Neftalí Carabantes por acuerdo nacional en seguridad: «El único bando contrario es el de la delincuencia y el crimen organizado»

Según la última encuesta Criteria —correspondiente a septiembre 2022—, entre las principales urgencias que tiene hoy la ciudadanía, en primer lugar, se mantiene estable y muy por encima del resto de las preocupaciones el combate a la delincuencia y el narcotráfico (42%).

En junio de este año, el Presidente Gabriel Boric anunció el Plan Nacional de Seguridad Pública, que busca aplicar más de 33 medidas específicas para enfrentar la delincuencia. El Ejecutivo propone, entre otros puntos, la creación de un Ministerio de Seguridad Pública —materia actualmente parte de la cartera de Interior—, la redistribución de recursos policiales y una política nacional contra el Crimen Organizado.

La agenda del Gobierno también busca mejorar las capacidades nacionales en la prevención del delito, la información disponible, la protección y acompañamiento a las víctimas, el control de armas y la recuperación de espacios públicos. Con todas estas medidas, actualmente la ministra del Interior, Carolina Tohá, se encuentra en busca de un acuerdo nacional con alcaldes, gobernadores y parlamentarios, que espera se concrete antes de fin de año.

La ministra Tohá recalcó que hace tres meses, cuando el Presidente Gabriel Boric presentó el plan nacional desde Arica, se invitó a distintos actores a realizar observaciones, las cuales ha ido recogiendo el Ejecutivo y que se ocuparán para «transformar» el plan de La Moneda en seguridad.

Uno de los que valoró dicho plan, aunque también propuso otras medidas para su implementación, es el ex subsecretario de Carabineros del gobierno del presidente Ricardo Lagos y actual secretario general de la Universidad Central (UCEN), Neftalí Carabantes, para quien la agenda del Gobierno está bien enfocada, es coherente y tiene la densidad para hacerse cargo del fenómeno delictual y del crimen organizado.

«Estamos frente a una gran oportunidad de hacer la cosas bien»

En primer lugar, Carabantes destaca la creación del Ministerio de Seguridad Pública, cuya dedicación va a estar 100% enfocada en la generación e implementación de políticas públicas en materias de seguridad, así como avanzar en mayor coordinación con las policías. «Considero que es un paso adelante que la dependencia de las policías quede radicado en este nuevo ministerio», dijo el abogado, en conversación con El Mostrador.

El también ex titular de la Subsecretaría General de Gobierno durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, valoró de igual forma el nuevo modelo de redestinación de personal policial de Carabineros a las comunas o lugares que más lo necesitan. En ese sentido señaló que «es clave escuchar la voz de la comunidad y de los alcaldes en mesas de trabajo en sus comunas».

Cabe mencionar que el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, en mayo de este año, en el marco de los anuncios realizados en materia de seguridad por el Presidente Boric, reveló que solicitó la redistribución de más de 700 efectivos policiales para hacer frente a los problemas de delincuencia. «No se trata de sacar policías de un lugar para parchar otro», precisó la autoridad, en dicha oportunidad.

Para Carabantes es igualmente positivo el anuncio efectuado por la ministra Carolina Tohá, sobre la creación este mes de octubre de la nueva política contra el crimen organizado. «Esto lo considero de la mas alta importancia, pues ¿cómo vamos a combatir a bandas del crimen organizado que vienen aterrizando al país, con la clara intención de establecerse con residencia definitiva, como lo son el Tren de Aragua, el cartel de Juares, Jalisco nueva generación, Sinaloa, si no contamos con una política de estado en materia de crimen organizado?», cuestionó.

El abogado y secretario general de la UCEN respaldó también el hecho de avanzar y concluir en este gobierno la Reforma de Carabineros. Si bien consideró que se ha avanzado mucho, por ejemplo, a través de la aprobación de la ley 21.427, que modernizó y estableció un nuevo sistema de gestión, en materias operativas, administrativas, financieras y de rendiciones de cuentas de Carabineros a la autoridad y a la ciudadanía; en su opinión «solo faltan detalles para volver a sintonizar a Carabineros con la ciudadanía, en su rol insustituible de policía preventiva y comunitaria».

Una prueba de lo anterior, de acuerdo al ex jefe de la subsecretaría de la institución policial uniformada, «es que en los últimos meses Carabineros se ha vuelto a reposicionar en las encuestas, ocupando el tercer lugar de aprobación ciudadana, situación que no ocurría hace mucho tiempo, como todos sabemos por hechos que golpearon fuertemente a la institución policial, como fueron el caso fraude, la operación huracán, Catrillanca y luego los excesos y violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social».

Por eso, «estamos frente a una gran oportunidad de hacer la cosas bien. Además, existe un buen ambiente político para llevar adelante estas reformas», sentenció Carabantes, destacando las gestiones tanto de la ministra Tohá como de la titular de la Secretaría General de la Presidencia Ana Lya Uriarte. «Carolina (Toha) y Ana Lya (Uriarte), tienen la película muy clara, y además la capacidad y las agallas para sacar adelante un gran acuerdo nacional en materia de seguridad pública, y de paso, en la misma agenda legislativa, concluir exitosamente lo que queda por reformar en Carabineros», añadió.

