Según la investigación de un fiscal del Derechos Humanos y DIH, las autodefensas «extorsionaban a los comerciantes de la plaza de mercado de Maicao y amenazaban continuamente a los pobladores de las rancherías wayúu, lo que motivó el desplazamiento forzado de miembros de esa etnia hacia Venezuela».
Un fiscal colombiano formuló cargos contra el jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias «Jorge 40», como «presunto coautor del delito de desplazamiento forzado del que fueron víctimas miembros de la etnia wayúu de la Guajira (norte) informaron este martes fuentes judiciales.
«Jorge 40», ex jefe del Bloque Norte (BN) de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), fue vinculado por la Fiscalía «con medida de aseguramiento y detención preventiva sin beneficio de excarcelación», añadieron las fuentes.
Con la misma decisión y por el mismo delito resultó también afectado Jairo Arrieta Zuleta, alias «Grillo», uno de los cabecillas del BN que actuaba en la ciudad de Maicao, y quien también fue acusado del homicidio del indígena Alfonso Paz Jusayú, cometido el 23 de abril de 2003.
Según la investigación de un fiscal del Derechos Humanos y DIH, las autodefensas «extorsionaban a los comerciantes de la plaza de mercado de Maicao y amenazaban continuamente a los pobladores de las rancherías wayúu, lo que motivó el desplazamiento forzado de miembros de esa etnia hacia Venezuela».
En la providencia del fiscal instructor, tanto Arrieta Zuleta, como Luis Antonio Giraldo Agudelo, alias «Jhonatan», Jamer Eliécer Galvis Lindarte, alias «Toto», y Jorge Sapuana González, «son presuntos responsables de extorsión agravada y concierto para delinquir».
También por concierto para delinquir, fue acusado Marlon de La Hoz Marín, alias «Comandante Marcos» del mismo grupo paramilitar.
Alias «Jorge 40» y Arrieta Zuleta están detenidos en la cárcel Modelo de Barranquilla, y Giraldo Agudelo en un centro de reclusión de la localidad de Tierralta en el departamento de Córdoba, noroeste.
Galvis Lindarte, de La Hoz Marín y Sapuana González son buscados por las autoridades.
Tovar Pupo se entregó a las autoridades en septiembre de 2006 y se acogió a la ley de Justicia y Paz, el marco legal de la desmovilización de paramilitares.
Las AUC negociaron con el Gobierno del presidente Álvaro Uribe y gracias a acuerdos firmados, se desmovilizaron más de 31.000 paramilitares entre 2003 y abril de 2007.
EFE
