alguna coyuntura legal de una empresa; e, incluso, llegó a tacharse de inconstitucional. Juan Benavides, quien ese año era gerente general corporativo de Falabella, le escribió una carta a Coloma afirmando que “llama la atención, al revisar la experiencia comparada, verificar que los estados financieros preparados bajo NIIF por compañías de otros países con mercados más desarrollados que el chileno, no presentan el volumen de información que hoy por hoy se está requiriendo por parte de la superintendencia a su cargo”.
Ese escenario podría volver a repetirse con el “Fortalecimiento de Estándares de Gobierno Corporativo de las Sociedades Anónimas Abiertas”, la nueva iniciativa de Pavez, cuyo objetivo es conocer más a fondo la calidad de los directorios de las empresas listadas en Bolsa.
La necesidad resulta obvia. El rechazo del sector privado se tradujo en la mala calidad de las respuestas que recibió la SVS. “De las autoevaluaciones remitidas, se pudo observar que las entidades en su mayoría tendieron a dar un cumplimiento formal a la normativa, centrándose en responder de manera acotada las respuestas, sin entregar mayores antecedentes que facilitaran la comprensión de las prácticas adoptadas por la entidad ni tampoco respecto a la adopción de prácticas distintas a las contenidas en la normativa. A su vez, se observó que no hubo cambios significativos en las prácticas adoptadas ni a enriquecer las respuestas provistas la primera vez, lo que tiende a reafirmar la ausencia de interés manifiesto de la entidad por mejorar sus prácticas o dar a conocerlas de mejor manera al público”, sostuvo el regulador en el documento conocido ayer.
De hecho, sobre la base de esas respuestas que dieron las compañías, la Universidad de Chile elaboró un ranking de gobiernos corporativos que fue liderado por SQM, resultado que causó sorpresa considerando que se conoció en momentos en que el Caso Cascada acaparaba titulares en los distintos medios de prensa.
La nueva norma
La iniciativa, que esta vez promueve Pavez, supone un desafío importante para el sector privado y pondrá a prueba la capacidad de la industria por transparentar los estándares de calidad de sus directorios.
El regulador desglosó cada una de las preguntas consideradas en el cuestionario de la norma 341, yendo al detalle, con el objeto de facilitar la comparación y la comprensión de las mismas. Por ejemplo, si antes una misma pregunta abordaba los mecanismos que tenía una empresa para enfrentar conflictos de interés, ahora deberán explicitarlos con ejemplos, respondiendo además si el directorio contempla una revisión y actualización de los mismos, si hay algún responsable de monitorearlos y si este es difundido en la web de la empresa.
Al mismo tiempo, la SVS incluyó temas como responsabilidad social y sustentabilidad. Ahora habrá preguntas al directorio respecto de sus mecanismos de evaluación del impacto social y ambiental de sus proyectos, la calidad laboral de la empresa y el equilibrio de género en la misma.
“Pareciera que no han existido avances significativos por parte de las entidades del mercado local, que ello puede afectar la competitividad de nuestro mercado y que, en efecto, dos entidades equivalentes pero con políticas y prácticas diferentes presentarán riesgos distintos, siendo el desarrollo de aquella que actúe con responsabilidad social y que tenga mejor gobierno corporativo, más sostenible en el tiempo”, por eso es que surgió la necesidad de modificar la norma, según la SVS.
Otra novedad, y que probablemente generará debate en el sector privado, se centra en la confiabilidad del contenido que reporte el directorio. Básicamente se les consultará si su información fue revisada por un tercero, con el objetivo de promover la contratación de un evaluador independiente, “reduciendo de esa forma la probabilidad que la entidad esté sujeta a cuestionamientos por entregar información imprecisa y mejorando la calidad de la información provista al mercado”.
El índice de la Bolsa
El principal objetivo de la SVS con esta iniciativa es que el mercado compare la calidad de información que reportan los directorios y la considere como una variable de inversión.
Sin embargo, aún se ignora cómo dialogará esta información con la que utilizará el S&P Dow Jones para elaborar el índice de sustentabilidad que tendrá la Bolsa de Comercio de Santiago, entidad que el año pasado había encargado a Morgan Stanley la tarea de definir las directrices respecto de cómo debía construirse este indicador, y que generó debate en el directorio de la compañía.
Directores relacionados a grupos empresariales expresaron entonces su preocupación respecto a la cantidad y la forma en cómo las empresas debían reportar información para construir el índice, lo que abrió una interesante discusión interna, considerando que los emisores son clientes de las bolsas, instalándose el temor de si este indicador servirá para desprestigiar o favorecer a alguna compañía.
