Hemos asistido en el último tiempo a un amplio debate en torno al Proyecto de Ley sobre Acreditación de las Instituciones de Educación Superior (IES) en el país, actualmente en discusión en el Parlamento. Desde la perspectiva de Instituto Profesional, queremos aportar algunos elementos que, a juicio nuestro, no han sido suficientemente discutidos y que, por lo mismo, no han formado parte de la agenda política.
En primer lugar, resulta incomprensible que se pretenda «asegurar la calidad» de la oferta formativa desde una visión estatal, en circunstancias que quien mejor puede dar cuenta de este fenómeno son los usuarios, la comunidad demandante de profesionales y las propias organizaciones al verificar la marcha y consecución de los objetivos de sus misiones declaradas. Cuando vemos en cada promoción de egresados el producto del trabajo académico y observamos el nivel de contratación de nuestros titulados, no podemos menos que estar claros en que aquello es de calidad.
Si consideramos la eficiencia en la gestión administrativa y financiera de las instituciones de educación superior privadas, especialmente de aquellas que forman parte de este Proyecto de Ley -léase las que gozan de plena autonomía-, también nos situamos en un contexto de calidad.
Finalmente, si con nuestro quehacer diario, hemos sido capaces de dar verdaderas oportunidades de movilidad social a los estudiantes de menores recursos, concentrando en nuestras aulas a la mayor proporción de alumnos que son el primero de sus familias en asistir a la educación superior, sin utilizar financiamiento del estado para ello, no cabe duda que esta situación es de calidad.
Como Instituto Profesional, privado y autónomo, tenemos la certeza de que hemos avanzado con calidad en el logro de nuestras metas, ajustándonos permanentemente a los cambios en la legislación que nos rige y confiando en que nuestras autoridades sabrán evaluar detenidamente la aplicación de las leyes, antes de sugerir nuevas modificaciones.
La Ley de Acreditación, producirá un impacto gravitante en esta industria y da la impresión que ello no ha sido lo suficientemente madurado tanto en términos sociales como políticos y económicos.
En segundo lugar, se intenta asegurar la calidad por Ley del último eslabón de la cadena formativa de la nación, es decir: la educación terciaria, en circunstancias que la calidad de la educación básica y media, si bien ha progresado con la incorporación de la Reforma Educacional, aún dista significativamente de lo deseado. Tanto las mediciones realizadas a través del Simce como de la ex Prueba de Aptitud Académica revelan falencias notables en relación al logro de aprendizajes de nuestros alumnos.
Paradójico resulta, por decir lo menos, que se señale que la acreditación servirá para asegurar la calidad y competitividad de nuestros profesionales en el concierto mundial, si nuestros estudiantes de escuelas y liceos, materia prima para la educación superior, obtienen puntajes que los sitúan en niveles paupérrimos respecto de sus similares de países en vías de desarrollo o de aquellos desarrollados con quienes queremos compararnos.
De acuerdo a esta evidencia, pareciera más lógico continuar redoblando los esfuerzos de calidad con equidad para la educación básica y media, antes de intentar una legislación que restrinja las posibilidades de muchos chilenos que hoy se benefician de una educación terciaria que, entre otros aspectos, es de calidad por su capacidad transformadora real y es equitativa porque no discrimina a priori las competencias de quienes participan de ella. Parece injusto, a estas alturas, pensar que solamente son de calidad las organizaciones que seleccionan rigurosamente a sus postulantes. A nuestro parecer son efectivamente de calidad las instituciones que, reconociendo las debilidades formativas escolares de sus alumnos, establecen mecanismos que facilitan en ellos la aprehensión de los conocimientos que los convertirán en profesionales y los llevarán a la realización en el mundo del trabajo.
Un tercer argumento para la discusión se refiere al rol que ha asumido el Estado en materias educacionales, específicamente a nivel de educación superior. En efecto, vemos con optimismo la labor del Estado en materias económicas, como un gran impulsor que abre puertas a la iniciativa privada, generando tratados de libre comercio o acompañando al empresariado en la apertura de nuevos mercados, entre otros múltiples ejemplos.
Postura que contrasta, por lo arcaica, con la del Estado controlador en términos educacionales, desconfiado de la capacidad de las instituciones, especialmente de las privadas, para desarrollarse y aportar al crecimiento nacional. Las palabras del Ministro de Educación en tal sentido, son bastante elocuentes y no dejan dudas de la necesidad de centralizar el tema más que de asegurar los mecanismos que faciliten su expansión.
Coherentes con lo expresado en los párrafos anteriores, quisiéramos que el Ejecutivo retirara la urgencia al Proyecto de Ley sobre Aseguramiento de la Calidad, con el propósito de lograr un acuerdo más amplio con los actores del sistema, los que no han sido debidamente consultados, en particular el nivel de los Institutos Profesionales, y sí serán directamente involucrados en las consecuencias de aquello que se legisle. Mientras tanto, y para ir progresivamente asegurando la calidad del sistema, coincidimos con un importante grupo de Instituciones en que la primera tarea es desarrollar un sistema de información público, abierto, objetivo y comparativo entre las organizaciones de la educación superior, que facilite la toma de decisiones de los postulantes y sus familias.
De igual modo se debe seguir con el licenciamiento de las Instituciones de Educación Superior a través del Consejo Superior de Educación hasta que éstas alcancen su plena autonomía; autorizar la acreditación de carreras, en forma voluntaria, a través de agencias nacionales o extranjeras; establecer mecanismos de financiamiento para los estudiantes de la educación superior ligados a la demanda y no a la acreditación; revisar la experiencia de los egresados de la enseñanza técnico-profesional y cómo formalizar la continuidad de estudios dentro de los diferentes niveles de la Educación Superior, y -lo más urgente- acelerar el trabajo de aseguramiento de la calidad a nivel de la educación básica y media, para de esta forma, contar con postulantes cultos, con sólidos conocimientos y con una estructura valórica que garantice un paso eficiente por la Educación Superior, situándolos en el nivel de competitividad que las profesiones transfronterizas reclaman en estos momentos.
Magíster en Educación, Rector y miembro del Consejo Directivo del Instituto Profesional de Providencia
