La medida, que fue anunciada anoche por el mandatario, está contemplada en la «Ley Orgánica que reserva al Estado Bienes y Servicios Conexos a las Actividades Primarias de Hidrocarburos», que le otorga al Estado -a través de la empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA) o sus filiales- la posibilidad de asumir el manejo total o parcial de las compañías de inyección de agua, vapor o gas y las que trasladan trabajadores y prestan servicios.
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, promulgó la noche del jueves último una ley que permite al Estado asumir el control de las empresas de servicios petroleros otorgadas a terceros y anunció la inmediata estatización de algunas de ellas este mismo viernes.
La ley fue aprobada horas antes por la Asamblea Nacional. Chávez anunció que sería publicada en una Gaceta Oficial extraordinaria, último paso requerido para que la ley entre en vigor.
El Estado venezolano comenzará a controlar las empresas este viernes 8 de mayo.
Con esto, el gobierno da un paso más en la toma de control de empresas clave, en el marco desu «plan socialista».
Comentaristas señalan que también se trata de una forma de abordar el problema de deuda del gobierno con las contratistas, como resultado de la caída en los precios del petróleo.
La «Ley Orgánica que reserva al Estado Bienes y Servicios Conexos a las Actividades Primarias de Hidrocarburos», como se titula, le otorga al Estado -a través de la empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA) o sus filiales- la posibilidad de asumir el manejo total o parcial de las compañías de inyección de agua, vapor o gas y las que trasladan trabajadores y prestan servicios.
En la lista
Entre los bienes e inmuebles que serán expropiados este viernes se cuentan 300 embarcaciones, decenas de puertos y otras instalaciones en la zona del Lago de Maracaibo, en el occidente del país, una de las más ricas en producción de hidrocarburos. El Estado absorberá a unos 8.000 trabajadores.
El miércoles, el ministro de Petróleo, Rafael Ramírez, explicó que la decisión de nacionalizar estas compañías tiene que ver con los constantes conflictos laborales y los altos costos que representa para el país contratar los servicios involucrados.
«Sabemos que hay una situación bien irregular, hay un ‘sobrecosto’ en las tarifas y hay incumplimiento con los trabajadores. El petróleo no puede estar a capricho de ningún privado», señaló Ramírez.
Venezuela tiene cuentas pendientes por el orden de los US$13.400 millones con estas empresas, pero sostenía que su cancelación estaba garantizada. Sin embargo, «las empresas retenían los pagos y despedían a los trabajadores, generando conflicto en las áreas», dijo el titular de Petróleo.
