“Durante años, el mandatario venezolano y sus partidarios han venido construyendo un sistema que le da vía libre al gobierno para amenazar y castigar a los venezolanos que interfieran en su agenda política”, afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización.
La concentración de poder del Presidente Hugo Chávez ha provocado un serio perjuicio a los derechos humanos en Venezuela, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy.
El informe «Concentración y Abuso de Poder» en la Venezuela de Chávez, de 133 páginas, documenta cómo la acumulación de poder en el Ejecutivo y el deterioro de las garantías de derechos humanos le han permitido al gobierno de Chávez intimidar, censurar e iniciar acciones penales contra críticos de su gestión y contra aquellos que considera opositores en una variedad de casos vinculados con el poder judicial, los medios de comunicación y la sociedad civil.
“Durante años, el Presidente Chávez y sus partidarios han venido construyendo un sistema que le da vía libre al gobierno para amenazar y castigar a los venezolanos que interfieran en su agenda política”, declaró José Miguel Vivanco, Director para las Américas de Human Rights Watch. “Hoy en día, el sistema se encuentra firmemente en pie, y los riesgos que enfrentan jueces, periodistas y defensores de derechos humanos nunca han sido tan serios desde que asumió Chávez”.
El último informe exhaustivo de Human Rights Watch sobre Venezuela, publicado en septiembre de 2008, documentó cómo habían sido menoscabadas las instituciones democráticas y las garantías de derechos humanos durante la primera década de presidencia de Chávez. Desde entonces, la situación de los derechos humanos en Venezuela se ha tornado aún más precaria.
A pesar de que muchos venezolanos continúan criticando al gobierno, la idea de tener que enfrentar represalias similares —a través de acciones estatales arbitrarias o abusivas— ha socavado la capacidad de los jueces de decidir con independencia casos políticamente sensibles, y ha obligado a periodistas y defensores a medir las consecuencias de publicar información y opiniones críticas del gobierno.
El Presidente Chávez y sus partidarios en la Asamblea Nacional han adoptado medidas drásticas para conservar el control político del Tribunal Supremo de Justicia, que había sido sujeto a un copamiento político en 2004. Tras las elecciones legislativas de 2010, que redujeron la mayoría chavista en el Congreso, los partidarios del presidente se apresuraron a reformar la ley que regula el proceso de designación de magistrados y a renovar la conformación del Tribunal Supremo de Justicia con miembros afines al gobierno, antes de que los legisladores de la oposición pudieran ocupar sus bancas.
En los últimos años, la actuación del Tribunal Supremo de Justicia se ha deteriorado notablemente, ya que sus miembros han rechazado abiertamente el principio de separación de poderes y han expresado públicamente su compromiso con promover la agenda política del Presidente Chávez. Este compromiso político se ha reflejado en sus sentencias, que en reiteradas oportunidades han validado la indiferencia del gobierno frente a sus obligaciones jurídicas internacionales de derechos humanos.
El ejemplo más alarmante de la falta de independencia judicial en Venezuela ha sido la detención de la Jueza María Lourdes Afiuni —a instancias del Presidente Chávez— después de que ella otorgara libertad condicional a un conocido crítico del gobierno que había estado en prisión preventiva durante casi tres años. La detención y el prolongado encarcelamiento de Afiuni han tenido un profundo impacto en otros jueces de tribunales inferiores, que temen que se inicien juicios penales en su contra si dictan sentencias que pudieran disgustar al gobierno de Chávez.
El gobierno de Chávez ha rechazado la autoridad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los mecanismos externos más importantes para procurar reparar abusos ante la inacción de los tribunales nacionales.
En diciembre de 2010, la mayoría chavista en la Asamblea Nacional modificó la Ley de Responsabilidad Social de 2004 para que las restricciones existentes a la libertad de expresión se apliquen también a Internet. También agregó nuevas restricciones, incluyendo la prohibición de transmitir mensajes que “fomenten zozobra en la ciudadanía o alteren el orden público”, y le otorgó al organismo de telecomunicaciones controlado por el gobierno, CONATEL, poderes más amplios para sancionar a las emisoras de radio y TV y a los medios electrónicos que las violan.
El gobierno de Chávez ha utilizado sus facultades regulatorias para ampliar la cantidad de medios de comunicación estatales y favorables al gobierno. También ha usado ampliamente sus facultades para emitir cadenas, y es habitual que se requiera a medios privados que interrumpan su programación para transmitir discursos presidenciales y mensajes que destacan políticas del gobierno.
