Dos recientes videoconferencias que evidenciaron cortocircuitos entre las partes, un documento redactado «en duros términos» hacia la Argentina que ya está en poder de los 24 directores del Fondo Monetario Internacional (FMI) y un informe oral que dará en persona su directora gerenta, Christine Lagarde.
Esos tres elementos serán decisivos para que el FMI decida, el próximo lunes, la eventualidad de votar una «moción de censura» contra el país e iniciar un mecanismo de sanciones por su, hasta ahora, fallida promesa de mejorar la calidad de sus estadísticas de inflación y crecimiento. La otra alternativa es que conceda una nueva prórroga.
«Esperemos hasta el lunes para saber qué pasa. No sería apropiado que yo me anticipara», dijo ayer el vocero del organismo, Jerry Rice, cuando LA NACION le preguntó sobre la eventualidad de que, ese día, se decidan efectivamente sanciones contra el país. Su cautela marca un contraste respecto de lo ocurrido en enero pasado cuando, de cara a una revisión similar, el mismo funcionario anticipó que el Fondo no aplicaría «sanciones».
Esta vez, Rice no desechó posibilidad ni cerró puerta alguna e invitó a esperar hasta que se reúnan los directores y decidan su voto. A ese matiz se suma la particularidad de que, en esta ocasión, Lagarde en persona liderará la deliberación, tarea que en otras ocasiones había delegado en quien entonces era su número dos, el inglés John Lipton.
Será una instancia decisiva para saber si la Argentina es sujeto de una «moción de censura» del organismo, una figura pocas veces usada. Según se explicó a LA NACION, en lo inmediato eso implicaría una «luz amarilla» sobre el comportamiento financiero del país. A más largo plazo, podría ser el primer paso de un largo recorrido que termine en sanciones mayores. Sin embargo, en fuentes argentinas familiarizadas con las tratativas existe franco «optimismo» de que el país sorteará la prueba del lunes.
«Hemos estado trabajando en esa dirección y creo que habrá comprensión», dijo a LA NACION una de esas fuentes. Su apuesta fue que el lunes el país podrá obtener una nueva «prórroga» para cumplir con sus compromisos. De ser así, sería la tercera que logra en dos años.
Del otro lado, y de acuerdo con lo que se pudo recoger en fuentes oficiosas, en el organismo existe «impaciencia» ante los «reiterados incumplimientos» de la Argentina para abordar su prometida mejora de las estadísticas. De eso da fe un documento que ya fue distribuido a los 24 integrantes del directorio que el lunes deberán votar al respecto.
Rice, en tanto, confirmó que existe «interacción» entre funcionarios argentinos y técnicos del FMI de cara a la reunión, en la que el directorio deberá evaluar el «progreso» en la «mejora estadística» prometida por el gobierno argentino. Pero no fue más allá. Dos fuentes confirmaron a LA NACION que esa «interacción» incluyó dos videoconferencias entre funcionarios argentinos y técnicos del FMI que evidenciaron «cortocircuitos informativos». Esos contactos tuvieron tramos «ruidosos», según trascendió. En ellas, participaron, entre otros, técnicos del Departamento de Estadística del FMI, así como del área del Hemisferio Occidental.
Sin embargo, funcionarios argentinos dieron su propia interpretación y dijeron que de esos contactos surgió «un nuevo espíritu de compromiso» por parte del gobierno de Cristina Kirchner.
«El proceso que se está llevando a cabo se caracteriza por la interacción con las autoridades y por la diligencia debida para evaluar la calidad de las estadísticas y de su relación con los lineamientos internacionales, teniendo en cuenta las obligaciones del país» ante el Fondo, precisó Rice ayer.
En la misma circunstancia, en enero pasado el FMI «lamentó» la «ausencia de progreso» en la adaptación del índice de precios al consumidor (IPC-GBA) que elabora el Indec y dio al Gobierno 180 días para mejorar la calidad de esa información. Ese plazo se agotó en julio.
La reunión del lunes será la última dedicada a la Argentina a la que asiste Alfredo McLaughlin como representante del país. Se espera aquí la llegada de Sergio Chodos, actual director del Banco Central, en su reemplazo. El recambio de la representación argentina sería otro de los argumentos barajados para el nuevo pedido de gracia.
Será también la primera reunión en la que no participe el chileno Nicolás Eyzaguirre, quien renunció como director del área de América latina del Fondo. Para la diplomacia argentina es un «alivio»: lo consideraba sumamente «duro» para con los planteos de nuestro país. Interinamente será reemplazado por el argentino Saúl Lizondo, con una larga experiencia en el departamento.
Lo que el organismo reprocha al país es la ausencia de información estadística «precisa» en materia de costo de vida y crecimiento económico, algo que el país retacea desde 2007..
Del editor: cómo sigue.
De haber sanciones el lunes, el Gobierno verá aún más difícil su acceso a los mercados de crédito y la llegada de futuras inversiones.