«Se debe dejar atrás la lógica de gobierno y oposición»

«La gente en los barrios y poblaciones tiene derecho a vivir de forma más segura, y para ello es clave respaldar este acuerdo al cual se nos está convocando, en el marco de una agenda madura, bien planteada y con densidad para hacerse cargo de los principales focos del flagelo delictual», afirmó Neftalí Carabantes, consultado por el apoyo que busca concitar el Gobierno para lograr un acuerdo nacional en seguridad.

Recordemos que desde la oposición un sector de la centroderecha aseguró que antes de sentarse a conversar con el Gobierno, necesitan «señales concretas», tanto legislativas como políticas. Ante los anuncios del gobierno de un «gran acuerdo en materia de seguridad», con pizarra y plumón en mano, los diputados de Renovación Nacional (RN) —integrantes de la Comisión de Seguridad— exigieron al Gobierno discusión inmediata a 5 proyectos en materia de seguridad pública que están frenados en el Congreso hace más de mil días.

Los parlamentarios Diego Schalper, Andrés Longton, José Miguel Castro y Jorge Rathgeb, señalaron que ven con preocupación los anuncios en materia de seguridad que «no se traducen en acciones concretas». Por eso insisten en un piso mínimo para avanzar creando un clima óptimo para lograr entendimientos y ese gesto, sería la urgencia a los siguientes proyectos: Ley de inteligencia (1.442 días), Ley de daño al transporte público (1.322 días), Ley antiterrorista (1.280 días), Ley de infraestructura crítica (1.064 días) y la ley de usurpación (826 días).

Pero, más allá de estos proyectos, para Carabantes, «aquí se debe dejar atrás la mirada política de trinchera, la lógica de gobierno y oposición y en cambio se debe adoptar una mirada país, de futuro, y de Estado, donde todos debemos remar para el mismo lado, pues el único bando contrario es el de la delincuencia y el crimen organizado».

Protocolos de orden público y protección a víctimas

El ex subsecretario de Carabineros puso el foco en la actualización de los protocolos de actuación en materia de control del orden público, en dos vertientes: «por una parte, la actuación policial y el uso racional y legítimo de la fuerza; y por otra parte el irrestricto respeto al derecho de reunión y el mantenimiento del Orden Público».

«Esta actualización debe marcar un antes y un después en el actuar policial, y debe posicionar a Carabineros como una institución que adscribe 100% y sin vacilaciones a los más altos estándares internacionales en materia de Derechos Humanos en lo que atinge al mantenimiento del orden público; abordando no sólo el restablecimiento de éste, sino que incorporando una mirada preventiva y de resguardo para la realización de manifestaciones pacíficas».

En este contexto, agregó Carabantes, «siempre será relevante el diálogo con los manifestantes, y establecer, cuando sea posible, que el personal policial trabaje en la individualización de los organizadores o líderes de una manifestación, con el objetivo de convocarlos a conversar, con la finalidad de contar con condiciones que favorezcan entablar un diálogo fructífero, antes que la represión pura y dura».

El jurista también destacó el robustecimiento del control de armas y la creación de la Unidad de Control de Armas dependiente del a Subsecretaría de Prevención del Delito. «Si somos capaces de retirar de circulación armas y municiones que puedan llegar a manos de delincuentes, estaremos salvando no una, sino muchas vidas humanas». Y calificó como muy bueno que se aprueben nuevos instrumentos para la protección de víctimas. A su juicio, «es el momento de revalorizar el desmejorado rol de la víctima en el sistema penal, y por ende avanzar hacia una mayor protección hacia quienes han sido objeto del delito, entregándoles  a lo menos asesoramiento y defensa jurídica penal».

«Esto involucra cuantiosos recursos, pero la explosión de criminalidad por la que atraviesa el país lo amerita con creces»

A modo de sugerencias para el plan nacional en materia de seguridad, Neftalí Carabantes apunta como fundamental «combatir sin cuartel» al crimen organizado, las bandas delictuales, y el narcotráfico, por lo que un objetivo central en este punto, a su parecer, es lograr desarticular las bandas de dedicadas a diversos planes criminales, a fin de poner tras las rejas a sus integrantes y en definitiva erradicar estas bandas y carteles que hoy día operan en Chile.

«Es clave evaluar el establecimiento de una fuerza de tarea conjunta y multidisciplinar comandada por Fiscales a cargo, e integrada operativamente por Carabineros, la Policía de Investigaciones, Aduanas, el SII,  el SAG, la ANI y la UAF y todos ellos en coordinación con el Gobierno a través de la Subsecretaria de Prevención del Delito y el futuro Ministerio de Seguridad Publica», argumentó Carabantes, advirtiendo que «esto involucra cuantiosos recursos, pero la explosión de criminalidad por la que atraviesa el país lo amerita con creces».

El abogado expuso que también es valioso que la agenda de seguridad contemple invertir en tecnología en las fronteras, en el trabajo de Aduanas, y que «debe existir una mayor inversión en seguridad en nuestros puertos, redoblando la fiscalización, escaneando contenedores y camiones, los cuales se sabe que transportan grandes cantidades de cocaína, o de cualquier otra sustancia prohibida».

