El vicecanciller Hugo Fernández confirmó este miércoles que la petición fue enviada en los últimos días, pero aún no ha sido respondida, posiblemente porque se hizo durante el receso de fin año en esa entidad.
El gobierno boliviano pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA investigar las tres muertes ocurridas durante los disturbios producidos en la ciudad de Sucre en noviembre pasado.
El vicecanciller Hugo Fernández confirmó este miércoles que la petición fue enviada en los últimos días, pero aún no ha sido respondida, posiblemente porque se hizo durante el receso de fin año en esa entidad.
Dijo que se le solicitó a la CIDH «una comisión de forenses» para que investigue la muerte de Gonzalo Durán, Juan Carlos Serrudo y José Luis Cardozo, ocurridas durante las protestas contra la Asamblea que debatía la Constitución que impulsa Morales.
Las protestas se produjeron a raíz de la decisión del foro de no considerar la petición de Sucre, donde reside el poder Judicial, de ser otra vez la sede de todos los poderes estatales del país en detrimento de La Paz, donde están el Ejecutivo y Legislativo.
Las investigaciones sobre dos de esas muertes levantó una polémica en el país porque hay contradicciones sobre el tipo de balas que les impactaron y que las fuerzas de seguridad niegan haber utilizado.
Por su parte, el viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez, dijo que los informes balísticos de la fiscalía de Chuquisaca, cuya capital es Sucre, son «inconsistentes» y será necesario acudir a peritos extranjeros, posiblemente de Argentina, Perú, Chile o Brasil.
Las autoridades bolivianas reaccionaron así después de que los familiares de las tres víctimas presentaran ante la Fiscalía General en Sucre, el martes pasado, una demanda de juicio por «genocidio» contra el presidente Morales.
La demanda fue presentada en nombre de las familias por el presidente del Colegio de Abogados de Chuquisaca, Hernando Aguilera.
Aguilera señaló que el mandatario está sindicado por el delito de «genocidio» dado que la legislación penal boliviana permite una acusación de ese tipo cuando hay una «masacre sangrienta», que es lo que a su juicio ocurrió en Sucre a fines de noviembre.
El viceministro de Coordinación con los Movimiento Sociales, Sacha Llorenti, comentó que la denuncia tiene un «trasfondo político» y está siendo guiada por abogados del opositor Movimiento Nacionalista Revolucionario, indicó la Agencia Boliviana de Información (ABI, estatal).
EFE
