La educación superior universitaria en Chile está en un proceso de ajuste que resulta ser determinante para nuestro desarrollo futuro en términos de su tipo y estilo; con consecuencias, por cierto, no menos impactantes sobre las posibilidades y sueños de la familia chilena.
De todos es conocida la trilogía de problemas centrales en el sector: uno, el sobredimensionamiento de la oferta, medido tanto en número de instituciones como en carreras específicas; dos, la escasez de recursos disponibles para el financiamiento individual y para las propias universidades; y tres, la desproporción en la dosificación de la pirámide de expertos con relación con el trabajo productivo.
Abordar estos tres asuntos implica un ajuste serio, guiado. Es decir, de acuerdo a un plan con objetivos país, pensado a mediano y largo plazos.
Lejos de eso, el proceso de ajuste en el sector, a pesar de que la educación superior es considerada, en la política pública actualmente vigente, como clave para el desarrollo del país, se está haciendo en el marco del poco predecible libre mercado, bajo la mirada complaciente de un Estado ausente, con toda la ferocidad que ello implica.
En el sector, ante la ausencia de indicadores de calidad claros y comprensibles para todos los ciudadanos, están tomando ventaja los más agresivos, los más vinculados, los que más disponen de los recursos para el marketing y no necesariamente los mejores y más serios.
Al respecto, conversando del necesario ajuste, hace algunos años atrás en la santiaguina Cepal, con un ex ministro concertacionista -hombre cercano a Lagos y que en ese mundo es considerado como el cerebro del tema- su pragmática opinión fue la siguiente: el ajuste lo hará el mercado y varias universidades desaparecerán.
Bueno, han desaparecido varios centros de formación técnica -CFT-, algún instituto profesional y sólo dos o tres universidades. Lo que ocurre aquí es que el mercado no selecciona en los términos tradicionales que son perfectamente válidos para una empresa tradicional. A diferencia de aquellas, las universidades generalmente no son expulsadas del mercado, sino que se segmentan por calidad.
Pero no sólo en nuestro país. Estando en Harvard, un importante ejecutivo de la principal entidad privada acreditadora de universidades en Estados Unidos, me indicó que, de las más de 2.500 instituciones existentes, una buena parte de ellas no pasa los estándares mínimos aceptables de calidad. Pero allí están esas «universidades» ofreciendo sus servicios, apoyadas en una impresionante maquinaria publicitaria.
La familia en el Chile de hoy, para la cual la universidad es uno de sus tres objetivos más preciados -los otros son la casa y el auto- está sometida al más brutal bombardeo de propaganda con relación con un producto que no conoce, cuya oferta está segmentada por calidad y que no sabe evaluar.
Por cierto, esto le otorga al problema un nivel de gravedad alto, porque la posibilidad de frustración de una meta importante es muy alta y el costo directo para las familias, para el país y, principalmente, para el ciudadano afectado, se traducirá, más temprano que tarde, hacia la presión política sobre aquellos mismos que han optado por la ya acostumbrada cínica neutralidad.
Por su lado, las agencias del Estado dedicadas al tema hacen su esfuerzo por trasparentar la actividad, aunque desde la escasez propia de una prioridad gubernamental existente sólo en los discursos y documentos de política; pero sin expresión presupuestaria. Y esa falta de fuerza las torna en unidades administrativas formales, relacionadoras de redes de buena voluntad; pero extraordinariamente débiles, dejándolas inermes ante la presión de los grupos de interés vinculados al «negocio» visible o a las camufladas redes para las consultorías publicas/privadas/privadas/publicas, de siempre.
Evidentemente, la educación universitaria en Chile necesita un ajuste basado en criterios validados internacionalmente, que permita, a lo menos, dos cosas:
a) Que efectivamente puedan ser sacadas de la competencia aquellas instituciones y carreras que no cumplan estándares que aseguren una calidad mínima aceptable.
b) Que la segmentación de instituciones y carreras se haga visible al público mediante instrumentos y mecanismos idóneos y al alcance de todos los ciudadanos.
De esta forma podrían evitarse varias complicaciones, indico dos:
1.- El que a igualdad de certificados de título los poseedores sean extremadamente distintos y algunos de ellos estén por debajo de la valla de calidad; porque defraudarán a muchos receptores de sus servicios.
2.- El que a igualdad de certificados de título el acceso al trabajo mejor remunerado, a la tarea directiva y a los contratos mayores, esté supeditado a las relaciones sociales cultivadas y fomentadas en instituciones que venden esas «relaciones sociales» y no educación superior.
Para tener un Chile que sea mas CHILE para todos, los organismos a cargo deben iniciar un serio y decidido ajuste de la educación superior universitaria.
(*) Vicerrector Académico de la Universidad del Bío-Bío.
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