«Aquí está en juego nuestra democracia y, en consecuencia, estoy seguro que una medida como esta traería solo resultados positivos», concluyó Carabantes, sosteniendo que «tanto Carabineros como la PDI, están capacitadas para hacer carne esta ambiciosa agenda», no obstante, precisó, «siempre es necesario capacitarlas en forma continua, dotarlas de más y mejor tecnología, así como de robustecer sus plantas funcionarias».

«Al final del día lo que la gente quiere es sentirse segura, y para ello, es fundamental una mayor presencia policial en sus territorios, para prevenir y a la vez combatir sin cuartel el fenómeno delictual», cerró.

¿Qué falta para concluir la reforma de Carabineros?

En declaraciones a la prensa, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, anunció que se reformarán los protocolos y la formación de Carabineros de Chile y que «en noviembre o diciembre se presentará una actualización de los protocolos de control del orden público».

Con la advertencia de que «vivir en medio de ajustes y reformas no es sano para ninguna institución», Carabantes también entregó su respaldo al hecho de avanzar y concluir en este gobierno la Reforma de Carabineros, para lo cual entregó algunas medidas que a su juicio son vitales y que van desde las facultades del Mandatario frente a la institución policial hasta las labores de investigación y protocolos de orden público; junto con recomendar el uso de armas no letales para la prevención del delito y aconsejar ciertos cambios en la formación de los funcionarios, llamando también a remirar la ley de Inteligencia Policial.

• Facultar al Presidente de la República para llamar a retiro al General Director de Carabineros cuando lo estime pertinente, eliminando la actual inamovilidad que gozan a nivel constitucional y que en la actualidad es sorteada mediante un subterfugio que requiere de un decreto fundado informado previamente a la Cámara de Diputados y al Senado. Del mismo modo se torna plausible facultar al Presidente de la República para no necesariamente llamar a retiro a las antigüedades que considere del caso mantener en la institución.
• Es clave tipificar con total nitidez las funciones preventivas que quedarán bajo la competencia de Carabineros, así como, las menos, de carácter investigativo que se determine conservar en su poder.
• Considero oportuno dotarla de más y mejor tecnología, en particular, de armas no letales, cuyo límite máximo sea incapacitar o inmovilizar al delincuente, evitando herirle o producirle algún tipo de lesión invalidante, tal como lo viene recomendado por la ONU y la Cruz Roja Internacional.
• A la luz de las violaciones a los DDHH ocurridas durante el estallido social, considero que es impostergable introducir en su Ley Orgánica Constitucional – y no dejarlo solo establecido a nivel de protocolos internos –  una regulación estricta y obligatoria para su personal sobre el uso legítimo y racional de la fuerza, a efectos de prevenir excesos como los que el país presenció durante el estallido social.
• En materia de formación y capacitación y constituye no solo un deber profesional, sino moral, remirar los programas sobre Ciudadanía, Derechos Humanos, perspectiva de género y diversidad. Por otra parte, se deben aumentar las exigencias en las pruebas de admisión, tanto a nivel de conocimientos cívicos, estratégicos y, por cierto, psicológicos de los postulantes.
• En el plano formativo, se debe estudiar alargar a lo menos un año el trayecto académico, es decir aumentar de dos a tres años los de preparación en la Escuela de Formación Policial, para los suboficiales, y agregar una visión estratégica sobre la construcción de los currículos académicos.
• También se torna aconsejable incorporar docentes no policiales, quienes pueden aportar y hacer trascender miradas críticas, racionales y frescas sobre temas endógenos que afectan a la institución. De igual modo, es imperioso avanzar exitosamente en los procesos de acreditación de sus planteles de formación (Escuelas) y su Academia de Ciencias Policiales por parte de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), lo que sin dudas fortalecerá la calidad de sus procesos académicos formativos, y redundará en la obtención de profesionales mejor preparados para la ejercer la función policial. En tal virtud, la acreditación en el marco del nuevo Sistema Nacional de Acreditación debiese ser de carácter obligatoria, sumándole las correspondientes pruebas de suficiencia al momento del egreso de sus carreras, tal como sucede hoy día con las carreras del área de la educación y de la medicina.
• Creo que es bueno remirar la ley de Inteligencia Policial. Pues no es sano para un Estado de Derecho, mantener zonas grises en materia de inteligencia. Se deben adoptar decisiones estratégicas que den certeza al país y a las instituciones encargadas de efectuarla, a fin de que, por fin, la inteligencia se transforme en un activo en la lucha contra el delito y el crimen organizado.
• Finalmente, constituye una necesidad fortalecer los equipos técnicos del futuro ministerio de seguridad pública, que será la cartera de estado 100% dedicada a generar políticas publicas contra la delincuencia y el encargado de coordinar el accionar policial, debiéndose implementar además, un riguroso sistema de rendición de cuentas o accountability en forma semestral ante la autoridad civil, el Congreso, la Contraloría y la sociedad civil.