La Contraloría General de la República detectó 3.253 sueldos o remuneraciones pagados en forma indebida en las fiscalizaciones al sector público efectuadas el año 2003, los que totalizan más de 1.200 millones de pesos cancelados irregularmente.
Éstas son cifras oficiales del organismo contralor, entregadas recientemente en su cuenta anual y demuestran que, a pesar de las medidas que se han tomado para frenar el flagelo, la corrupción en el aparato estatal se sigue dando.
Un estudio del Instituto Libertad da cuenta que al sumar los dineros sustraídos por efecto de los casos más significativos de corrupción en Chile, entre 1992 y 2003, llegamos a una cifra alarmante: $ 204 mil millones. En esta abultada cifra, Codelco ha colaborado significativamente, por el fraude al Fisco protagonizado por un operador de futuros y, ahora, nuevamente, al actualizar los montos, descubrimos que la falta de controles en la principal empresa estatal ha significado un costo incierto, entre US$ 25 millones y $ 25 millones. Algo que, ciertamente, nos habla de la falta de rigurosidad con que están siendo custodiados los recursos públicos.
Agrega el estudio que el problema es aún mayor si se considera que la seguidilla de escándalos observados durante los últimos doce años involucran un número importante de servicios públicos, empresas estatales e incluso ministerios, lo que nos lleva a concluir que la corrupción del sector público ha llegado a distorsionar la percepción de confianza interpersonal e institucional, afectando gravemente el capital social chileno. En otras palabras, las manzanas podridas del sector público cimentan una lógica corruptiva capaz de expandirse y de llegar a cuestionar moralmente a toda la elite dirigente del país.
A pesar de lo evidente que es el peligro de caer en el conformismo producido por el lugar obtenido en índices internacionales que nos comparan con Latinoamérica, nuestra reacción ha sido débil; no se ha reconocido el peligro de que este flagelo se convierta en un fenómeno sistémico.
Por un lado, la reacción ante los casos de corrupción ha consistido en eludir responsabilidades políticas y en buscar comparaciones con casos del mundo privado que buscan empatar la situación y esquivar el desprestigio de la burocracia política en ejercicio. Dicho modelo se ha hecho más evidentes durante los últimos años.
Cuando se conoció el caso indemnizaciones, el Presidente sentó un precedente nefasto al decir «el que devuelve la plata se queda». Luego, ante el caso coimas, la reacción consistió en sacar de la administración a funcionarios cercanos a un caudillo político y en mostrar como novedosas algunas iniciativas legales que, en su mayoría, ya se tramitaban en el Congreso. Vino el caso GATE y el Ejecutivo presentó el eslogan del caiga quien caiga, que posteriormente fue sepultado al verse cuestionado el ex ministro Carlos Cruz, quien con el tiempo, terminó siendo aislado.
Los problemas continuaron con el caso Inverlink, donde el presidente del organismo estatal no quería asumir su responsabilidad, pretendiendo centrar el cuestionamiento en su secretaria. Después, ante el caso Inverlink, el Gobierno arriesgó la estabilidad del sistema financiero al plantear que el Estado no perdería dinero (es decir, no pagaría); tampoco reconoció, inicialmente, la evidencia de un robo; y, peor aún, se negó a reconocer la evidente inoperancia de los sistemas de control de Corfo, falta que se observa, también, en todo el aparato burocrático.
Por lo tanto, concluye el informe del Instituto Libertad, el costo de la corrupción en Chile no se reduce a la simple suma de dineros sustraídos ($ 204.000 millones más los 25 millones, no sabemos si de dólares o de pesos). A ello se agrega la interdicción moral de las autoridades de la Concertación, la pérdida de confianza en sectores relevantes del mercado y, finalmente, la percepción ciudadana sobre la ineficacia del sistema de representación, lo que amenaza con restar legitimidad a nuestra democracia.
