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Colo Colo celebra 90 años ad portas de una gran batalla judicial

Colo Colo celebra 90 años ad portas de una gran batalla judicial

El club popular reclama la devolución de su estadio y el regreso a la Corporación de las series menores, administrados ambos por la concesionaria. Legalmente no tiene por dónde perder la pelea, pero en un país que deja día a día en claro que la ley no es igual para todos, cualquier cosa puede pasar.


Colo Colo, como Club Social y Deportivo, cumple este 19 de abril 90 años. Como para que los herederos de David Arellano echen la casa por la ventana y recuerden con fervor a ese pequeño grupo de rebeldes que, reunidos en el Estadio El Llano, decidieron en 1925 formar un nuevo club tras marcharse de Magallanes.

Pero todo indica que la aparente calma que parece reinar entre el club y Blanco y Negro está a punto de romperse. Mejor dicho, a reanudarse hostilidades que parecían suspendidas. Como señaló el abogado Ramón Briones, del estudio jurídico Bosselin Briones Irureta & Sánchez (BBIS), “una vez que Blanco y Negro proceda a renovar su directorio afrontaremos la llamada a avenimiento que han hecho los tribunales, pero mi impresión personal es que, al no producirse éste, tras el período de pruebas quedará absolutamente en claro que las dos demandas civiles interpuestas por Colo Colo en 2014, en contra de la concesionaria, van a ser falladas a nuestro favor”.

Ambas demandas implican, además de temas sensibles, millones de pesos que tendrían que cambiar de manos: el uso del estadio Monumental y la administración de las series inferiores del club. Y es que el Club Social y Deportivo Colo Colo presentó ambos recursos el año pasado, siendo presidente Raúl Labán, basándose en la Ley 20019, que regula el funcionamiento de las Sociedades Anónimas Deportivas y publicada en el Diario Oficial el 7 de mayo de 2005.

¿Qué señala esa ley de regulación del sistema? Que las Sociedades Anónimas Deportivas, en este caso Blanco y Negro, mediante el contrato de concesión se adueñaron exclusivamente del fútbol profesional, pero no tienen derechos sobre las ramas deportivas que pueda desarrollar el club deportivo, en este caso las series cadetes, que por no ser profesionales debieran ser dirigidas y administradas por el Club Social y Deportivo Colo Colo.

Respecto de la revocación del mandato de uso del Monumental, Blanco y Negro ha hecho, hasta ahora, oídos sordos, aduciendo que su uso le fue otorgado por el propio Colo Colo en tiempos de la presidencia del polémico y camaleónico Cristián Varela.

Sin embargo, como explica el abogado Hernán Bosselin, del mismo estudio jurídico, “aclarado el hecho de que es la Corporación la propietaria del estadio a través del paquete mayoritario de acciones que posee en la Inmobiliaria, el que haya decidido revocar ese mandato no tiene nada de extraordinario ni fuera de lo común. Es lo mismo que si yo, como propietario de una casa, le entrego el mandato a alguien en una notaría para que la arriende o la venda. Si a los días mi decisión cambia, ya sea porque me arrepentí de arrendarla o de venderla, o porque tengo otra persona que me puede conseguir un mejor precio, basta que lo haga mediante otra escritura pública en trámite notarial para quitarle ese mandato a esa persona y dárselo a otra si yo estimo que es lo más conveniente. Al revocarle el mandato a la concesionaria, la corporación sólo hizo uso de un derecho consagrado en la ley”.

Fernando Monsalve, el actual presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, tras aclarar que ambos recursos siguen a cargo del mismo estudio jurídico contratado por el anterior timonel, Raúl Labán, señaló que “la Corporación es propietaria del 86% de las acciones de la Inmobiliaria. En otras palabras, no pueden caber dudas acerca de quién es el más indicado para ejercer derechos sobre el estadio Monumental”.

Consultado Ramón Briones acerca de cuál ha sido hasta ahora la respuesta de Blanco y Negro a las dos demandas, dice: “Ellos, y como es lógico, han hecho una lectura totalmente equivocada del contrato de concesión. Sostienen que Colo Colo, como Club Social y Deportivo, está congelado, suspendido en el tiempo y en el espacio, y ello claramente no es así. Está tan vivo y activo que su rama de básquetbol masculino, que contó con la cerrada oposición de Blanco y Negro, compitió el año pasado en la Liga Nacional y hasta se tituló campeón luego de cinco partidos de definición frente a Deportes Castro”.