A su vez, ha adoptado medidas agresivas para reducir la disponibilidad de medios de comunicación que ofrecen una programación crítica del gobierno. El canal de televisión privado más antiguo de Venezuela, RCTV, que fue arbitrariamente retirado de las señales de aire públicas en 2007, también fue obligado por el gobierno a salir de la televisión por cable, dejando a Globovisión como el único canal de amplia cobertura que aún mantiene una postura crítica de la actuación del Presidente Chávez. Además, el gobierno inició procedimientos administrativos contra Globovisión, que podrían llevar a su suspensión o cierre.
Asimismo, el gobierno ha procurado aplicar sanciones o censurar a medios de comunicación por su cobertura crítica de la respuesta del gobierno a temas tales como la contaminación del agua, la violencia en el país, un motín carcelario y un terremoto. Lo mismo ha hecho con una serie de cuñas televisivas en defensa de la propiedad privada, una sátira periodística en la cual se mostraba a funcionarias de alto rango como bailarinas de un cabaret dirigido por Chávez, y una telenovela colombiana en la cual un personaje llamado Venezuela, que perdía a su perro llamado “Huguito”, le preguntaba a su novio: “¿Qué será de Venezuela sin su Huguito?” y él le respondía: “Vas a ser libre, Venezuela”.
Si bien todavía es habitual que la prensa escrita, Globovisión y algunos otros medios critiquen fuertemente al gobierno, el temor a sufrir represalias por parte del gobierno ha llevado a que la autocensura se convierta en un serio problema en el país, comunicó Human Rights Watch.
El gobierno de Chávez ha intensificado sus esfuerzos por desacreditar a los defensores de derechos humanos en el país acusándolos, en reiteradas oportunidades, de recibir apoyo del gobierno de Estados Unidos para socavar la democracia en Venezuela.
Si bien es cierto que algunas ONG de derechos humanos venezolanas (aunque no todas) han recibido financiamiento otorgado por fuentes estadounidenses —una práctica común entre las ONG independientes en toda América Latina—, no existen pruebas creíbles de que la independencia y la integridad de su trabajo a favor de los derechos humanos en Venezuela se hayan visto comprometidas como resultado de este financiamiento internacional.
Estas acusaciones infundadas se tornaron aún más peligrosas cuando partidarios de Chávez presentaron varias denuncias penales contra algunas de las principales ONG del país por recibir financiamiento del exterior. Además, en julio de 2010, el Tribunal Supremo de Justicia determinó que individuos u organizaciones que recibieran financiamiento internacional podrían ser juzgados por “traición”, de acuerdo con una disposición del Código Penal que prevé una pena de prisión de hasta 15 años. Y la Asamblea Nacional ha sancionado legislación que impide a las organizaciones dedicadas a la “defensa de derechos políticos” o a “ejercer control sobre los poderes públicos” recibir financiamiento internacional.
El gobierno de Chávez también ha sancionado normas que restringen drásticamente el derecho del público a obtener información en poder del gobierno. La combinación de estas medidas ha aumentado significativamente la capacidad del gobierno para impedir o disuadir a los defensores de derechos humanos de obtener el financiamiento, la información, la legitimación y la visibilidad pública que necesitan para actuar de manera efectiva.
Human Rights Watch observó que, entre defensores de derechos humanos venezolanos, existe una fuerte percepción de que los enérgicos esfuerzos del gobierno por cuestionar sus motivaciones y su lealtad han contribuido a generar un entorno en el cual son más vulnerables a actos de intimidación por parte de funcionarios, y a amenazas o actos de violencia por particulares que apoyan al Presidente Chávez.
El informe provee recomendaciones detalladas al gobierno venezolano para revertir el daño causado a los derechos humanos en los últimos años. Éstas incluyen restablecer la credibilidad del Tribunal Supremo de Justicia mediante un proceso de ratificación para todos los magistrados que fueron designados con posterioridad a la sanción de la ley de 2004 que permitió el nombramiento de jueces afines al gobierno, establecer un organismo verdaderamente autónomo que administre las frecuencias de transmisión, derogar la legislación que menoscaba el trabajo de defensores de derechos humanos y respetar la autoridad del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
“Lamentablemente, dada la reacción del Presidente Chávez ante recomendaciones similares en el pasado, es muy poco probable que adopte medidas para reinstaurar los mecanismos de control del poder presidencial que él mismo y sus seguidores eliminaron”, manifestó Vivanco.
Cuando Human Rights Watch dio a conocer su último informe exhaustivo sobre Venezuela en una conferencia de prensa que tuvo lugar en Caracas en 2008, la respuesta del Presidente Chávez fue detener a los representantes de la organización e inmediatamente expulsarlos del país.
