PAÍS
Crédito: Agencia Uno
La comisión investigadora detectó infracciones al principio de transparencia y probidad administrativa, a la obtención de información privilegiada y al tráfico de influencias del abogado Luis Hermosilla. Además de calificarlo de “operador” repara en la “redes de corrupción” que actúan a su alero.
La Comisión Especial Investigadora que se conformó en la Cámara de Diputadas y Diputados para indagar las irregularidades en la actuación del Servicio de Impuestos Internos y la Comisión para el Mercado Financiero, en el marco del denominado “Caso Hermosilla” entregó sus conclusiones finales, apuntando que sorprende que el cuestionado abogado Luis Hermosilla -protagonista de esta polémica- “ni siquiera haya sido formalizado”.
“La Comisión tuvo por objetivo reunir antecedentes sobre las posibles irregularidades cometidas en el control de la evasión y elusión tributaria, malas prácticas en la investigación de delitos económicos, infracciones al principio de transparencia y probidad administrativa, la obtención de información privilegiada, eventuales casos de corrupción y pagos realizados a funcionarios públicos y la existencia de posibles ‘mafias de la evasión y elusión tributaria’, que pudieron involucrar a organismos y funcionarios de las instituciones públicas, que se dieron a conocer a través de un reportaje de CIPER“, destaca al inicio el documento al que accedió El Mostrador. El audio revelado por el citado medio “abrió una verdadera caja de Pandora, toda vez que quien entregaba esta información a sus clientes no era cualquier abogado, sino que era don Luis Hermosilla Osorio uno de los más ‘influyentes’ de nuestro país”.
La comisión añade que luego de entrevistar a diversas personas que fueron citadas a las audiencias, “es posible identificar una serie de falencias, deficiencias e irregularidades”. Por ejemplo, detectaron infracciones al principio de transparencia y probidad administrativa, a la obtención de información privilegiada y al tráfico de influencias.
“Esta comisión investigadora pudo evidenciar las falencias que existe actualmente en nuestro sistema político y judicial, especialmente en la designación de altos cargos públicos que el Sr. Hermosilla hábilmente utilizó a su conveniencia”, dice el documento.
En ese sentido, destaca que Hermosilla generó “verdaderas redes de corrupción y tráfico de influencias para acceder a información relevante e incluso en ciertos casos reservadas, para favorecer a clientes, y personas que no eran clientes” del abogado.
También advirtieron que Hermosilla incidía “en la designación de funcionarios públicos como el exdirector de la Policía de Investigaciones (PDI) Sergio Muñoz, quien se encuentra actualmente formalizado y privado de libertad durante el desarrollo de la investigación penal. Por eso, llama la atención que a pesar de todos los antecedentes públicamente conocidos el Sr. Hermosilla ni siquiera haya sido formalizado”.
Según las conclusiones de la comisión, Hermosilla incidía “de manera activa en el nombramiento de altos cargos y magistrados en la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones, ratificadas por las declaraciones tanto del ministro (Jean Pierre) Matus como del ministro (Antonio) Ulloa, quien señaló que Hermosilla había sido quien habría influido en su nombramiento, y que le enviaba todas las mañanas poemas en agradecimiento. La condición de abogado litigante y gestor de los nombramientos de altos magistrados pone en riesgo la objetividad de los tribunales de justicia al momento de conocer causas donde el señor Hermosilla participa. Así mismo el hecho ser visto dentro del poder judicial como alguien capaz de influir en los nombramientos del poder judicial, puede generar una ventaja desleal”.
“De tales hechos descritos por los intervinientes esta comisión puede identificar que el Sr. Hermosilla durante largo tiempo se vendía como un gran penalista. Entonces, cualquier persona podría pensar que sus juicios eran ganados justamente por su pericia como penalista; sin embargo, de a poco hemos ido sabiendo que más que un penalista, era un operador del Poder Judicial“.
Finalmente, esta comisión pudo llegar al convencimiento que son evidentes las faltas a la probidad del Sr. Hermosilla. Su actuar ha afectado la credibilidad de instituciones fundamentales para el país, como la Policía de investigaciones, los tribunales de justicia y el SII, por tanto, los antecedentes de esta comisión serán remitidos al Concejo de Defensa del Estado, la Contraloría General de la República y el Ministerio Público”, advierten.
La comisión finaliza indicando que todos los antecedentes recibidos en esta materia, como contratos con la subsecretaría del Interior entre ños años 2012 y 2022 por $212.716.623 millones; o que a horas de finalizar el segundo gobierno de Sebastián Piñera, se emitió una orden de compra por 325 UF por el servicio de asistencia legal y jurídica de Hermosilla, “serán remitidos por esta comisión investigadora a la Contraloría de la Republica y al Consejo de Defensa del Estado, a fin de que puedan pronunciarse respecto de la legalidad y procedencia de los servicios requeridos, más si considerados que algunos de ellos fueron suscritos en contratos firmados a horas de terminar el periodo de gobierno del Sr. Sebastián Piñera”.