Briones agregó: “Según los antecedentes que tenemos, Blanco y Negro le pagaría a la Inmobiliaria un arriendo mensual por el uso del estadio Monumental, pero al ser la Inmobiliaria también administrada por la concesionaria no sabemos cuánto es ese monto y desconocemos absolutamente los términos en que dicho contrato está redactado. Lo primero que vamos a pedir, en el período de pruebas que seguramente seguirá a ese avenimiento, es conocer ese contrato, porque hasta ahora constituye un absoluto misterio”.

Según un personero albo, el arriendo del Monumental tiene un costo aproximado de 50 millones de pesos mensuales, dineros que ciertamente no llegan al club, dueño del recinto. Considerando que Blanco y Negro cumplirá pronto 10 años a cargo de la concesión, y que durante este tiempo el recinto ha sido arrendado en varias oportunidades para eventos tanto deportivos como de otra índole (artísticos y hasta religiosos), la concesionaria, aparte de haberse ahorrado en ese lapso 6 mil millones de pesos, aproximadamente, ha lucrado con un recinto que no le pertenece.

Pero si lucrar con un estadio que no es de su propiedad ya constituye un hecho más que discutible, el manejo de las series menores supera todos los límites. Es más: el tema lo estudia el Servicio de Impuestos Internos por una posible evasión tributaria. Más claro aún: se habría cometido un delito.

Como denunció a fines del año pasado una investigación de Ciper, al menos ocho Sociedades Anónimas del fútbol profesional estaban financiando las series menores o cadetes mediante el uso de donaciones reguladas por la Ley del Deporte. Dichas donaciones generan importantes rebajas tributarias a las empresas que financian los proyectos, sólo que la ley establece con toda claridad que este beneficio está reservado únicamente para las organizaciones deportivas sin fines de lucro, que por cierto no es el caso de Blanco y Negro.

Entre 2010 y 2013, siendo la máxima autoridad del deporte a nivel gubernamental (primero como director de Chiledeportes y luego como ministro), Gabriel Ruiz Tagle, ex presidente de Blanco y Negro, la concesionaria recibió a través de esta vía $ 1.065 millones de pesos, según Ciper. Para que la martingala operara, el dinero donado por las empresas, que luego rebajarían impuestos gracias a su generosidad, iba a una entelequia denominada astutamente “Colo Colo Fútbol Joven”.

Dicho de otra forma, el Estado estaba financiando, por la vía de resignar impuestos, el negocio de privados que después, con la venta al exterior de uno o más jugadores, harían un pingüe negocio y a muy bajo costo. La vieja historia de socializar la “inversión” y privatizar las ganancias.

Nunca está de más recordarlo: Blanco y Negro se jactó siempre de haber vendido jugadores por cerca de 40 millones de dólares durante la década pasada, pero sin aclarar que ese dinero iba a los bolsillos de los accionistas y olvidando que esos jugadores (Arturo Vidal, Matías Fernández, Jorge Valdivia, Claudio Bravo y otros), eran el fruto de aquel Colo Colo que aún no había sido privatizado.

El hecho de financiar las series cadetes con dineros estatales causó tanto escándalo que Natalia Riffo, ministra del Deporte que reemplazó en el cargo a Gabriel Ruiz Tagle tras la llegada del nuevo gobierno, señaló una pronta corrección del sistema, aparte de dejar en manos del SII el determinar si puede haber sanciones por el mal uso de rebajas tributarias.

El SII, que con los casos Penta, Caval y Soquimich no se puede quejar de falta de trabajo, hasta ahora no ha dicho esta boca es mía.

Tampoco la Comisión de Deportes de la cámara, que preside el diputado Tucapel Jiménez.

Se supone que tanto el Servicio como la comisión se encuentran trabajando en marcha forzada con el fin de aclarar este caso, vital para confirmar las bondades de un sistema que se impuso ofreciendo una transparencia que, sin embargo, hasta ahora escasea.

¿O será otro de los tantos casos de temas turbios que, por salpicar a muchos, o perjudicar a peces gordos, terminan siendo barridos bajo la alfombra?

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